Un proyecto de ley que avanza en la Asamblea Legislativa crearía una nueva figura jurídica para otorgar derechos de uso a personas que tienen terrenos en zonas que son patrimonio natural del estado -excepto Parques Nacionales y Reservas Biológicas- y donde actualmente únicamente se puede realizar actividades de ecoturismo, capacitación e investigación.
Según la Ministra de Ambiente, Andrea Meza, el proyecto viene a resolver un problema de tenencia de la tierra en áreas protegidas y se han identificado 245 poblados que se beneficiarían con esta nueva figura jurídica. El Ministerio de Ambiente (Minae) coordinó el proceso para redactar la iniciativa, por mandato del presidente Carlos Alvarado.
La Comisión Especial de Zonas Costeras tramita el proyecto de “Ley para la regulación del Patrimonio Natural del Estado y del derecho de utilidad ambiental (Ley DUA)” y recibió hoy en audiencia a Meza, junto con el viceministro de Ambiente y Energía, Franklin Paniagua; el secretario técnico del Consejo Nacional Ambiental, Jorge Polimeni; y el director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), Rafael Gutiérrez.
Los eventuales beneficiarios
La iniciativa crea un Derecho de Utilidad Ambiental que le permitiría a quienes habitan en estas zonas obtener créditos bancarios, bonos de vivienda, traspasar una concesión en caso de que fallezca la persona que la tenía, heredar, hipotecar, recibir créditos forestales y Pagos por Servicios Ambientales (PSA) de Fonafifo y también que el Gobierno pueda realizar mejoras a escuelas ubicadas en estas áreas y proveer servicios públicos.
¿Cuáles son los requisitos? Ser personas físicas nacionales o extranjeros con residencia permanente que demuestren tener como única residencia un predio bajo régimen de protección ambiental, por más de 10 años. Pero también podrán recibir estederecho “personas jurídicas sin fines de lucro”.
El proyecto de ley también abre la posibilidad para que personas jurídicas y sin fines de lucro puedan recibir estos derechos de uso, explicó el viceministro Paniagua. No obstante, el dominio público permanecería en manos del Estado.
Según el texto del expediente 22.391, se crea “un derecho real administrativo” sobre bienes que conforman el Patrimonio Natural del Estado, en beneficio de sujetos de derecho privado.
Se podrán otorgar concesiones y permisos de uso y autorizar la construcción de infraestructura por parte de instituciones públicas para prestar servicios públicos. También “se podrá autorizar el uso de terrenos dentro del Patrimonio Natural del Estado a entes colectivos con o sin fines de lucro con propósitos de investigación, conservación, desarrollo comunal u otros de interés público o comunitario”, se lee.
Paniagua explicó que se trata en su mayoría de terrenos que fueron colonizados por campesinos en los años 50s y 60s, donde había áreas de bosque en su mayoría. Posteriormente fueron parte de un desarrollo rural basado en la explotación agrícola y en la tala de bosque. Con las leyes cambiantes de los 80s y 90s, que impulsaron la conservación de áreas protegidas, las economías productivas empiezan a centrarse cada vez mas en el bosque. Sin embargo, estas áreas no pudieron ser tituladas por ser patrimonio natural del Estado.
“Tenemos zonas privadas que tienen una cobertura de bosque excelente y economías pujantes en Sarapiquí, Monteverde, La Fortuna; y queremos que en otras áreas del país puedan ponerse al día con este desarrollo basado en el bosque y en una economía verde”, dijo Paniagua.
El funcionario mencionó como ejemplo de una zona que se vería beneficiada con este proyecto a 1.200 familias que ocupan un 94% de la Reserva Forestal Golfo Dulce y que tienen propiedades de un promedio de 50 hectáreas de extensión.
Según el texto, se podrán realizar actividades como ecoturismo, reforestación, agricultura familiar, agricultura ancestral, servicios eco sistémicos, comercio, residencia y ganadería sostenible.
No podrán realizarse las siguientes actividades: exploración y explotación de minerales o hidrocarburos; vertido de residuos, depósito de desechos, desagüe de efluentes o liberación de emisiones contaminantes sin tratamiento; establecimiento de industrias; transporte y uso de materiales tóxicos o peligrosos o de sustancias químicas; proyectos hidroeléctricos; establecimiento de líneas y otra infraestructura para transmisión y distribución de energía eléctrica; ni cambio de uso de suelo.
Desde el Ejecutivo
Jorge Polimeni comentó que el proceso de trabajo para redactar este proyecto de ley se realizó desde el Ejecutivo, a instancia del entonces ministro de la Presidencia Víctor Morales; la ex ministra de Justicia y Paz Marcia González y el presidente. Se coordinó un trabajo interinstitucional y afirmó que “esta ley es de interés prioritario para el presidente de la República.
Ante consultas de los diputados, la ministra Meza explicó que estan analizando la manera más costo-efectiva de hacer el trabajo de demarcación y georreferenciación y que esto sería facilitado por la tecnología del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) (dependencia del Instituto Geográfico Nacional). Enfatizó que este esfuerzo no solo es del Minae, sino también de otras instituciones y que se espera que aporten al proceso.
El diputado Víctor Morales (Partido Acción Ciudadana) insistió en que se trabaje para que la comisión legislativa dictamine el proyecto entre marzo y abril, para que el plenario lo vote antes del 28 de junio, fecha en que vence la moratoria firmada por el presidente de la República en 2018, que suspendió por 36 meses los desalojos de personas, demolición de obras, actividades comerciales y proyectos existentes en la zona marítimo terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado.
La Comisión acordó convocar a audiencia a representantes del Instituto Nacional de Desarrollo Rual (Inder) y de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
