El proyecto de ley para regular las comisiones que cobran los bancos por el uso de datáfonos a los comercios —y que estos luego trasladan a sus consumidores como parte de sus costos de producción— tendría el apoyo mayoritario del Congreso. Sin embargo, todavía no camina dentro de la corriente legislativa.
La iniciativa se tramita bajo el expediente 21.177 y propone que estas comisiones sean determinadas por el Banco Central y el Ministerio de Economía, a través de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom); a diferencia del proceso actual, cuya definición depende de los mismos bancos que ofertan el servicio electrónico.
El debate: ¿Qué comisiones cobran los bancos por el uso de datáfonos y por qué quieren regularlas?
La iniciativa se mantiene estancada incluso a pesar de que varios jefes de fracción han manifestado su apoyo a la iniciativa en las últimas semanas, y de que el tema incluso fue plasmado como una prioridad, dentro del acuerdo firmado por los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC) y Restauración Nacional (PRN) para comandar el Congreso.
Solo entre esas tres fracciones, el proyecto tendría el respaldo de 34 congresistas, apenas cuatro menos de los necesarios para su aprobación. Además, la iniciativa fue presentada con la firmas de varios otros legisladores, incluidas las principales voces del bloque independiente Nueva República, toda la fracción del Partido Integración Nacional (PIN), la jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Inés Solís, y la mayoría de los legisladores de los partidos minoritarios.
Este supuesto consenso incluso estuvo a punto de permitir la aprobación de una dispensa de trámites para la iniciativa: un procedimiento que habría permitido dar una tramitación casi fugaz para la aprobación del proyecto. No obstante, esta opción se cerró y ni siquiera se llegó a votar en el Plenario legislativo, ante la existencia de algunas dudas sobre aspectos de forma en un sector del Congreso.
Así lo señaló, a nombre de su fracción, por ejemplo, la diputada y jefa de fracción liberacionista, Silvia Hernández; quien reiteró que en su bancada “están a favor” de la iniciativa, pero “entendiendo que el mismo tiene una serie de aspectos técnicos que eventualmente podría hacer necesario que se vea en comisión”.
Algo similar manifestó el jefe del PRN, Eduardo Cruickshank, quien agregó que “incluso cuando los proyectos se presentan con las mejores intenciones, nadie es perfecto y pueden mejorarse en el camino”.
El el caso de la tercera bancada más importante del Congreso (la del PUSC), la jefa socialcristiana asguró que en su fracción aún no han tomado una postura oficial; sin embargo, sí dijo en su nombre que apoya el proyecto porque los cobros actuales parecen “excesivos” y “salidos de cualquier lógica” en relación con los que se hacen en otras latitudes del mundo.
Según los registros de la Asamblea, el texto fue asignado desde el 7 de marzo pasado a la Comisión de Asuntos Económicos; sin embargo, allí mantiene un bajo perfil y ni siquiera se ha empezado a discutir.
En términos generales, lo que pretende el texto es una fijación técnica de los márgenes de ganancia para los bancos por el uso de los sistemas electrónicos de datáfonos, que en Costa Rica rondan un 5% pero que en otros países de Latinoamérica (como México, Argentina y Colombia) oscilan entre 1,4% y el 2,3% para tarjetas de crédito y entre el 0,3% y el 1% para las tarjetas de débito, según reportan la Cámara de Comercio y el Banco Central.
Las posiciones
Este proyecto cuenta con el visto bueno de entidades como la Cámara de Comercio; conglomerado que reclama la existencia de acuerdos interbancarios que no están siendo tutelados por ninguna autoridad pertinente. Además, ellos alegan que las condiciones comerciales actuales son muy distintas a las de varias décadas atrás; sin embargo, los bancos mantienen comisiones similares, a pesar de la evolución de las tecnologías requeridas para ofrecer sus servicios y del crecimiento que ha tenido el mercado nacional.
El texto fue propuesto por el oficialista Welmer Ramos, exministro de Economía, quien sostiene que la idea es poner sobre la mesa una posible disminución de las comisiones, cuyo costo es muy alto para los comercios y finalmente terminan trasladándolo a los consumidores a través de los precios. Así lo manifestó el legislador en febrero pasado, cuando subrayó que estas son parte de las condiciones que hacen más caro al país y que evitan la digitalización de sus transacciones por los costos que conllevan.
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC), por su parte (entidad que reúne a las principales financieras del país), dijo a la prensa que estaban anuentes a modernizar los sistemas de elaboración de las tasas; sin embargo, evitó referirse a la posible existencia de acuerdos actuales para la fijación de los porcentajes, como denuncian comerciantes y autoridades estatales.
Además de este proyecto, diputados como el frenteamplisa José María Villalta sostienen que ya el Banco Central podría estar regulando la materia, algo que esa institución no ha hecho, pues alega falta de competencias legales. Por este motivo, Villalta tramita un proceso legal contra el BCCR, cuyo curso ya inició el 19 de mayo pasado.
