La cuestionada Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) podría tener los días contados si se aprueba un proyecto de ley que pretende desaparecer a esta entidad y trasladar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) a las municipalidades.
El proyecto fue elaborado por el ex secretario general de la Setena y experto en Evaluación Ambiental, Allan Astorga, y acogido para su presentación por el diputado liberacionista Pedro Rojas.
La propuesta de Astorga y Rojas pretende que bajo el sistema de categorización de proyectos que ha utilizado hasta ahora la Setena, aquellos que se consideran de muy bajo a muy alto impacto sean tramitados por oficinas ambientales municipales.
Para el caso de “megaproyectos” como lo fueron en su momento la Terminal de Contenedores de Moín o la Ruta 27, estos se tramitarán en una nueva entidad que sustituirá a la Setena bajo el nombre de Autoridad de Evaluación y Control Ambiental Integral (AECAI).
En el caso de esta nueva entidad, Astorga explicó que se deja de lado el modelo de la actual Setena con una Comisión Plenaria en la que el secretaría general representa al ministro de Ambiente y con representación de diversas instituciones.
“La idea es que este ente tenga un enfoque más técnico y menos político, porque esa comisión plenaria no funciona. Se han dado casos en los que los representantes de las instituciones, en lugar de hacer análisis objetivos de los proyectos, terminan pujando por lo que quieren sus instituciones”, comentó Astorga.
Otro punto importante en este proyecto es el desarrollo e implementación de un Código de Ética del Gestor Ambiental que regule lo actuado tanto por los consultores ambientales como por los funcionarios que realizan las Evaluaciones de Impacto Ambiental.
“En Costa Rica el problema es que la gente juega con la ley. En más de 30 años que tiene existencia la Setena nunca se ha sancionado a un consultor aunque mienta, nunca se ha sancionado a un funcionario por haber otorgado mal una viabilidad ambiental”, afirmó Astorga.
Esta tarea de supervisión y sanción recaería en la AECAI para establecer las sanciones de inhabilitación temporal o total de los funcionarios.
En este proyecto se establece un proceso de cobro para financiar la revisión de los Estudios de Impacto Ambiental, tanto en la AECAI como para que las municipalidades puedan financiar a sus equipos técnicos de evaluación.
“Yo les explicaba que en el caso de APM terminals que era un estudio súper complicado y un proyecto de más de mil millones de dólares de inversión, pero resulta que Setena cobró sólo tres mil quinientos dólares por la revisión del estudio, que le llevó a Setena años en el proceso y al final lo hizo mal”, comentó el geólogo.
La idea es que, en el caso de estos grandes proyectos, la evaluación de impacto ambiental se cobre como un porcentaje adecuado y acorde con el tamaño de la inversión.
En el proyecto se pretende retomar las Guías de Buenas Prácticas de Desempeño Ambiental, de tipo sectorial. Estas cubrirían las fases de construcción, operación e incluso de cierre técnico de los proyectos.
La idea con estas guías, que están vigentes desde 2008 por un decreto ejecutivo, es estandarizar el conjunto de medidas ambientales a aplicar y agilizar el trámite de la viabilidad ambiental.
Vigilancia ciudadana
Entre los principales pretendidos en este proyecto está el que los procesos de evaluación de impacto ambiental tengan mayor transparencia y puedan ser observados por cualquier persona durante su trámite.
La idea es volver accesibles los documentos completos de los Estudios de Impacto Ambiental mediante plataformas digitales.
El proyecto también normaría el proceso de audiencias públicas para megaproyectos y proyectos de muy alto impacto ambiental. Este plantea que, si bien estas audiencias no serían vinculantes, sí tendrían que ser consideradas previo al otorgamiento de la Viabilidad Ambiental.
Un control adicional para el trámite de megaproyectos sería el establecimiento de una auditoría ambiental externa, con el fin de que exista una verificación sobre la aplicación efectiva de los compromisos ambientales, así como el actuar del responsable ambiental del proyecto y la autoridad que otorga la viabilidad ambiental.
En el caso de la tramitación de los Planes de Ordenamiento Territorial, también se crean Comités Ciudadanos de Vigilancia Ambiental tanto para estudios como evaluaciones de impacto ambiental, e incluye un mecanismo para que los municipios garanticen la operación y financiamiento de estos entes.
Difícil camino
Pese a que la actualidad de la Setena, con funcionarios cuestionados y hasta detenciones por señalamientos de corrupción, evidencia la urgencia de un cambio en el modelo de evaluación ambiental del país, el camino para este proyecto en la Asamblea Legislativa es largo y tortuoso.
El diputado Pedro Rojas, quien acogió este proyecto como proponente, reconoce que con la presentación del proyecto el camino apenas empieza y se debe esperar a qué comisión se le asigna la iniciativa, pero principalmente espera ver cómo se mueven los apoyos internos y externos.
“Conociendo, hay una amplia mayoría de diputados que creen en este tipo de proyectos y que están muy comprometidos con el ambiente. Estoy claro de que va a haber alguna oposición —espero que no tan férrea— del empresariado, porque va a creer que estamos poniendo alguna limitación a los desarrollos. Pero bueno, hay que ser estratégico en esto, hay que hablar con todo el mundo”, comentó Rojas.
El legislador aseguró que ve con buenos ojos el transferir la potestad de revisar la viabilidad ambiental de los proyectos a los municipios, principalmente para que no sigan en el limbo aquellos proyectos de menos de 1.000 metros cuadrados, que quedaron sin revisión tras un decreto del actual Gobierno.
