Shirley (nombre ficticio) lleva ya cuatro años esperando que se haga justicia pues, según denunció, su exnovio la llevó obligada a una vivienda donde la ató y abusó sexualmente de ella. Sin embargo, ese debate está fijado para marzo del 2018.
Ella es una de las víctimas de la lentitud de los procesos judiciales en Costa Rica, los cuales, en promedio, tardan dos años y ocho meses para que se dé una primera resolución, es decir, sin contar el tiempo de apelaciones.
Debido a estos retrasos judiciales, la mañana de este martes, el diputado Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana, presentó un proyecto de ley que pretende reformar el Código Procesal Penal y fijar un plazo máximo de 11 meses a los procesos, es decir, desde el primer acto de investigación hasta que se dicte resolución, con excepción de los casos de tramitación compleja, como el crimen organizado, en los cuales se podrían extender los tiempos.
Redondo presentó el plan en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, junto con el magistrado presidente de la Sala Tercera, Carlos Chinchilla; el magistrado de esa misma Sala, Celso Gamboa; el fiscal general de la República, Jorge Chavarría y el experto en Derecho Penal, Alexánder Rodríguez.
Para lograr esa reducción de tiempos, el plan propone que se fijen plazos perentorios en cada una de las etapas del proceso. Por ejemplo, la etapa preparatorio o de investigación, en la cual las Policías recogen las pruebas bajo la dirección funcional del Ministerio Público, se podría tardar seis meses y, en expedientes de tramitación compleja hasta un año. En ambos casos, se podría duplicar los tiempos bajo justificación.
Posteriormente, la etapa intermedia, en la cual se realiza una audiencia preliminar para que, con base en las pruebas y la acusación de la Fiscalía, se decida si se eleva el caso a juicio, solo podría durar un mes.
Y finalmente, la etapa de juicio tardaría solo dos meses, con excepción de los casos complejos en los que se puede ampliar el plazo a un año. El trámite del recurso de apelación también debería tardar solo dos meses.
El proyecto además establece responsabilidades disciplinarias para los funcionarios que incurren en retrasos injustificados.
Bien recibido
Tanto Chinchilla, como Gamboa y Chavarría aplaudieron la iniciativa de ley, pues coincidieron en que los tiempos actuales de estos procesos generan impunidad.
El presidente de la Sala Tercera incluso abogó porque se elimine la etapa intermedia.
“El juez penal nunca se empoderó en su cargo, nunca hizo lo que el Código le dice que puede hacer y nunca logró entender su función. Hoy en día, llegar a audiencia preliminar tarda entre dos y tres años, para que las partes expongan, el Ministerio Público presente su acusación, la defensa si quiere habla o no, y para oír de la prueba. Y el juez penal lo junta todo en un paquete, ni siquiera califica la prueba y la pasa”, cuestionó.
“Ya era momento de que nos sentáramos a hablar con franqueza, cumplir con el mandado de justicia pronta y cumplida en este país es imposible”, señaló por su parte el fiscal general.
Chavarría además abogó porque los razonamientos de fiscales y jueces al pedir y aceptar desestimaciones estén a disposición del público.