De aprobarse el proyecto de Ley de protección contra el cobro usurero, el Poder Judicial “requerirá de mayores recursos para aumentar personal, tanto jueces técnicos como auxiliares judiciales, o readecuar la distribución de funciones, o crear nuevos juzgados para atender” un nuevo y mayor volumen de demanda.
Así lo expuso al concluir su análisis la magistrada Ana Isabel Vargas, a quien correspondió preparar el informe del proyecto tramitado bajo el número de expediente 22.692 en la Asamblea Legislativa.
Por ello, durante la sesión de Corte Plena del pasado 9 de mayo, por unanimidad se acogió su criterio de que la iniciativa incide en la organización y funcionamiento del Poder Judicial, lo cual implica que su aprobación en la Asamblea Legislativa requerirá de la mayoría calificada de 38 votos.
Vargas detalló que el proyecto presenta dos reformas puntuales al Código Procesal Civil. La primera de ellas consiste en un nuevo proceso sumario a efectos de que una persona deudora pueda demandar a su acreedor para que se revise la traza de interés aplicada a su operación financiera, con el propósito de establecer si se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el Banco Central (BCCR) y se ajuste a la Ley de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor (No. 7472).
La segunda reforma busca que en los procesos monitorios dinerarios -es decir, aquellos en los que se busca el cobro de obligaciones- se incorpore una nueva excepción, para que la persona deudora pueda solicitar una revisión de las tazas de interés y demás condiciones de la relación crediticia.
La magistrada citó el criterio de la Dirección Jurídica del Poder Judicial, que estimó que el proyecto sí incide en el Poder Judicial pues “crea nuevas competencias o funciones para juzgados civiles y los especializados en cobros, así como al superior jerárquico que conocerá en alzada”, es decir, las apelaciones.
También puntualizó que al crearse ese nuevo tipo de proceso sumario de reajuste de condiciones crediticias y la implementación de una nueva defensa en los procesos monitorios dinerarios, “permite que dentro de dichas causas se pueda revisar la taza de interés y otras condiciones” lo cual supondría “mayores cargas de trabajo para los despachos judiciales” y “consecuentemente eventuales retrasos en tiempos de respuesta”.
Al respecto, la magistrada Vargas citó datos que solicitó según los cuales el circulante -o casos pendientes- de los juzgados de materia de cobro judicial en últimos cuatro años alcanzó el total de 814.641 asuntos.
Así, la magistrada apuntó que si bien “no se puede predecir con datos exactos el aumento” de ese circulante de casos que la reforma propuesta puede generar, sí es posible “colegir que habrá un incremento que incidirá en los juzgados que actualmente se encuentran saturados”.
Por ello aseveró que de entrar en vigencia esa nueva ley el Poder Judicial necesitará mayores recursos para aumentar personal de jueces y auxiliares, o tomar otro tipo de medidas ya mencionadas.
