País Votos negativos PAC, PUSC, PIN y Frente Amplio

Proyecto de ‘rentistas pensionados’ pasó primer debate pese a críticas sobre su posible uso para narcotráfico

Proponente María Inés Solís se enfrentó a oficialista Paola Vega porque esta última sostiene que faltaron criterios de instituciones oficiales, y que se usó el proyecto para obtener votos para Empleo Público

El proyecto de exoneraciones e incentivos para rentistas pensionados fue aprobado en primer debate, acuerpado por 35 votos afirmativos y, apenas, 10 votos en contra. En este último grupo aparecen la socialcristiana Shirley Díaz; los oficialistas Welmer Ramos, Carolina Hidalgo, Enrique Sánchez, Luis Ramón Carranza y Paola Vega; los minoritarios del Partido Integración Nacional (PIN) Wálter Muñoz y Patricia Villegas; asimismo, José María Villalta del Frente Amplio.

Villalta fue el primer diputado en referirse a los problemas anteriormente señalados al proyecto de Ley para la atracción de inversionistas, rentistas y pensionados (expediente 22.156).

“Es un absoluto cheque en blanco, porque a estos supuestos rentistas o inversionistas a los que se les va a dar todas las exoneraciones que hemos mencionado en este proyecto de ley, no se les exige ninguna obligación, no se les exige ningún compromiso, ni ambiental, ni social, ni siquiera querían que pagaran a la Caja, no se les exige nada”, afirmó el frenteamplista.

Villalta también acotó que “ni siquiera quisieron atender las preocupaciones del Instituto Costarricense de Drogas sobre los riesgos del lavado de dinero, sobre los riesgos de que más bien se esté favoreciendo al crimen organizado”.

El proyecto define a los beneficiarios como “personas a quienes se le autorice el ingreso a nuestro país bajo las categorías migratorias de inversionistas, residentes pensionados o de residentes rentistas”. A estas personas, se les exonera “la importación del menaje de su casa” de la “Franquicia arancelaria y de todos los impuestos de importación”. Pero esta categoría también establece que en ciertas situaciones “donde se produzca la destrucción o pérdida por robo de los artículos del menaje de la casa; la persona beneficiaria podrá adquirir otros bienes para su sustitución, igualmente exentos de impuestos”.

Las mismas personas pueden importar “hasta dos vehículos de transporte terrestre, aéreos y/o marítimo, para uso personal o familiar, libre de todos los impuestos de importación, arancelarios y de valor agregado”.

Sobre los ingresos que tengan estas personas, solamente las “rentas obtenidas en el territorio nacional” pagarán impuesto sobre la renta.

Para el ejercicio “profesional o científico”, las personas podrán importar “instrumentos o materiales” sin pagar impuestos de importación.
En marzo, UNIVERSIDAD publicó que el proyecto tenía un criterio del Ministerio de Hacienda que advertía que el plan  podría ser aprovechado “para prácticas fiscales elusivas y evasivas”.

Enfrentamiento entre Solís y Vega por Empleo Público y lavado de dinero

La diputada Paola Vega del Partido Acción Ciudadana (PAC) advirtió que un oficio del Instituto Costarricense de Drogas (ICD) advirtió que no prohíbe el traslado de dinero en efectivo, “siendo éste un mecanismo por excelencia para el lavado de dinero y que no tendría la trazabilidad de su origen”.

Una de las proponentes del expediente, la socialcristiana María Inés Solís, acusó a Vega de haber sido la única de recibir el oficio del ICD y que “ nunca siquiera llegó a la comisión dictaminadora, ni tampoco al Plenario, donde dice que se debe de observar que los proyectos, para no convertirse en un paraíso del ingreso de capital delictivo”.

“Vea, diputada Solís, tenga un poquito de vergüenza; o sea, si las respuestas del Instituto Costarricense sobre las Drogas solo me llegaron a mí es porque esta fue la única diputada que hizo la tarea que no hizo la Comisión de Hacendarios, que tuvo la desfachatez de pasar el proyecto al Plenario sin criterios ni siquiera del Ministerio de Hacienda”, le respondió Vega a la socialcristiana.

También dirigido a Solís, quien forma parte de la Comisión que dictaminó el proyecto de ley, la oficialista acusó que “Si yo no pido el criterio del Ministerio de Hacienda este proyecto se vota sin un criterio, y todo por qué, porque tenían que tener los contentos para poder tener los votos de empleo público”.

“Yo sé que para el PUSC el tema del narco es un tema de todos los días, y un tema que les resbala, pero por lo menos a mí sí me interesa lo que tenga que decir el Instituto Costarricense sobre las Drogas por el narcotráfico, porque por lo menos yo sí estoy preocupada por la afiliación de personas como las de su partido con el narcotráfico en la política”, le dijo Vega a Solís.

Este último señalamiento se relaciona a que el diputado Óscar Cascante, del PUSC, fue recientemente señalado por múltiples visitas de tres personas investigadas por la Fiscalía en un caso de narcotráfico.

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