Utilizar los parámetros científicos que determinan el nivel de seguridad alimentaria como criterios para constatar el cumplimiento del derecho humano a la alimentación es el objetivo que persigue un proyecto que se encuentra bajo estudio en la Asamblea Legislativa.
Se trata del proyecto Ley Marco del Derecho Humano a la Alimentación y de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, que se tramita con el número 20.076 y es estudiado en la Comisión de Asuntos Agropecuarios.
Javier Cambronero, diputado miembro de esa Comisión y jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), destacó que cuando fue presentado en agosto del año pasado, el proyecto contó con apoyo de 41 diputados, “rara vez un proyecto entra con tanto apoyo, incluidos tres actuales candidatos a la Presidencia”.
El legislador acotó que la iniciativa de ley fue construida con aportes de sectores productivos, pequeños y medianos productores, la academia y los despachos legislativos más involucrados.
Cambronero enfatizó que el proyecto responde a las necesidades implicadas por la realidad del cambio climático. Al respecto recordó que la crisis alimentaria mundial de los años 2008 y 2009 “dejó la lección de que los estados nacionales no pueden quedar impávidos ante el tema, sobre todo en el contexto de cambio climático tan raudo en un país tropical como Costa Rica”.
Para el diputado a esa realidad se suma la “amenaza” en el corto y mediano plazo de la importación de granos básicos “producto de la aplicación a rajatabla de tratados de libre comercio”, los cuales calificó como “amenaza para la producción nacional”, pues “se hace una rápida desaparición de la agricultura familiar”.
Recordó al respecto que esos tratados han establecido una hoja de ruta crítica, “en el 2022 tendríamos una desgravación arancelaria para lácteos, cárnicos y productos básicos de la dieta costarricense como los granos básicos”.
El proyecto de ley define conceptos como la seguridad y la inseguridad alimentaria, introduce el de la agroecología y en lugar de crear instituciones, más bien organiza el trabajo colectivo de todo el aparataje institucional pertinente, por ejemplo a través de la creación del Sistema Costarricense de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, entre cuyos objetivos figura facilitar la planificación estatal y la evaluación de las acciones financiadas con fondos públicos.
Además, crea un Comité Ciudadano de Control, que puede participar en la elaboración de políticas públicas y en cuya conformación participan, entre otras, organizaciones de consumidores, de indígenas, organizaciones no gubernamentales, centros agrícolas y el sector agroindustrial. Este es uno de los puntos que la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) criticó de manera puntual ante la Comisión de Agropecuarios.
Otra instancia nueva es el Observatorio Costarricense de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, el cual funcionará como un sistema integrado de información e indicadores de vigilancia que permitan garantizar el abastecimiento de alimentos.
Incluye además todo un capítulo dedicado a la protección y apoyo a la agricultura familiar.
Otro de los aspectos más criticados por los detractores del proyecto es la creación de consejos cantonales de seguridad alimentaria, pues incluyen representación de personas de la sociedad civil, algo que molesta tanto a la Uccaep como a la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (Upanacional).
DERECHO TANGIBLE
Una instancia que fue protagonista del proceso de construcción del proyecto de ley fue la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UCR (Cisan-UCR), la cual agrupa a especialistas en derecho, nutrición y ciencias agroalimentarias y que es coordinada por la profesora de la Escuela de Nutrición Dra. Marcela Dumani Echandi.
La académica explicó que se requiere una ley marco sobre el tema porque el derecho humano a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional “tiene complejidad y debe ser visto como resultado de la conjunción de una serie de derechos funcionando”.
Subrayó que el país cuenta con cantidad de leyes y programas que tienen que ver con el tema, pero que el público los desconoce y además “no tiene mecanismos claros para exigir el cumplimiento de ese derecho”.
Otro integrante del Cisan-UCR, Hugo Muñoz, profesor de la Facultad de Derecho y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, explicó que “el corazón del proyecto es darle un carácter tangible al derecho humano a la alimentación”, a partir de la propuesta concreta de que para hacer ese derecho “tangible” se apareja la noción jurídica de derecho humano a la alimentación, al concepto técnico y gerencial de seguridad alimentaria y nutricional.
Es decir, el proyecto de ley busca que los indicadores ya establecidos en literatura especializada de seguridad alimentaria, sean también de cumplimiento del derecho humano a la alimentación.
Dumani destacó el componente de la participación ciudadana como el que “viene a cerrar con broche de oro la posibilidad de un derecho cumplido; la participación de los ciudadanos lo que viene a hacer es un control de esos cumplimientos, es lo que nos falta”.
Subrayó que la seguridad alimentaria y nutricional y el derecho a la alimentación “no es una cuestión de unos sectores, todos comemos”.
“ROL INTERVENCIONISTA DEL ESTADO”
En el noticiero del Canal 13, del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), Guido Vargas, presidente de Upanacional, criticó el proyecto porque, según un texto que leyó, “propone un elenco normativo encaminado a intervenir la actividad productiva a través de las municipalidades y los consejos cantonales”. Adujo que por ello “el proyecto no propone fortalecimiento de la agricultura”.
A través de un comunicado, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado (Uccaep) criticó fuertemente el proyecto y pidió que sea archivado, entre otras razones porque otorga “un rol intervencionista al Estado, a las municipalidades y grupos de personas que no cuentan con el conocimiento técnico ni científico, para evaluar la calidad de los alimentos que deben consumirse en el país, lo cual irrespeta a todas luces las libertades individuales”.
Este Semanario buscó profundizar al respecto. La empresa ICC Asesores, que maneja las relaciones públicas de la Uccaep y que fue remitente del comunicado, indicó en un primer momento que el director ejecutivo de la organización, Fabio Masís, concedería una entrevista a UNIVERSIDAD.
Al cierre de edición se solicitó que se le enviaran las preguntas por escrito y, después de recibirlas, la misma empresa remitió bajo instrucciones de Masís un documento que la Uccaep presentó a la Asamblea Legislativa. Luego de que se insistió en preguntar si entonces no se contestarían las preguntas enviadas, se replicó que “esa es la respuesta de Uccaep sobre el tema”.
Ese documento critica algunos de los conceptos definidos en el proyecto de ley, como el de soberanía alimentaria que “ha sido desarrollada por países como Venezuela”.
Las preguntas que desde la Uccaep se tomó la decisión de no contestar son las siguientes:
1. Llama la atención que la posición de Uccaep es de rechazo total del proyecto y exige que sea archivado, en vez de señalar aspectos puntuales para ser cambiados. ¿Implica esto que se desconoce el acceso a la alimentación como un derecho humano, así como la necesidad de que legalmente se reconozcan riesgos a la seguridad alimentaria?
2. Si el tema de la alimentación constituye un derecho humano, ¿por qué se opone Uccaep al funcionamiento de espacios de consultas y propuestas en los que participaría la ciudadanía? ¿Debe el tema de la producción alimentaria ser manejado exclusivamente por élites empresariales o burocráticas?
3. Ante la realidad del vertiginoso cambio climático y la eventual desgravación total a la entada de ciertos productos alimenticios en el marco del TLC con Estados Unidos, ¿qué medidas propone Uccaep para apuntalar la existencia y fortalecer el trabajo de las unidades agrícolas familiares?
4. Puntualmente, ¿qué medidas del proyecto de ley implican el otorgamiento de “un rol intervencionista al Estado, a las municipalidades y grupos de personas que no cuentan con el conocimiento técnico ni científico (…)”?
