La decisión del Gobierno de limitar la agenda legislativa únicamente a dos proyectos no incide en la eventual votación que hoy podría darse para ampliar el plazo para el proyecto de Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, pero todo apunta a que más bien se buscará plantear un proyecto nuevo.
Así al menos lo hizo ver el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, quien a través de su cuenta de Twitter informó de que ha conversado con la diputada oficialista Paola Vega, presidenta de la Comisión de Ambiente y una de las principales impulsoras del proyecto, y según el legislador “hay ambiente para trabajar un nuevo proyecto, más sencillo y equilibrado. En esa línea he puesto mi despacho a las órdenes”.
Abarca detalló que la razón para ello es que “hemos sostenido reuniones donde señalamos los defectos estructurales del proyecto, principalmente ocasionados en el último día de mociones 137”.
“Así las cosas -añadió el legislador ganadero-, en resumen: el proyecto esta para ser archivado”.
Cabe recordar que hoy se vence para esta iniciativa -tramitada bajo el número de expediente 20.212- el plazo de cuatro años que el reglamento de la Asamblea Legislativa da para que un proyecto de ley sea votado de forma definitiva, pero podría rescatarse si se aprueba una moción que le otorgue otros cuatro años.
Justo ayer por la tarde, la ministra de Ambiente y Energía Andrea Meza solicitó de manera pública que se ampliara el plazo para este expediente.
Sofía Barquero, abogada asesora del frenteamplista José María Villalta, explicó que ese tipo de moción forma parte de asuntos internos de la Asamblea que se ven en la primera parte de la sesión del plenario, por lo que los cambios de agenda hechos desde el Poder Ejecutivo no afectarían.
Las mociones que parecen haber incomodado a Abarca y otros diputados y diputadas, fueron presentadas precisamente por el legislador Villalta.
Según detalló su asesora Barquero, se trata por ejemplo de medidas como la exclusión de la ganadería extensiva de la definición de uso doméstico del agua para fincas de hasta 35 hectáreas; de que los inspectores de la Dirección Nacional de Aguas puedan realizar investigaciones de oficio, sin que medie una denuncia previa, o que, al tramitarse una concesión para aprovechamiento del agua, la oposición del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) sea vinculante cuando se afecte el abastecimiento poblacional, entre otras.
Se le envió una consulta por Whatsapp a la diputada Vega, quien la vio pero no había contestado antes de esta publicación.