Un proyecto de ley busca ampliar la capacidad de las municipalidades para explotar materiales como piedra y arena en cauces de ríos de dominio público. Se denomina “Reformas en permisos y concesiones temporales para extracción de materiales de canteras y cauces del dominio público por parte de las municipalidades” y es tramitado bajo el número de expediente 20.635.
En la actualidad, el Código de Minería (Ley No. 6.797) establece en su artículo 39 que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) puede otorgar permisos y concesiones temporales a los ministerios, al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y a las municipalidades para extraer materiales de los cauces de dominio público o las canteras, por un periodo de 120 días, prorrogables una única vez.
De acuerdo con esa norma, la entidad interesada presenta una solicitud ante la Dirección de Geología y Minas (DGM), la cual, tras una inspección, debe emitir recomendaciones al Minae para que, si procede, autorice la actividad. Se trata de una explotación que, por limitada, es eximida del trámite de estudio de impacto ambiental (EsIA) ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
La propuesta busca reformar ese artículo para ampliar ese periodo de cuatro meses a 24, es decir, dos años. Con el mismo fin se reforma el artículo 9 de la Ley de Regulación de la Extracción de Materiales de Canteras y Cauces de Dominio Público por parte de las Municipalidades (No. 8.668).
El expediente recibió en marzo dictamen unánime afirmativo en la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo y fue incluido por iniciativa de la Unidad Social Cristiana (PUSC) en una lista de proyectos prioritarios de votar en plenario, acordada por las jefaturas de fracción.
EXTRACCIÓN PROLONGADA
Desde esa bancada, el diputado Rodolfo Peña dijo que el proyecto obedece a “la emergencia que vive el país en el tema de infraestructura vial”, que según dijo “vivimos día a día, especialmente las provincias y las zonas costeras”.
El legislador guanacasteco observó que además de ampliar el plazo, el proyecto aumenta la cantidad de metros cúbicos explotables. “Creo que definitivamente es una necesidad y una forma de ayudar a las municipalidades, en especial para poder tener el material que muchísimos sectores hoy sufren de caminos o de calles, porque hay maquinaria, pero hay limitaciones de la explotación de este material”.
Ante la pregunta de si no es riesgoso para el medio ambiente ampliar la capacidad de explotación de recurso minero en los ríos sin un EsIA, Peña replicó que las municipalidades cuentan con un departamento de gestión ambiental y que “no se está eliminando el EsIA, eso queda a responsabilidad de las municipalidades y estos departamentos”.
Al llamar la atención del diputado sobre el hecho de que lo que dice la legislación y no cambia con la propuesta es que no se requiere acudir a Setena, ya que se hace un trámite ante la DGM, Peña insistió en que la responsabilidad recae en el mencionado departamento de cada municipalidad: “por lo que hemos vivido por muchos años diariamente con el tema de Setena, que hoy por hoy es un trabajo que hemos estado haciendo en el PUSC en agilizar”.
“Necesitamos darle a las comunidades el acceso para que los agricultores puedan sacar sus productos, para que los niños puedan transitar por vías normales en bicicleta a las escuelas, para que haya un poco más de compromiso humano con todas esas comunidades y esa es una vía”, aseveró.
Por otra parte, el diputado José María Villalta, del Frente Amplio (FA), ponderó que “desde hace muchos años” se presentan en la Asamblea Legislativa proyectos de ley que buscan simplificar o agilizar los procedimientos para que las municipalidades puedan hacer uso de los recursos naturales en los cantones, como sacar materiales de los causes de los ríos.
Además, recordó que varias de esas leyes “se han caído” en la Sala Constitucional. “Estoy de acuerdo en que las municipalidades deberían tener prioridad, para poder hacer uso de estos materiales cuando son para obras públicas que van a beneficiar a las comunidades, lo que pasa es que eso no se puede hacer burlando o ignorando la legislación ambiental”, indicó.
También dijo que, cuando se planteó originalmente la disposición legal vigente, en realidad “quería eximirlos totalmente de estudios y eso fue declarado inconstitucional por la Sala IV”. Por ello, con el argumento de la atención de situaciones de emergencia, se estableció el trámite simplificado para los 120 días.
“Al pretender hacer una extracción más prolongada, se incrementan los riesgos e impactos ambientales de esa actividad. Entonces no pueden pretender utilizar un trámite rápido de excepción por un plazo corto, para obtener un permiso de extracción que se puede volver permanente y que va a tener más impactos ambientales”, criticó.
FALTA CONTROL E INFORMACIÓN
Isabel Alvarado, bióloga especialista en ambientes acuáticos, explicó que una cuenca es todo el territorio que drena hasta el cauce de un río, y detalló que la legislación costarricense hasta el momento interpreta como parte del río únicamente el territorio aledaño a los cauces, pero hay ciertos impactos que se pueden ver en todo ese sistema de cuenca que debe verse como una unidad.
En otras palabras, el impacto directo potencial de una actividad en un cauce de un río se da sobre el territorio aledaño, dado a que puede socavar masas de tierra aledaña. Al respecto, recordó el caso de la laguna Láncaster, en Siquirres, un caso bajo investigación por el impacto que se alega produjo el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) al construir el Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, lo cual esa institución niega.
“Para el resto de la cuenca los daños potenciales son indirectos, puede haber contaminación de acuíferos si se expone la roca madre y reducción en los servicios ambientales que da el río a sus habitantes”, observó Alvarado, quien elaboró su tesis de licenciatura precisamente sobre los EsIA para proyectos de extracción de materiales en los cauces de dominio público.
La científica manifestó su preocupación por que “en este país no tenemos la información para decir concretamente qué estamos haciendo cuando sacamos arena de ríos, con el ecosistema y con la capacidad del río para regenerar”.
Puntualizó además que la DGM “está mal equipada, porque tiene poco personal y no tiene el nivel tecnológico para manejar bien las bases de datos y tener información accesible para el público a nivel global”.
Dijo que el acceso a la información es limitado, “si la concesión de 120 días está activa puedo ubicar el expediente en DGM, pero una vez archivado es casi imposible encontrarlo, y como duran tan poco los archivan muy rápido”. Acotó que por ello es muy difícil determinar lo que ha pasado en un río a lo largo del tiempo.
Uno de los hallazgos de su investigación es que en el 96% de casos en que ha mediado EsIA, ha faltado monitoreo periódico institucional.
Extracción en el Pacífico Central
El Programa Kioscos Socioambientales de la UCR denunció recientemente que, en el Pacífico Central, organizaciones comunales en Guacimal, Aranjuez y Abangaritos deben defender los ríos “frente a las tomas de agua para el riego privado y la extracción ilegal de materiales de río”.
Mediante un comunicado, esa instancia informó que los ríos de la comunidad de Abangaritos, en particular el río Abangares, son de los más afectados por la extracción de materiales que se realizan en fincas privadas.
“Estas actividades extractivas, las cuales atentan contra los ríos y el acceso al agua de las comunidades, se desarrollan sin ningún tipo de regulación o concesión estatal, a pesar de las informaciones que han recibido el Minae y la Asociación de Desarrollo de la comunidad”, reza el comunicado.