El proyecto de ampliación y mejoramiento del alcantarillado de la ciudad de Limón tiene un atraso de al menos 7 años que ha generado un encarecimiento de las obras de 41.2%, advirtió en un informe la Contraloría General de la República.
La entidad auditó el avance del proyecto, que ejecuta el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, y que no se ha cumplido con el avance físico y financiero programado para la ejecución de las obras.
“Presenta un retraso de 7 años en la fase de inversión por discrepancias internas de criterio en la selección del material de la tubería a instalar, retrasos en los diseños finales y falta de adquisición de los terrenos para construir las estaciones de bombeo”, detalla el informe.
Según la contraloría, el costo las obras -que se financian con un préstamo con el BCIE por $42 millones para los sectores y una contrapartida nacional de $275.000- se incrementó a $59,4 millones en marzo de 2022, un aumento de 41,2% aproximadamente debido a cambios en el material de la tubería a instalar y ajustes a los diseños, sumado al aumento en el tiempo de los precios de los materiales, equipos e insumos.
Este informe se presentó este viernes, mientras las calles de Limón se llenan de ciudadanos que protestan y reclaman las promesas incumplidas del actual gobierno.
La entidad encontró además que el AyA decidió reducir el alcance del proyecto en uno de sus sectores, planteando que abarque sólo 3 de 15, pero no efectuó una actualización del Estudio de Factibilidad, para reflejar los efectos técnicos, operativos, financieros y económicos de esos cambios.
Por otra parte, la Contraloría asegura que hay incertidumbre sobre la disponibilidad de los recursos financieros del préstamo pues el plazo de vencimiento para efectuar la totalidad de los desembolsos es el 27 de junio de 2023 y aún no se ha acordado prórroga alguna.
Desde el 2020, afirma el informe, el proyecto ha estado en la mira del Ministerio de Hacienda quien determinó que el mismo estaba “en color rojo” y advirtió al AyA los riesgos. “La Dirección de Crédito Público recomendó al AyA, tomar decisiones y acciones concretas y efectivas para no demorar más la ejecución de las obras, así como efectuar un Plan de Aceleración para cumplir los objetivos y metas del Proyecto, todo lo cual no consta que haya sido atendido por ese Instituto”, reza el documento.
Estas y otras situaciones identificadas por el ente contralor se deben a que el esquema de control del proyecto no se adecuó a las demandas y complejidades del mismo, al tiempo que la cultura institucional “no se orienta a la ejecución de inversiones con sustento en el valor de la preinversión y de la gestión de los proyectos como elementos indispensables para la toma de decisiones fundamentadas; sumado a las debilidades en la dirección, supervisión y toma de decisiones; medidas para gestionar los riesgos; los puntos de control que regulen los plazos para efectuar las fases y actividades; y la desvinculación de la normativa interna”.
Debido a todos los fallos encontrados, la CGR ordenó al AyA resolver acerca de la continuidad del proyecto y comunicar lo que resuelve, asó como el plan de gestión de riesgos al Ministerio de Hacienda, Mideplan y la misma CGR. Además, debe resolver acerca de la propuesta de actualización de la normativa interna de AyA.
El ministro de Hacienda por su parte deberá ajustar el Reglamento para Gestionar la Autorización para la Contratación del Crédito Público del Gobierno de la República para que incluya, en relación con el control y seguimiento de los programas y proyectos ejecutados con endeudamiento público, las consecuencias de no atender en los plazos y términos establecidos, las recomendaciones emitidas por la Dirección de Crédito Público o las medidas correctivas propuestas por la propia institución ejecutora.
