Los 742.166 expedientes de cobro judicial que están en trámite o en ejecución en el sistema de justicia podrían avanzar más rápidamente si se aprobara el proyecto “Ley de creación de una tasa para la mejora de la eficiencia en la gestión de los procesos de cobro judicial”, pues el sistema tendría más recursos para resolverlos.
El proyecto, que a finales de octubre comenzó su trámite de aprobación en el plenario legislativo, pretende instaurar el cobro de una tasa por la prestación del servicio público de gestión cobratoria.
Así, de acuerdo con el texto propuesto por la socialcristiana Melina Ajoy y el oficialista Manuel Morales, cada deuda cobrada pagaría al juzgado un 5% de la estimación de la demanda, que deberá cancelarse en un único pago hecho por la parte que se beneficia del cobro al inicio del proceso.
Por ejemplo, alguien adquiere (y luego no paga) una deuda estimada en ₡4.000.000. Si la empresa quiere judicializar el cobro, debe pagarle ₡200.000 al juzgado al interponer el reclamo y, entonces, se procede.
La pretensión, según se explica en la exposición de motivos, es cambiar el modelo actual en el que “el aparato judicial está haciendo las veces de cobrador de las entidades privadas, de forma gratuita, utilizando los recursos de la judicatura, personal auxiliar y técnico, así como toda la batería de recursos, para obtener un resultado específico en materia de cobro, con poco o ninguna retribución para el aparato de lo público y mediante la utilización de recursos que pueden destinarse para otras materias o jurisdicciones, para mejorar la garantía de justicia pronta y cumplida”.
La aplicación de un cobro por un proceso que persigue meramente el lucro de una parte, así, generaría más bien recursos para financiar al sistema de justicia, agilizando todos los procesos.
Y es que en el país —según la Encuesta Financiera a Hogares 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Censos— unos 864.000 hogares tienen deudas y muchos están endeudados más allá de lo que pueden pagar realmente, por lo que sus casos llegan al cobro judicial.
De hecho, a hoy, no solamente hay cientos de miles de expedientes de cobro judicial en espera, sino que cada día de este año se generaron más de 400 nuevos casos, de modo que a setiembre habían 105.904 nuevos expedientes ingresados en el sistema judicial, solo superados por la materia penal.
Cabe destacar, además, que en la actualidad los casos de cobro representan el 61.1% del total de los expedientes que tramita el sistema judicial y que, según datos provistos por los proponentes, cada uno de estos trámites cuesta unos ₡173.000 de modo que la inversión total que hace el poder judicial en gestiones de cobranza alcanza el 23% de su presupuesto.
En febrero de este año, las y los legisladores de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos, apoyaron un dictamen afirmativo del proyecto, para que este continuara en trámite. Votaron a favor todos las fracciones legislativas exceptuando al entonces representante del Liberal Progresista, Jorge Dengo.
De hecho, Dengo razonó su oposición afirmando que consideraba un error considerar “un servicio” la administración de la justicia, aún cuando su único fin fuera el lucro, y advirtió que el costo terminaría trasladándose a las personas deudoras.
Aunque en esa sesión el liberal dijo que aceptaría “la voluntad de la comisión”, su compañera de bancada, Johana Obando, presentó cientos de mociones sobre el texto, en un claro intento de obstaculizarlo.
UNIVERSIDAD consultó el expediente y constató que de las casi trescientas mociones que lo conforman, al menos 292 son de Obando, en ocasiones firmadas por otros de sus compañeros de bancada, entre los que se cuentan Cynthia Córdoba y Luis Diego Vargas.
Buena parte de las propuestas de Obando, cabe además detallar, son reiterativas, plantean eliminar uno por uno los artículos del proyecto de ley o proponen cobros que van de los ₡3000 para procesos de cobros de entre ₡5 millones y ₡10 millones (menos de eso no paga), subiendo poco a poco hasta llegar a un cobro máximo de ₡30.500 para cobros de ₡500 millones en adelante.
Financiamiento para el sistema judicial
Mientras, explicó el economista y vicepresidente del Observatorio del Mercado y de los Derechos del Consumidor (Omercon), Luis Carlos Olivares, de aplicarse la tarifa planteada actualmente, solo en 2023 el Poder Judicial habría aumentado su presupuesto en ₡35.808 millones.
Según detalló Olivares, en 2023 se recibieron 131.081 nuevos expedientes de cobro judicial, de los cuales 126.499 van de menos de un millón de colones a más de ₡500 millones.
Así, si se hubiera cobrado la tasa planteada, el ingreso habría sido de ₡35.808.373.974, lo que habría servido para financiar, por ejemplo, la totalidad de la inversión hecha ese año en maquinaria, equipo, mobiliario, construcciones, adiciones y mejoras de edificios, materiales, suministros, mantenimiento y reparación en todo el Poder Judicial.
Ese posible ingreso, dijo Olivares, no es “nada despreciable a efectos de poder nutrir el presupuesto del Poder Judicial”, al tiempo que la imposición de la tasa serviría para “desincentivar, que ciertos súper participantes sigan utilizando el sistema de cobro judicial como un aparato privado para ejercer el cobro privado de las deudas”.
Más allá, dijo, lo que es necesario es que las empresas que prestan, dentro y fuera del sistema bancario, hagan mejores evaluaciones de a quién y cuánto prestan, pues a menudo brindan crédito a quien no puede pagar y, en lugar de asumir su responsabilidad por el mal análisis de capacidad de pago, delegan en el sistema judicial la tarea de cobrar.
