Para un grupo importante de miembros de la Comisión Política y otros órganos del Partido Acción Ciudadana (PAC), el gobierno y la fracción oficialista se han alejado de los principios que dieron el sustento para el nacimiento de dicha tendencia política y el proyecto de ley de Empleo Público ha sido la gota que derramó el vaso.
Con esta iniciativa legislativa que el gobierno y la fracción PAC han tratado de impulsar a todo galope y que cambia radicalmente las condiciones de contratación, trabajo, remuneraciones y administración de los empleados públicos, así como la gestión institucional, los directivos del PAC consideran que el Gobierno y legisladores se han desviado totalmente de la génesis de sus principios.
Así lo confirmó Federico Picado de la Comisión Política del PAC, quien manifestó categóricamente que no todos los miembros del partido están de acuerdo con el accionar del gobierno y que han querido enviar un mensaje a su gente, trabajadores del país y “todos los potencialmente maltratados por esta iniciativa de Empleo Público”.
Picado señaló que ya no se puede esconder esta fractura, por lo que hace meses venían solicitando a la dirección del PAC definir una posición pública sobre Empleo Público, pues están convencidos que en fondo y forma la iniciativa es un atropello a la Constitución Política del país.
“Definitivamente es una falta de respeto para los trabajadores, una falta a la institucionalidad pública; por lo que al fin -luego de muchas presiones- el martes pasado logramos que el secretario general del partido nos convocara para discutir el tema de manera franca y abierta, en la cual participamos la mayoría de los miembros y presidentes de las comisiones y llegamos a un discurso común”, comentó el dirigente.
Se redactó un texto, con las posiciones acordadas, sin embargo, detalló Picado, este jueves 15 de abril, al darse a conocer entre los miembros directivos surgieron reclamos de algunos de ellos, por lo que la secretaria tomó la decisión de no sacar a la luz dicha versión.
“Creemos que el PAC está política descalificado y debilitado ante el país y aunque tenemos claro que emitir nuestra posición al público no cambiará la posición del gobierno y la fracción legislativa, queríamos enviar un mensaje simbólico a nuestra gente, levantarles la moral”, detalló la fuente.
Consultado el secretario general del PAC, Anthony Cascante sobre dicha situación, manifestó que “No hay ningún texto de comunicado aprobado por la Comisión Política hasta este momento. La Comisión continúa deliberando al respecto”.
La posición en esencia
Según Picado la posición de los miembros de las comisiones del PAC versa en que el debate sobre esta iniciativa tiene lugar en un ambiente político donde predomina la idea de que lo público es un lastre improductivo que debe ser alivianado a cualquier costa y que la decisión de enmarcar esta discusión dentro de las negociaciones del empréstito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha servido para desnaturalizar este necesario y urgente debate.
“Nuestra posición se enmarca en cinco aspectos esenciales. En primer lugar, que la norma permitirá que las personas servidoras públicas antepongan la objeción de conciencia para rehusar capacitaciones sobre la observancia de derechos humanos en la gestión pública. Además, que el proyecto violenta el principio constitucional de Autonomía Universitaria, sin pasar por alto la urgencia de que las comunidades universitarias revisen y corrijan abusos inaceptables en su modelo de remuneraciones, debe defenderse esta garantía constitucional”.
Asimismo, consideran que la iniciativa golpea la independencia del Poder Judicial y del régimen municipal frente al Poder Ejecutivo y que mediante el artículo 43 del proyecto de ley, se impide la negociación colectiva de las personas trabajadoras, cuando las mejoras en las condiciones de trabajo negociadas impliquen erogaciones para el Estado.
“Estamos claros que hay necesidad de corregir los excesos cometidos en negociaciones pasadas, bajo gobiernos del bipartidismo tradicional. Sin embargo, eso no justifica vaciar de contenido y limitar desproporcionadamente el ejercicio real de un derecho constitucional”.
Por último, señaló que, lejos del discurso que justifica que la ley alcanzaría la equidad entre las remuneraciones entre personas servidoras públicas, la aplicación del salario global solo para funcionarios de nuevo ingreso, deja a unos 29.000 trabajadores en condición de desigualdad.
Desde esta visión, consideran los miembros del PAC, que corresponde abrir un diálogo social y que si se aprueba la iniciativa como está sería un daño lamentable para país.