La Sala Constitucional informó este jueves que “se encuentra en estudio de admisibilidad” una “Consulta Legislativa Facultativa de Constitucionalidad sobre el proyecto del N° 20.861”, el expediente conocido popularmente como el proyecto de usura.
El comunicado de la Sala asegura que el documento ingresó “El miércoles 29 de abril a las 8:21 p.m.”.
El proyecto de usura tenía consignado su segundo debate para la mañana de este jueves, ahora, el trámite de la consulta facultativa le otorga un plazo de 30 días a los magistrados de la Sala para que entreguen su criterio al directorio legislativo. Ese plazo comenzará a regir una vez que la consulta sea admitida y los magistrados cuenten con todos los insumos necesarios para desarrollar su opinión consultiva.
El documento lleva las firmas de los diputados independientes Erick Rodríguez Steller e Ivonne Acuña; los socialcristianos María Inés Solís, Pedro Muñoz y Erwen Masís; la fracción del Republicano Social Cristiano, Otto Roberto Vargas y Dragos Dolanescu; la fracción del Partido Integración Nacional, Wálter Muñoz y Patricia Villegas. Así como también dos firmas del bloque independiente Nueva República, Jonathan Prendas e Ignacio Alpízar.
El contenido de la consulta es el mismo de un documento que UNIVERSIDAD recibió de varias fuentes legislativas y que fue consultado con el diputado Rodríguez Steller durante una entrevista.
El miércoles, la diputada Patricia Villegas dijo a este semanario que ella iba a retirar su firma del documento. No obstante, sin dicha firma, la consulta podría continuar su trámite porque están anotados otros diez legisladores.
La consulta facultativa necesita un mínimo de diez diputados para ingresar a Sala Constitucional. Es un proceso que asegura que el texto en discusión cumple con el derecho constitucional.
El documento presentado a la Sala Constitucional lleva adjuntos los criterios que presentó la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) a la Comisión de Hacendarios durante el trámite del proyecto. También lleva una carta del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), la cual está dirigida a la diputada Ivonne Acuña; una carta de la defensora de los Habitantes Catalina Crespo, que está dirigida a la Asamblea Legislativa; una carta del presidente del Banco Central, remitida al diputado Wagner Jiménez; y una última carta del superintendente de Sugef, Bernardo Alfaro, que envió al diputado Carlos Avendaño.
Para el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Welmer Ramos, proponente del proyecto junto con el liberacionista David Gourzong, esta consulta intenta “hacer tiempo en estos momentos de pandemia, cuando la gente está urgida de crédito, por un asunto de ambición” de los acreedores.
“Porque van a poder tomar a la gente por necesidad, a tasas de interés desproporcionadamente altas, que no tienen nada que ver con costo de dinero ni el riesgo (de prestar). Sino únicamente con la ambición de hacer dividendos, aprovechándose de una situación de crisis de la sociedad y eso no se vale”, aseguró Ramos antes de la sesión de plenario, convocada para las 10 a. m.
Ramos asegura que la usura crediticia es un tema de “especulación en contra del pueblo, aprovechándose de la necesidad”.
“Cuando las economías del mundo han llevado las tasas de interés prácticamente a cero para las empresas y personas, en Costa Rica vamos al revés”, añadió el diputado oficialista.
El riesgo, según el diputado, es que los bancos pongan en riesgo los “activos” de las personas deudoras: “la casa, el automóvil, la empresa”.
“No es que la gente no pueda pagar, es que la deuda tiene un crecimiento exponencial, eso hace que después ningún ingreso dé para pagar las cuotas”, afirmó Ramos.
El proyecto de usura dota de contenido al artículo 243 del Código Penal que tipifica la usura como delito.
No obstante, sin referencias porcentuales de qué intereses califican como usurarios, es imposible aplicar dicho artículo en casos penales.
Según el plan contra la usura que estudia el congreso, las referencias para el delito de usura tendrían un tope general del 39% (para todos los créditos, incluyendo tarjetas) y de 54% para los microcréditos (menores a ¢675.300).
Lea la nota del lunes: Proyecto de usura supera prueba de fuego del primer debate con 50 diputados a favor
