Proyecto de reformar pensión complementaria abre un pulso de generaciones

El jefe de los diputados de Restauración Nacional puja por un proyecto que podría arruinar el objetivo de garantizar una pensión complementaria. La justificación ha calado entre otros diputados y provoca alertas.

Echarle mano a un dinero extra al momento de la jubilación para gastarlo como se quiera o dejar que se cumplan los propósitos de la Ley de Protección al Trabajador de garantizar una pensión complementaria, que aumentaría hasta 25% el monto mensual para la tercera edad, es el punto medular de la discusión que avanza en la Asamblea Legislativa. Ni oficialistas, ni la Superintendencia de Pensiones, ni la oposición expresa de unos pocos diputados han logrado disuadir a los proponentes de la reforma legal a dos artículos de esa Ley.

El jefe de fracción de Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank, está decidido a lograr el apoyo suficiente de sus compañeros para permitir que el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) se convierta, de hecho, en un ahorro obligatorio sin utilidad de pensión, algo parecido a la actual cesantía o lo que ya ocurre con el Fondo de Capitalización Laboral (FCL).

El proyecto de ley 21.309 se estudia en la Comisión de Asuntos Hacendarios y tiene un apoyo considerable de otros legisladores. “En este momento quedaría 6-5 o 7-4 a favor de la reforma”, dijo el liberacionista Wágner Jiménez, opositor de ese proyecto. Aunque ve posibilidades de que la Caja del Seguro Social (CCSS) y el Banco Central aporten formalmente criterios adicionales a los que ya abundó la Superintendencia de Pensiones (Supen) y hagan que otros legisladores se lo piensen dos veces.

Los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) funcionan como complemento de la pensión principal de los trabajadores, según la ley, aunque ese sistema aún no está maduro. (Foto: Katya Alvarado)

La CCSS ya emitió un comunicado en contra, una posición similar a la que ha que defiende el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, quien era el titular de Trabajo cuando se decretó la Ley de Protección al Trabajador, en el año 2000, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez.

La marea legislativa tiene colocado al proyecto cerca del dictamen favorable en días próximos y después pasaría a plenario, de la mano de argumentos que se resumen en que “ese dinero es de los trabajadores y tienen derecho a llevárselo completo al momento de pensionarse”.

Los jubilados sabrán si quieren invertirlo, repartirlo o incluso gastarlo “en confites”, como dijo Cruickshank en una de sus múltiples intervenciones sobre el tema.

La intención es ampliar una posibilidad que ya pueden gozar algunos, esos para quienes el monto mensual por el ROP representa menos del 10% del monto que reciben por la pensión principal, sea la de CCSS, del Magisterio o del Poder Judicial. Esto porque habría un alto costo de administración y un bajo beneficio relativo para el jubilado.

El problema es que si se levanta el umbral (a 20%, por ejemplo), o se quita del todo, muchas más personas podrían sacar del sistema sus recursos apenas tengan los requisitos para jubilarse. Esto podría tener dos consecuencias: que usen del dinero de una manera que no sirva como complemento jubilatorio para el resto de la vida y que se reduzcan los rendimientos de las personas que sí quieran dar ese uso al dinero acumulado.

El ya o el futuro

El proyecto es objeto de un debate con ribetes de pulso intergeneracional. De un lado, las generaciones que merodean la edad de jubilación en estos tiempos de alto endeudamiento y poco dinero disponible; del otro, trabajadores de mediana edad que se beneficiarían de un ROP maduro al jubilarse dentro de dos décadas o más.

Así lo explica Álvaro Ramos, superintendente de Pensiones: “Se trata de sacar el poco dinero ahora o disfrutar después de ingresos estables, como se planteó en la ley. Por eso se llama ‘pensión’, de carácter complementario para un futuro en que probablemente las pensiones sean más bajas que en este momento. El elemento psicológico pega más duro a las generaciones que se pensionarán en el futuro mediano y largo”.

De aprobarse esta reforma legal, sería masivo el retiro de todo el dinero disponible para cada cotizante, sospecha Ramos, basado en lo que suele ocurrir cada cinco años con el Fondo de Capitalización Laboral (FCL). Más del 90% de los trabajadores lo saca apenas se le permite.

