Tras meses en mesas de negociación, lobby bancario en su contra y, por último, una consulta frente a la Sala Constitucional, la Asamblea Legislativa aprobó este martes como ley el proyecto contra la usura crediticia (20.861).
Los votos fueron 50 a favor y dos en contra (de los diputados Erick Rodríguez e Ivonne Acuña, quienes adversaron el proyecto desde que se concentró su estudio en la Comisión de Hacendarios, entre noviembre 2019 y febrero pasado).
Este martes, el segundo debate fue retomado después de que el proyecto estuviera congelado durante el estudio que hicieron los magistrados de la Sala IV a todo el expediente legislativo.
La resolución de esa consulta, a favor del proyecto de ley, permitió retomar el trámite dentro del plenario.
El proyecto de ley aprobado contiene tres fórmulas de cálculo que deberán ser aplicadas por el Banco Central (BCCR), órgano encargado de establecer semestralmente los topes legales.
El tope establece un límite de cobro para los créditos que otorgan tanto entidades del Sistema Financiero como prestamistas informales. El deudor afectado podrá usar el referente calculado por el BCCR para acudir a tribunales y tramitar una denuncia penal contra el acreedor que transgrede la normativa.
El delito de la usura está consignado el artículo 243 del Código Penal; no obstante, al no tener referentes numéricos sobre lo que se considera un préstamo “usurario”, existía una imposibilidad para aplicar las sanciones establecidas.
Los topes penales fueron estimados en febrero, cuando se dictaminó positivamente y de forma unánime el proyecto dentro de la Comisión de Hacendarios.
Los créditos generales, que incluyen las tarjetas de crédito, tienen un límite de interés de 39%; los microcréditos de 55% (para este año, los créditos menores a ¢675.300 o “1,5 veces el salario base del salario oficinista 1 del Poder Judicial”) y los créditos en otras monedas usarán el promedio de la tasa activa de “Otras Sociedades de Depósito (OSD) calculada por el Banco Central”.
Lea la explicación legal: Humo blanco: usura pasa a plenario con máximo de 39% para créditos y 55% para microcréditos
Tras su aprobación en congreso, la ley deberá ser firmada por el Presidente y entrará a regir después de que sea publicada en La Gaceta.
Según una investigación de UNIVERSIDAD, la entrada en vigencia de la ley forzará a que 64% de los emisores de tarjetas de crédito del país tengan que replantear sus tasas de interés.
Apoyos y rechazos al proyectos se mantuvieron iguales
En el trámite legislativo, el proyecto de usura enfrentó trabas que los diputados atribuyen a lobby de bancos y, también, criterios adversos de las mismas instituciones que supervisan al sistema financiero (Banco Central, Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y la Superintendencia General de Entidades Financieras).
El criterio técnico de estas últimas tres instituciones fue respaldado hasta el último minuto del debate por los diputados independientes Ivonne Acuña, Erick Rodríguez y los socialcristianos María Inés Solís y Pedro Muñoz (este último, socialcristiano).
Entre otros de sus argumentos, los diputados se oponen a la regulación de precios del mercado y justifican que existirá exclusión para las personas en la formalidad financiera, por lo cual serán acogidas en prestamistas de “narcocrédito”, según detalló Solís en su postura durante el plenario.
Acuña dijo que los diputados habían consensuado los topes de crédito “en una realidad económica diferente y una realidad de mercado laboral diferente, muy distinta a la que tenemos el día de hoy en nuestro país”.
Por otro lado, celebraron la aprobación del proyectos los dos diputados proponentes del expediente, el liberacionista David Gourzong y el oficialista Welmer Ramos.
¡APROBADO EN SEGUNDO DEBATE!
Con el respaldo de Dios y el apoyo de muchos actores, hemos cumplido.
Hoy aprobamos, con…Publicado por David Gourzong Diputado 2018-2022 en Martes, 9 de junio de 2020
“Todos los países de la OCDE tienen tasas máximas de interés. Yo no veo a Francia, ni a Corea del Sur ni a Japón, ni ninguno de esos países, que tenga problemas de exclusión o que se haya empobrecido por esto. Al contrario, hay que defender a la sociedad del abuso que las situaciones difíciles los pueden llevar por parte de otros ciudadanos”, argumentó Ramos.
También parte de la discusión desde la Comisión de Hacendarios, el frentamplista José María Villalta responsabilizó a la Sugef de establecer un “mecanismo activo de vigilancia sobre todos los créditos, incluyendo los de las entidades no supervisadas”.
“Hay una mayor conciencia ciudadana sobre los derechos, (sobre) la necesidad de proteger los derechos económicos. (Hay) una asfixia y un hartazgo de la ciudadanía ante el abuso con las condiciones del crédito, que está sufriendo las consecuencias, una ciudadanía sobreendeudada y hay una actitud remozada, renovada en esta Asamblea legislativa y un liderazgo que no puedo ignorar”, dijo Villalta a sus compañeros legisladores.
Entre otros, también hablaron a favor del proyecto el liberacionista Gustavo Viales y la jefa de fracción del Partido Integración Nacional, Patricia Villegas, quien afirmó que los diputados experimentaron “lobby de la banca privada”.
“No más usura, no más abusos, adiós a la esclavitud financiera”, dijo Villegas, a modo de celebración por el trámite.
