El proyecto que regula la siembra y las actividades que utilizan marihuana medicinal pasaría con suficientes votos la prueba de fuego del primer debate, de acuerdo con la diputada Paola Vega, presidenta de la Comisión de Ambiente que dictaminó el plan desde noviembre del 2020.
La tarde de ayer lunes, el plenario finalmente abrió la discusión del proyecto de Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial (21.388).
El proyecto recibió dos cambios previo al primer debate. La discusión queda pendiente, pero continúa agendada para su seguimiento durante este martes. Las agendas del plenario, no obstante, podrían variar según las negociaciones políticas de las fracciones.
Los dos cambios que se aprobaron son un incremento de las licencias que otorgará el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para la siembra de la marihuana medicinal. La Comisión aprobó que un mínimo del 30% de dichas licencias se entregaran a pequeños productores locales (“a las MIPYMES, organizaciones de productores agropecuarios, constituidas como centros agrícolas cantonales, asociaciones de pequeños y medianos productores, cooperativas agrícolas o de autogestión o asociaciones de desarrollo indígena”). En plenario, se subió el monto a 40%, aún cuando este incremento ganó el pulso por un único voto (votaron 20 diputados a favor y 19 en contra).
La proponente y vocera del plan 21.388, Zoila Volio, pidió el incremento con el argumento de que la iniciativa intenta “activar y reactivar este sector agropecuario tan deprimido, que el primer año que estuve en la Comisión de Agropecuarios eran cooperativas y cooperativas quebradas”.
El margen de votación, no obstante, fue superior en el segundo tema álgido del proyecto de ley: la participación de Zonas Francas en este nuevo sector comercial.
La liberacionista Karine Niño defendió “un acuerdo completo de todas las personas y representaciones que estamos de acuerdo con el proyecto” para que el artículo que limita las licencias del proyecto excluya por completo a las Zonas Francas de las licencias de cultivo. En el artículo 17 ahora se lee, en su última oración: “Las licencias establecidas en esta ley para cultivo son incompatibles con el régimen de zonas francas”.
Sobre este tema en específico, UNIVERSIDAD publicó un reportaje sobre cómo el trámite del proyecto de cannabis recibió asesoría de un empresario y lobista con relaciones influyentes entre el sector azucarero y la Asamblea Legislativa. En entrevista, el empresario confirmó su parentesco como primo del diputado Roberto Thompson (el segundo aliado de la independiente Zoila Volio en la promoción del proyecto).
A inicios de septiembre, durante la investigación de dicho reportaje, Thompson retiró sus mociones para reducir el 1% de impuesto de renta que plantea el proyecto para financiar la implementación de la ley en el Poder Ejecutivo (trabajan juntos MAG y Salud, por ejemplo).
Planes de cáñamo y marihuana fueron asesorados por empresario-lobista ligado a influyente azucarera y familia Arias Sánchez
Roy Thompson Chacón sostiene relaciones con diputados propulsores de la legislación y que inciden sobre impuestos: Zoila Volio, y su primo Roberto Thompson
Con la exclusión realizada por Niño, el cultivo quedará fuera de las Zonas Francas. Pero, también el 1% se cobrará a todas las actividades “actividades autorizadas de cannabis de uso médico o terapéutico” por sobre su renta neta (sin reducciones tributarias y otros).
El destino del dinero recaudado quedó de la siguiente forma: MAG y Salud con un 10% para cumplir sus competencias de la ley; 10% para la operación del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD); 20% para el Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos de la Caja Costarricense de Seguro Social; y un 30% para el “Fondo Nacional de Desarrollo del Sistema de Banca para el Desarrollo, con el fin de dar financiamiento exclusivamente al sector”.
A continuación, una entrevista con la diputada Paola Vega tras iniciar el primer debate del proyecto.
¿Se perdió en la Comisión el porcentaje de licencias que beneficiaban a agricultores pequeños?
-No se perdió, disminuyó. El texto original tenía una clara orientación de que las licencias de producción fueran para productores locales. En el proceso, se disminuyeron dos cosas: la cuota de licencias de producción para productores locales y el impuesto. Al final de la discusión, varios diputados nos dieron la razón de que el impuesto debía ser mayor y que la cuota debía de ser mayor.
Lo que hicimos fue elevarlo del 30% de licencias (para productores que habían quedado) a un 40%. Nos parece que es menor, pero es bastante diferencia en cuanto el acceso que tendrán pequeños productores a licencias.
Otra gran discusión era sobre el impuesto específico de las utilidades de las “actividades autorizadas de cannabis de uso médico o terapéutico”. ¿Cómo quedará ese impuesto?
-Se cambió a una sobretasa, se paga el 1% de las utilidades y logramos aprobar una moción mía y del diputado José María Villalta, dentro de la Comisión, para que inclusive si las empresas entran a Régimen de Zonas Francas, paguen ese 1% de sus utilidades. Sería el único impuesto que no se exoneraría aunque las empresas estén en Zonas Francas.
No variaría ni siquiera en ese Régimen.
Este fue un tema que defendió el diputado Roberto Thompson, es decir, la protección al Régimen de Zonas Francas.
-Yo y el diputado José María Villalta habríamos querido que el impuesto quedara más alto. Sobre todo cuando vemos las discusiones que se están dando en España y otras latitudes. Vemos que el impuesto es bastante más alto.
Porque la idea de una empresa nueva es que pueda, justamente, potenciarse más. Lamentablemente, no hubo voluntad para que fuera más de un 1%.
Ya dos diputadas, Shirley Díaz (recientemente separada del PUSC y considerada independiente) y Mileidy Alvarado (Restauración Nacional), presentaron sus argumentos en contra del proyecto. Son diputadas que se han mantenido conservadoras sobre el tema de la marihuana medicinal. ¿Cuál es el clima de votación en el plenario?
Creo que hay un buen bloque de la Asamblea Legislativa que tomará una decisión negativa basada en los prejuicios que se tienen del cannabis y siguen estableciendo analogías entre el cannabis medicinal y el cannabis como droga recreacional. No ha habido manera de sacarlo de esa tesitura.
Las fracciones de corte religioso, en principio, lo van a votar en contra. Pero creo que tenemos una amplia mayoría para aprobar el proyecto en primer debate.
