El proyecto de ley es bastante sencillo, pero su implementación requerirá del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) un esfuerzo presupuestarios y, sobre todo, de disposición de recurso humano altamente especializado.
Se trata del expediente legislativo 24.170, que modifica dos articulos y añade otros dos a la Ley General de Telecomunicaciones “para dar acceso a las autoridades judiciales a registros de información en administración de los operadores de redes de telecomunicaciones y de proveedores de servicios en telecomunicaciones disponibles al público”.
El proyecto forma parte de los acordados en la mesa ahora bipartita de trabajo en temas de seguridad entre los poderes Judicial y Legislativo, luego de que el Ejecutivo se apartara de esa iniciativa en febrero pasado.
La propuesta presentada por el Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP), fue dictaminada positivamente por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico a mediados de abril y analizada en Corte Plena a inicios de mayo, por el magistrado Giovanni Mena Artavia, suplente de la Sala de Casación Penal (Sala III).
Según explicó ese Magistrado, la propuesta “impone a los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones la obligación de brindar información cuando le es requerida por el Ministerio Público”.
El proyecto especifica que se trata de “datos de tráfico nacional e internacional, registros de localización y geolocalización, direcciones IP, tanto públicas como privadas y demás relacionadas con usuarios finales”. Además, crea una comisión interinstitucional “para la mejora de las investigaciones judiciales”, conformada por el Ministerio Público, el OIJ, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y las empresas operadoras.
Mena Artavia recordó que el proyecto ya había sido estudiado una vez en Corte, antes de que se le hicieren unas modificaciones, y se había determinado que que no afectaba la organización y funcionamiento del Poder Judicial, con lo cual se podría aprobar por mayoría simple en el plenario de 29 votos.
Sin embargo, informó que recibió un criterio al respecto del propio OIJ en el sentido de que para ese Organismo la propuesta sí tiene “una incidencia operativa y un impacto consecuentemente presupuestario”,
Particularmente, se señaló que el OIJ tendría que ampliar la cantidad de personas funcionarias especializadas que manejan el Instrumento para la Gestión Electrónica de las Solicitudes en Telecomunicaciones (Solitel), sobre todo para que siga en funcionamiento el Sistema Único Policial Especializado en la Resolución de la Criminalidad Común, Organizada y la Prevención (Supercop) que consistente en la renovación y homologación tecnológica de toda la plataforma de sistemas de información del OIJ.
Por otra parte, se requerirá “la ampliación de cierta infraestructura tecnológica y esto tiene que encargarse al Departamento de Telemática del Poder Judicial. Entonces, por ahí también habrá necesidad de hacer una erogación en términos de recursos económicos”.
Finalmente, la Unidad Tecnológica Informática del OIJ requerirá la contratación de “profesionales en desarrollo de sistemas, profesionales en infraestructura tecnológica, técnicos especializados para el área de soporte y profesionales en informática”.
“Naturalmente entonces esto implica un impacto presupuestario, nos dice el Organismo de Investigación Judicial, e incluso una serie de riesgos al control interno que tienen que sopesarse y atacarse en cuanto a la necesidad de ampliar mecanismos de control, los mecanismos de control que actualmente existen”, ponderó el Magistrado.
Su informe concluyó que la propuesta sí incide en la organización y funcionamiento del Poder Judicial y fue acogido por 17 votos a favor y cuatro en contra, por lo que, como se dijo, el proyecto requerirá de mayoría calificada de 38 votos en la Asamblea Legislativa.
