País

Proyecto para prohibir fumigación aérea en radio de 1 kilómetro de centros de población enfrenta oposición

Propone prohibir la fumigación aérea a menos de 1.000 metros de centros de salud, centros de deporte y recreación, cuerpos de agua permanentes y fuentes de abastecimiento de agua potable.

En la Asamblea Legislativa avanza una iniciativa presentada por la fracción del Frente Amplio para prohibir la fumigación aérea en un radio de 1 kilómetro alrededor de centros de población, escuelas, Ebáis y fuentes de abastecimiento de agua potable, al cual se opone una entidad llamada Alianza para la Sostenibilidad Agrícola (ASA).

El proyecto de “Ley para regular la fumigación aérea” (Expediente 23.697) prohíbe la fumigación aérea por medio de avionetas en el área que comprende un radio de 1.000 metros medidos de modo horizontal de centros de población, centros educativos, centros de salud, Ebáis, clínicas, hospitales, centros de deporte y recreación, iglesias o centros de oración, cuerpos de agua permanentes, fuentes de abastecimiento de agua potable, infraestructura de almacenamiento como tanques o para potabilización y zonas estratégicas de protección para el abastecimiento poblacional, definidas por Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

El texto también autoriza el uso de drones de precisión para fumigación agrícola; sin embargo, no podrán ser utilizados a más de cinco metros de altura y dentro del área que comprende un radio 100 metros medidos de modo horizontal de los lugares citados en el párrafo anterior.

Además, establece que toda persona física o jurídica que use aeronaves destinadas a la aviación agrícola responderá por los daños que cause a las personas o bienes de terceros en la superficie, de conformidad a lo establecido en el Código Civil.

En el caso de que se causen daños o perjuicios por fumigación en los sitios prohibidos, las víctimas tendrán derecho a exigir, solidariamente, al propietario de la aeronave causante, la prestación inmediata de los servicios médicos.

Industria agroquímica se opone

A esta propuesta se opone una entidad llamada Alianza para la Sostenibilidad Agrícola (ASA), que dice agrupar a cámaras de la industria agroquímica y organizaciones de productores agrícolas y que denunció que no se les consultó el proyecto ni se les convocó a audiencia.

Según la ASA, el proyecto amenaza la estabilidad de la producción bananera, caña de azúcar, arroz y cítricos y “carece de estudios técnicos y científicos, en lo referente la definición del radio de aplicación”.

La agrupación afirma que un área de 1 km de radio equivale a 314 hectáreas de cultivo. Jorge Cartín, director de la ASA, dijo que “para dimensionar el impacto en la actividad bananera, imaginemos lo siguiente: Si tomamos la Asamblea Legislativa como punto central, suponiendo que es un centro de población, ese kilómetro abarcaría aproximadamente un perímetro desde el edificio del Banco Central de Costa Rica hasta el edificio Urban en Escalante. En esa aérea no se podría fumigar por vía aérea, lo que obligaría a las fincas a recurrir a otras técnicas de fumigación, las cuales no serían rentables y podrían llevarlas a la quiebra, generando un fuerte impacto socioeconómico, no solo en la provincia, sino en todo el país”.

El diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, principal proponente del proyecto, declaró que el sustento técnico del texto parte de cómo se ha regulado esta materia en otros países como en Argentina y en otros donde la fumigación aérea no se permite incluso a más de 1.000 metros de distancia.

El proyecto se discute en la Comisión de Ambiente, donde se votó un texto sustitutivo; pero se enfrenta la oposición de algunos diputados que comparten la posición de la ASA. Robles mencionó que están en disposición de reducir la distancia, siempre que quede bien establecido en una ley.

Por su parte, la legisladora independiente Kattia Cambronero reiteró que en cuanto a fumigación aérea se requiere legislación, más que decretos ejecutivos. No obstante, Cambronero aclaró que “es fundamental que se puedan considerar los criterios de los sectores productivos asociados a estas actividades, para no solo tener una legislación adecuada en términos de la protección de los costarricenses, sino que se pueda cumplir”.



 

Suscríbase al boletín

Ir al contenido