Ante la inhibitoria de la Fiscala General ante el caso de que investiga la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por un supuesto caso de soborno en las concesiones de conservación vial, el fiscal subrogante que asumiría su lugar sería Warner Molina Ruiz, quien fue juramentado el pasado 16 de junio por la Corte Plena.
Sin embargo, la oficina de Prensa del Poder Judicial confirmó a UNIVERSIDAD que dicho funcionario presentó una inhibitoria ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, como fiscal de la República, pero no como Fiscal Subrogante, pues aún no ocupa dicho cargo.
“El motivo de la inhibitoria es por causal de parentesco, con una de las personas investigadas. Precisamente, el Código Procesal Penal, en su artículo 66, establece la excusa y recusación aplicable a funcionarios del Ministerio Público, cuyos motivos establecidos son los mismos que aplican para Jueces de la República, la Ley Orgánica del Ministerio Público también regula la excusa de sus funcionarios”, señaló en su respuesta la oficina de Prensa.
Agregó que en el caso 19-000025-1218-PE investigado por la Fiscalía Anticorrupción, hasta este momento no ha habido necesidad de que la Fiscalía General conozca el expediente, porque no hay ninguna persona con fuero especial o inmunidad que esté implicada en los hechos.
En caso de necesitar que la Fiscalía General se vea en la necesidad de tramitar un expediente paralelo sobre esta investigación, porque se encontrara implicada una persona con fuero especial (Presidente, Ministros, Diputados o Magistrados) sería necesario aplicar un protocolo especial.
Dicho protocolo implicaría que se convoque un Consejo Fiscal (órgano compuesto por fiscales adjuntos) sin la participación de las personas inhibidas, para hacer la votación de una terna de fiscales propuestos para que asuma la investigación contra esa persona con fuero, la cual se enviaría a la Corte Plena para que ese órgano elija a la fiscala o fiscal adjunto a cargo de esa eventual investigación.
Sin embargo, reiteró que el caso se mantiene exclusivamente en manos de la Fiscalía Anticorrupción, la cual cuenta con independencia en sus funciones.
Precisamente la investigación sobre el caso conocido policialmente como “Cochinilla” que lleva a cabo esta Fiscalía, está relacionado con corrupción en contratos de obras viales.
