El proyecto para prohibir las torturas o mal llamadas “terapias” de conversión recibió un segundo aire en la Asamblea Legislativa este martes 28 de junio, justo en el contexto de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTQAI+.
La pasada Marcha de la Diversidad fue encabezada por una manta en que las organizaciones de personas LGBTQAI+ pedían el fin de este tipo de prácticas, con el slogan “Nada que curar”.
Con 40 votos a favor y 5 en contra (todos de la fracción de Nueva República) se amplió en cuatro años más el plazo para aprobar la iniciativa, cuyo plazo inicial vencía pronto.
Votaron a favor de darle tiempo a la propuesta para ser discutida y aprobada, los cinco legisladores de la fracción proponente que estaban presentes, además de nueve diputados y diputadas del Partido Progreso Social Democrático, seis del Liberal Progresista, catorce de Liberación Nacional y seis de la Unidad Social Cristiana.
La propuesta en 2018 por el exdiputado frenteamplista José María Villalta pretende que se prohíba “amenazar, coaccionar o forzar a una persona a esconder, modificar o negar sus características sexuales, identidad de género, expresión de género u orientación sexual, así como a someterse a tratamientos aversivos de cualquier índole que pretendan convertir, revertir o modificar a modo de pretendida curación sus características sexuales, expresión de género, identidad de género u orientación sexual y que representen una amenaza para su salud, bienestar y libertad individual”.
Shi Alarcón, activista y líder del proyecto Casa Rara (que trabaja especialmente con niñez y adolescencia LGBTI+ celebró que el proyecto se mantenga en discusión y dijo que espera que eventualmente se apruebe.
Las torturas que pretenden convertir las orientaciones y características sexuales u identidades de género, explicó “es una realidad que están enfrentando muchas personas LGBT. Sobre todo adolescentes y personas en edad de infancia se están viendo expuestas a estos procesos de tortura para anular una parte fundamental de su identidad de género o su orientación sexual”, comentó.
Agregó que considera que es necesario velar por el acceso a la salud mental y que los espacios para eso sean seguros. “Que se prohiban las torturas de conversión va a significar que esos espacios a los cuales las personas asisten para sentirse mejor consigo mismas, no vayan a encontrar espacios discriminatorios o espacios que vayan a generar más bien una afectación en su autoestima, en su autoimagen y en la forma en la que se van desarrollando”.
Sobre estas prácticas Alarcón indicó que en su organización han recibido personas que vienen de estos procesos, donde personas del área de psicología o psiquiatría y hasta médicos someten a personas a exámenes que no son necesarios para delimitar la orientación sexual o la identidad de género, así como personas que “son sometidas a procesos de tortura para tratar de cambiar la orientación sexual o la identidad de género”.
“Al menos cuatro veces al mes recibimos a alguien que ha sido amenazado con ser llevado a uno de estos procesos de tortura o que ha tenido alguna experiencia con este tipo de prácticas”, dijo.
También consideró que debe ampliarse el espectro de la prohibición pues en su experiencia las torturas de conversión las están realizando personas que no son personal de salud, sino líderes comunitarios o personas vinculadas a iglesias, guías espirituales “que están sometiendo a las personas a diferentes procesos de tortura con tal de asegurar la heterosexualidad o la heteronormatividad de una persona”.
“En ocasiones la gente cree que estamos exagerando, pero la realidad es que la mayoría de las personas, por no decir todas las personas LGBTI+, conocemos al menos a una o dos personas a nuestro alrededor que su familia ha decidido llevarlas a estos procesos”, concluyó.
Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio, dijo que en la fracción está “muy contentos porque justamente hoy, Día del Orgullo, logramos que el plenario aprobara una moción para ampliar el plazo cuatrienal, es decir, para darle cuatro años más de vida al proyecto de ley que pretende prohibir las mal llamadas terapias de conversión sexual, estas formas de tortura donde se pretende que una persona cambie su orientación sexual, entre otras cosas, como si esto fuera una enfermedad”.
El legislador agregó que el proyecto de ley ha tenido un camino legislativo positivo con informes afirmativos y dijo estar convencido que “más temprano que tarde vamos a poder aprobar este proyecto de ley y que se ponga fin a estas terapias, que se prohíban y se sancionen, porque se está hablando de una forma de tortura moderna donde se destruye a la persona o se destruye a las familias y que tiene secuelas psicológicas en las personas.”
“La tendencia mundial es prohibir estas prácticas y hacia allá vamos”, dijo con seguridad Ortega.
NOTA: Si usted tiene menos de 25 años y está siendo víctima de prácticas como las mencionadas en esta nota, no dude en contactar a Casa Rara al teléfono 8460-4829, el correo [email protected] o a través del sitio web casarara.org.