Esto evitaría que el sistema madure y se acumule suficiente dinero para que las operadoras de pensiones puedan invertirlo con mejores rendimientos por volumen. Obligará, además, a que la colocación de los fondos se dirija a opciones de poca rentabilidad, pues debería quedar como un “ahorro a la vista”, según Ramos. Esto porque en cualquier momento el pensionado podría ir a reclamar lo suyo.

Wagner Jiménez coincide en el componente generacional que tiene la discusión. “Lo he hablado con la diputada Laura Guido (PAC); se trata del riesgo de que las personas gasten el dinero en poco tiempo y no tengan cómo satisfacer sus necesidades en los años más vulnerables, pero también de cómo estará ese sistema cuando nos jubilemos los que ahora somos jóvenes o de mediana edad”.

El superintendente lo ha repetido y se declara “frustrado”. “Me causa frustración porque no logro comprender por qué tocar algo que va funcionando bien. ¿Por qué se perdió la visión de que esto es un fondo de pensión? ¿Desde cuándo adquirimos esta visión ultraindividualista y cortoplacista de que todo es mío, mío, mío y ya”.

Cruickshank lo aborda como si fuera un ahorro obligatorio, no un aporte para pensión. Por eso en texto de la propuesta lo justifica así: “una gran injusticia contra la propiedad del trabajador, pues ese dinero logró acumularlo durante años de esfuerzo, y quizá hasta de sacrificios, esperando poder utilizarlo para cualquiera que sea su proyecto de vida una vez pensionado”.

La Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP) también se opone a este proyecto y hace una advertencia: aunque es cierto que los fondos del ROP están en una cuenta personal propiedad del trabajador, los aportes provienen mayoritariamente de los patronos. Se trata del 4,25% del salario bruto del trabajador y, de esta suma, 3,25 puntos los provee el patrono.

El carácter privado de estos fondos es parte del debate y ambas partes citan resoluciones de la Sala Constitucional. El fallo 2006000334, del 13 de enero del 2016, incluyó un criterio del magistrado Ernesto Jinesta: “A diferencia de los regímenes con cargo a los presupuestos públicos y los de capitalización colectiva, los aportes y los rendimientos acumulados en las cuentas de los regímenes de capitalización individual son propiedad de los afiliados, propiedad que se encuentra legalmente afecta al cumplimiento de un fin: el pago de una pensión o jubilación”.

Este párrafo lo menciona Cruickshank y la Supen, aunque cada parte subraya un aspecto diferente. El primero resalta el carácter privado para justificar la supuesta potestad del trabajador de tomar todo su dinero de golpe y gastarlo como quiera. La Supen, en cambio, se enfoca en la oración que habla sobre el propósito de los fondos: el pago de una pensión.

Álvaro Ramos reconoce que el momento del país hace que el proyecto de Cruickshank gane simpatías populares. “La gente llega muy endeudada a la edad de retiro y ese dinero se vuelve tentador. No sé qué va a pasar, pero hay indicios de que ese proyecto tiene mucha fuerza política y no todo es técnico”, lamentó. El diputado de PRN ha dicho a la prensa que no siempre lo técnico es lo mejor.

En este momento el retiro del 100% del dinero del ROP lo pueden aplicar solo las personas que cumplen los requisitos de pensión con montos pequeños o los que recibirán pensiones millonarias en regímenes distintos al de la CCSS (IVM), donde el monto máximo es ₡1,6 millones, aunque los salarios hayan sido mucho mayores.

“Puede ser que un profesional inscrito en el IVM, digamos un médico del sistema público, tenga varias decenas de millones en su cuenta del ROP, pero este dinero le reportaría un monto mensual que supera el 10% de la pensión principal. Esa persona ahora no puede llevarse en un solo tracto el 100% de los recursos en el ROP, pero con la reforma sí podría sacarlo”, ejemplificó el superintendente.

Diversos sectores han criticado que las operadoras de pensiones no garantizan los mejores rendimientos para el dinero del ROP, pero estas contestan que su función es buscar buenos réditos, pero reduciendo los riesgos financieros. Además, defienden que desde el 2011 han reducido la comisión y en el 2020 llegará a 0,35% sobre el saldo administrado, “una de las más bajas del mundo para sistemas de pensiones”.


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