Vigésimo Segundo Informe del Estado de la Nación

Protesta social tuvo fuerte caída tras llegada del PAC al gobierno

El 2015 cerró con 341 acciones colectivas, una cifra menor al promedio anual (396) y menor que las 587 registradas en el 2014.

A pesar de los resultados negativos en los indicadores de desempeño del Poder Ejecutivo, un creciente descontento ciudadano y la disminución del apoyo hacia la institucionalidad democrática costarricense, el Vigésimo Segundo Informe del Estado de la Nación concluyó que en el 2015 se produjo una considerable reducción en las movilizaciones sociales.

Desde el ingreso del Partido Acción Ciudadana (PAC) al gobierno, en mayo del 2014, las calles han tenido menos protestas, bloqueos y concentraciones.

Datos del Informe indican que en el 2013 hubo 480 acciones de protesta y en el 2014 la cifra aumentó a 587, año en que el 56% de las acciones colectivas fueron entre enero y mayo, es decir, los últimos meses del gobierno de Laura Chinchilla.

Mientras el gobierno de Luis Guillermo Solís tuvo que atender 37 movilizaciones en cada mes durante el 2015, los últimos meses (enero a mayo del 2014) de la administración de Laura Chinchilla tenían un promedio de 65 protestas cada mes.

Steffan Gómez, investigador principal del capítulo de Fortalecimiento de la Democracia del Estado de la Nación, explicó que una de las razones por las cuales hay menos movilizaciones es por el acercamiento sistemático que se ha construido con la apertura de espacios de diálogo entre gobierno y sectores sociales.

Otro elemento que aporta es el grado de cercanía que se presenta entre las partes (por ejemplo, los diferentes actores que, por ser un “gobierno PAC” estuvieron alguna vez en contacto en luchas de los sindicatos) facilita la comunicación y negociación entre los involucrados al reconocer a los dirigentes sindicales como actores legítimos para la canalización de las exigencias ciudadanas.

Aunque estos espacios no son suficientes para la disminución de las acciones colectivas, sí son necesarios para mejorar la efectividad y lograr algún impacto positivo en los grupos que presentan las demandas.

El informe también concluyó que la protesta social tiene un marcado comportamiento estacional a lo largo del año.

En los dos últimos meses del año (noviembre y diciembre) y los dos primeros (enero y febrero) disminuye de manera considerable la protesta social, mientras que en marzo, junio y agosto, las movilizaciones aumentan considerablemente. Estos son meses en los que se desarrollan negociaciones muy importantes en el país como el aumento salarial de medio año y el inicio del ciclo lectivo.

Escenario adverso

A pesar de los buenos resultados y la buena comunicación con el sector sindical del país, el Poder Ejecutivo no parece lograr hacer las cosas de la misma forma con el Poder Legislativo.

Desde 1990, las dos tasas de éxito más bajas del Ejecutivo en las sesiones extraordinarias del Congreso se han registrado en la actual administración: un 2,5% en el primer año y un 7,9% en el segundo. Impulsar proyectos en las sesiones extraordinarias es cada vez más difícil.

El análisis hecho en el Informe destacó que las administraciones que tuvieron las mejores tasas de aprobación de proyectos fueron los que presentaron las agendas más acotadas, con menos proyectos de ley.

En el caso de Luis Guillermo Solís y su gabinete, es la administración que más proyectos ha presentado ante la Asamblea, pero la que menos éxito ha reportado.

Por otro lado, los niveles de confianza de la ciudadanía y las valoraciones positivas de la labor del gobierno se han venido abajo. Según la encuesta Barómetro de las Américas (citada por el Informe), la aprobación ciudadana de la labor presidencial ha decaído desde 2004. El máximo puntaje se reportó en 2008, con un valor de 62,4 en una escala de 0 a 100.

El punto más bajo fue el de 2014: 36,9. El dato más reciente muestra una aprobación ciudadana de 41,9, es decir el segundo más bajo después de Laura Chinchilla.

También, el informe recordó que el Poder Ejecutivo está sometido a una combinación de “presidencialismo débil y multipartidismo fragmentado, que le demanda una mayor apertura al diálogo y negociación con los diversos actores políticos. Además, el Informe es enfático en resaltar que la administración Solís Rivera enfrenta actualmente el escenario político más adverso de los últimos años.

Mejora en Asamblea

Mientras el éxito del Ejecutivo en la Asamblea tiene el peor desempeño desde 1990, el Congreso aumenta su eficacia en la aprobación de proyectos, al evidenciarse una mayor agilización de la agenda parlamentaria.

Los diputados y las diputadas registran una mejoría en la agilización de la agenda parlamentaria y una mayor responsabilidad de cumplimiento de la “promesa democrática” (la que reconoce los derechos de la población o asigna nuevas competencias al Estado).

En el 2016, la producción de leyes fue no solo mayor en cantidad, sino también en calidad, desde la perspectiva del desarrollo humano. Además de agilizar la agenda, el Congreso fue más responsable en términos financieros, especificando las nuevas leyes y los recursos respectivos para su ejecución, algo que no ocurría desde 1990 y que nunca antes se había mantenido dos años consecutivos, como lo ha logrado la actual legislatura.

De acuerdo con el Vigésimo Informe del Estado de la Nación, entre 1990 y el 2016 se promulgaron 879 leyes con mandatos garantistas y el 51% de ellas no especificó los recursos para su financiamiento.

Para el período 2015-2016, de 32 nuevas leyes con mandato garantista, un 47% especificó la fuente de financiamiento necesaria para la concreción de esta mientras que un 41% no lo hizo.

Ante el mejoramiento de la calidad de leyes, el Informe destaca la aprobación y el inicio de trámites y pruebas para implementar un mecanismo electrónico de voto nominal de los diputados, que permitirá identificar la decisión de cada legislador y así, mejorar también la rendición de cuentas.



El descontento generalizado no se traduce en acciones radicales

El capítulo especial del Informe fue dedicado al tema del descontento ciudadano y las implicaciones que este tiene para la estabilidad política en Costa Rica.

El principal hallazgo revela que la creencia de ser un país democrático, libre y defensor de sus recursos naturales, funciona como un gran amortiguador del malestar ciudadano y sus potenciales efectos políticos, pero a la vez, estas ideas son consideradas mitos fundacionales determinantes para comprender la manera en que se percibe la realidad política del país.

El Informe destaca que existe una notoria relación entre el rechazo a los mitos costarricenses y el descontento, entonces conforme aumenta la refutación a las creencias de democracia libre y pacífica, el malestar se incrementa, es decir, el rechazo a estos mitos es el principal disparador del descontento generalizado.

Las soluciones de la ciudadanía, en respuesta a la situación del país y a su descontento, no son radicales, es decir, a pesar del malestar se piensa en una posición cauta y sin la generación de grandes conflictos o protestas.

Ahora bien, el Informe propone que un firme apego a todos estos mitos, podría contrarrestar la insatisfacción, por eso el Informe concluye al descontento como una “poderosa fuerza transformadora” que bien canalizado, podría convertirse en una fuerza muy positiva.



 


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