Proyecto de ley sobre educación dual avanza con nuevo texto: ¿Ahora qué dice?

La nueva redacción incluyó un fondo de becas financiado por el INA y las empresas formadoras, pero eliminó el establecimiento de cualquier “relación laboral” vinculada con el proceso. El proyecto sigue su marcha.

Los diputados de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación aprobaron este jueves —por unanimidad— una nueva versión del proyecto de ley de educación técnica dual, iniciativa que se tramita bajo el expediente 20.786 en la corriente legislativa.

Esta nueva propuesta surgió tras conversaciones del Gobierno con los diputados y los sectores involucrados; especialmente con el objetivo de brindar una mayor claridad en relación con los papeles que jugará cada uno de ellos (empresas, estudiantes y centros de enseñanza) durante los procesos educativos.

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En términos generales, el texto promueve la realización de acuerdos entre las tres partes, de modo que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos en espacios de trabajo formales.

Antes, los diputados ya habían dictaminado otra versión de la iniciativa. Sin embargo, las pautas contractuales generaban confusiones en algunos sectores, especialmente los empresariales, ante la posibilidad de que la relación con los estudiantes pudiera generar algún vínculo laboral en materia legal.

Ese fue uno de los motivos que mantuvieron el proyecto en pausa hasta esta semana, cuando se empezaron a discutir más de 200 propuestas de modificaciones al texto, incluida la nueva versión recién aprobada.

¿Qué propone el texto ahora?

El nuevo texto sustitutivo mantiene sus bases iniciales y se propone como principal objetivo “generar procesos de aprendizaje” y servir como “una adecuada transición al mundo de trabajo, considerando los requerimientos productivos del país”.

No obstante, el proyecto ahora eliminó las relaciones contractuales entre las empresas y los estudiantes, y las cambió por “convenios de matrícula” educativos, mediados por los centros de enseñanza de cada estudiante.

Estos convenios, dice la iniciativa, “no generarán relación laboral alguna entre el estudiante y la empresa”, y serían suscritos únicamente para personas estudiantes mayores de 15 años.

Las empresas deberán aplicar los programas educativos del MEP, disponer de personal docente  y contar con el equipo requerido para los procesos de enseñanza; así verificar que los estudiantes cuenten con las polizas requeridas y estar al día con sus propias cuotas obrero-patronales.

Para todo esto, las entidades (públicas y privadas) no podrán exceder el 10% de su personal en estudiantes. y deberán disponer de mentores certificados por el INA para gestionar los procesos de enseñanza junto con los profesores.

Los estudiantes además tendrán el derecho de recibir una beca pagada por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la cual les permitiría cubrir gastos como transporte, alimentación e indumentaria.

Este fondo contará será financiado con al menos el 1%  del presupuesto del INA, así como con el aporte empresarial de las entidades adscritas.

Específicamente, la empresas que reciban entre 10 y 50 estudiantes deberán cotizar ¢50.000 mensuales (por estudiante), las que reciban entre 50 y 200 estudiantes pagarán ¢75.000, y las que superen esa cantidad deberán cancelar ¢100.000 (cifras que se ajustarán cada año por inflación).

Además, el proyecto permite a Conape otorgar préstamos a los estudiantes, una posibilidad que tampoco había sido contemplada antes.

Todo esto, en términos generales, será administrado por el Ejecutivo; con la rectoría del Ministerio de Educación Pública (MEP) y con la instauración de una nueva Comisión Asesora y Promotora de la Educación Dual, con integrantes del MEP, del Ministerio de Trabajo, del INA, del Consejo Nacional de Rectores (Conare), de la Unidad de Rectores de Universidades Privadas (Unire), de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y del propio sector estudiantil.

Los detalles de la iniciativa deberían quedar estipulados en el reglamento de ley.

Camino al Plenario

El diputado liberacionista Wagner Jiménez, presidente de la comisión legislativa que analiza el proyecto, destacó que este es un gran paso para la aprobación de la iniciativa, pues sólo restan por conocerse menos de 170 mociones y luego pasará al Plenario legislativo, para votarse en primer y segundo debate.

Sobre el texto, aseguró que es el resultado de importantes “consensos” entre los sectores involucrados, hecho que ha permitido que este proyecto llegue más lejos que todas las intenciones anteriores.

“Estamos hablando de unos 20 años. Este proyecto ya está en su segundo día de mociones y pronto pasará al Plenario, y esto es lo más lejos que ha llegado cualquier iniciativa de este tipo en casi dos décadas”, subrayó.

Este hecho también había sido destacado por los sectores empresariales, satisfechos con la iniciativa, muy en oposición a los sindicatos del sector educativo, que alegan la posibilidad de que poner a trabajar a los estudiantes fomente formas de precarización laboral y deserción escolar.

Además, los opositores a la iniciativa señalan que deberían generarse vínculos laborales y reconocerse derechos en la materia, algo que sostienen desde hace ya muchos años, ante proyectos similares a este que no llegaron a buen puerto.

No obstante, la indisposición sindical no ha logrado frenar el proyecto esta vez, que pasará a conocimiento de los 57 diputados totales una vez que concluya con su trámite en comisión, donde todavía se votan mociones.

En el Plenario también se podrían reiterar algunas de esas mociones; sin embargo, esa fase sería definitiva antes de su votación final.

La mayoría de estas mociones fueron presentadas por el diputado José María Villalta, del Frente Amplio (FA), quien asegura que deberían respetarse todos los derechos laborales a los estudiantes, como trabajadores aprendices que son y no solo como estudiantes de centros educativos.

No obstante, desde la bancada oficialista, el diputado Enrique Sánchez asegura que la ley será “atractiva para que el sector empresarial incursione en el modelo de educación dual”, aunque siempre “garantizando la protección de las personas estudiantes”.


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