El proyecto de ley denominado “Luchando por la justicia del Sistema de Pensiones del Sector Público” afecta no sólo organización y funcionamiento, sino la autonomnía e independencia del Poder Judicial.
Así lo consideró este lunes la Corte Plena, al conocer y aprobar un informe del magistrado Luis Profirio Sánchez sobre el proyecto de ley tramitado bajo el expediente legislativo N°24.786.
Sánchez en primera instancia llamó la atención a que el objeto del proyecto de ley es modificar tope al monto de las jubilaciones, “a las futuras y a las que están en curso de pago”, por lo que planteó que varias personas presentes se debían inhibir de conocerlo.
Ocho fueron las magistraturas que debieron inhibirse, entre ellas el presidente de la Corte Orlando Aguirre y la presidenta de la Sala de Casación Penal (Sala III), Patricia Solano.
El proyecto de ley expone que su objetivo es “establecer un límite al monto de pensión, general y no discriminatorio, que será igual al tope sin postergación que fije la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social para el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”.
En su artículo 3, propone un límite al monto de pensión “para los regímenes de pensiones y jubilaciones especiales, el cual se homologará según el tope sin postergación fijado periódicamente por la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social para jubilaciones o pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, que actualmente asciende al monto de un millón setecientos sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta y nueve colones (CRC 1,765,859.00), según lo dispuesto en el artículo 8 de la presente ley”.
Cuando finalmente se pudo ver el informe de Sánchez, ese Magistrado explicó que la propuesta busca reformar artículo 225 de Ley Orgánica del Poder Judicial, que determina parámetros para la fijación de las pensiones.
Con ello “se estaría violentando la autonomía e independencia del Poder Judicial” pues esas valoraciones quedarían para ser hechas “por un órgano ajeno a este Poder de la República: la CCSS”, afirmó.
Sánchez además observó que la propuesta chavista “parte de premisas infundadas, desconoce reformas legales previas y la naturaleza contributiva del régimen que cuenta con un fondo debidamente conformado”.
Al mismo tiempo, destacó que el proyecto se sustenta en un informe actuarial que consigna “presuntas desigualdades” existentes en los diferentes regímenes de pensiones y además asegura que el del Poder Judical “tiene su horizonte en 2044 y puede ser que se agote en 2055”, además dice que es “insostenible” a largo plazo, como justificación del proyecto de ley.
Al respecto, Sánchez reiteró que la propuesta “desconcoe una serie de reformas” que ya se han hecho a las pensiones del Poder Judicial, así como el último estudio actuarial, de diciembre del año pasado, que más bien plantea un horizonte para 2091.
“Las pensiones en el Poder Judicial están debidamente limitadas”, incluso el promedio es poco más de dos millones, según indicó.
Dijo entonces que el informe en el que se sustenta el proyecto de ley “no es real”, que el Fondo de Pensiones del Poder Judicial fue creado “bajo el principio de garantía de independencia judicial”, por eso “venir en este momento a que el Fondo de Pensiones tenga que regularse por lo establecido en la Junta Directiva de la CCSS podría transgredir sin duda alguna el principio de independencia judicial”.
Afirmó además que el tope propuesto “amenaza la autonomía organizativa y funcional del Poder Judicial”. “Esto no significa que en el Poder Judicial se tengan privilegios, sino que es fundamental entender que la cotización que se da en el Poder Judicial es muy por encima dela que se tiene en la CCSS”, donde se cotiza con un 4,17%, mientras que en el Poder Judicial se cotiza el 13% del salario.
“Definitivamente atenta contra el funcionamiento del Poder Judicial”, insistió
Posteriormente la magistrada Roxana Chacón intervino y dijo estar de acuerdo con la posición de Sánchez, porque el proyecto tiene “algunas anomalías” y criticó de manera particular un aspecto ya señalado por Sánchez, que impone tope de pensión según la CCSS, pero deja la misma cotización superior a las personas trabajadoras del Poder Judicial.
“Desde su concepción el proyecto de ley estaría mal, porque no puede ser que se establezca un tope igualitario a las pensiones de la CCSS con una cotización diferente”.
La Corte Plena acogió el informe de Sánchez en votación de 14 contra uno.
Tras anuncio del presidente, Poder Judicial asegura que sus jubilaciones y pensiones están reguladas para garantizar equilibrio y sostenibilidad
El pasado miércoles, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció un nuevo proyecto de ley que busca ponerle tope a las pensiones de lujo. Asimismo, reveló los millonarios montos que reciben mensualmente algunos de estos jubilados, incluidos extrabajadores del Poder Judicial.
Proyecto del Gobierno afecta pensiones intermedias y deja sin tope a pensiones mayores a ₡4 millones
De acuerdo con un análisis del economista Francisco Esquivel, la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo contiene una limitante de no dejar la pensión en menos del 40% del último salario cotizado, lo que hará que fácilmente muchas pensiones se salten el pretendido tope de ₡1,7 millones.
