Según el vaivén de los números de la pandemia y el consecuente relajamiento o endurecimiento de las medidas sanitarias, así es como se ha movido la protesta social en el país.
Ello se demuestra en el informe titulado “Un año de protestas y Covid-19 en Costa Rica”, elaborado por la base de datos PROTESTAS, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UCR, que recién presentó resultados parciales para el periodo de enero a mayo de este año.
Por ejemplo, esa investigación apunta que, aunque datos globales de marzo de 2020 a mayo 2021 muestran que un 72,2% de las 1.542 acciones de protesta registradas tuvieron que ver con la situación social ocasionada por la pandemia, el detalle de este 2021 más bien deja ver que entre enero y abril las protestas directamente relacionadas con la Covid-19 no superaron el 50%.
Sin embargo, en abril y mayo esa tendencia se revirtió una vez más, “al mismo tiempo que el gobierno anuncia una ‘vuelta atrás’ en la estrategia de apertura comercial y cese de las restricciones vehiculares, estableciendo así una nueva política de confinamiento”, se lee en el documento. En esos meses, el tema Covid recobró relevancia y en mayo llegó a representar el 64% de todas las acciones de protesta.
Es decir, cuando las restricciones se relajan, reemergen en la agenda de los sectores sociales temas como el préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la no aprobación del Acuerdo de Escazú o el proyecto de Ley Marco de Empleo Público.
En total, el proyecto PROTESTAS identificó entre enero y mayo de este año un total de 313 acciones de protesta de diferente tipo en el país. El monitoreo de eventos se hace mediante la consulta de las ediciones digitales de La Nación, La Extra, CR Hoy y Socialismo Hoy. El documento se puede consultar en el sitio Protestas.iis.ucr.ac.cr.
Ronald Sáenz, politólogo investigador del IIS y coordinador del proyecto, aseveró que “la dinámica Covid permeó toda la movilización colectiva”, sobre todo en los primeros meses “muy calmados” de la pandemia. Pero “cuando empieza el baile y martillo, las restricciones al comercio y tránsito, la gente empieza a salir a la calle, en junio y julio del año pasado, y se mantiene hasta septiembre”.
¿Se desinfló Rescate Nacional?
Es justo tras ese periodo cuando en octubre se da la gran movilización del Movimiento Rescate Nacional (MRN) y lleva a cabo 15 días de bloqueos en todo el país.
Al respecto, el Informe apunta que “el pequeño ciclo de movilización registrado hacia octubre de 2020 en realidad ha sido una excepcionalidad, en parte guiada por una articulación de demandas coyuntural, la cual no logró mantener su talante en los meses venideros”.
Sáenz puntualizó que el MRN no ha logrado reeditar en 2021 la capacidad de articulación para bloquear el país que mostró en 2020, lo cual “amerita un estudio de caso” que observe particularidades como ruptura de liderazgos dentro de ese movimiento y el hecho de que trabaja una “agenda monotemática” alrededor del recién aprobado préstamo con el FMI, que “no moviliza tanto como en 2020, fue bastante coyuntural”, reiteró.
Sofía Cortés, historiadora, docente y también investigadora del proyecto PROTESTAS de igual forma se refirió al contraste que ofrece el MRN, y apuntó un detalle que “no es sorpresivo, pero llama la atención”, que es la identificación de “una suerte de estacionalidad en la protesta del MRN”, ya que tras surgir como actor relevante en setiembre y octubre de 2020, “en los datos de 2021 parece que es en los primeros 10 a 15 días de cada mes que Rescate Nacional trata de organizar acciones contundentes, recurren al bloqueo frecuentemente, también a marchas y tortuguismo, pero no con la misma intensidad de octubre”.
La investigadora, sin embargo, dijo que se requiere mayor investigación para saber a qué se debe el comportamiento particular de la convocatoria de ese movimiento.
Por su parte, Célimo Guido, líder más visible del MRN, ante la pregunta de a qué se debe que el amplio nivel de convocatoria de ese movimiento el año pasado no se repitió hasta ahora en 2021, replicó que “es obvio, el Presidente de la República tiene al país sitiado, en algunos puntos estratégicos mantiene permanentemente 100 a 300 policías antimotines, incluso tirando disparos al aire, agarrando gente, hasta comunicadores, robándoles cosas que llevan dentro de los carros, golpeando gente, deteniéndolos hasta seis horas sin que estén bloqueando”.
El exdiputado insistió en esa idea y añadió que “es un ejército tirado a la calle por el gobierno, un estado de sitio fumigado con gases y garrotazos, en el país hay sectores sitiados por la Fuerza Pública”.
Luego lamentó que “la mayoría de las cúpulas sindicales se entregaron al gobierno” y sí reparó en el peso de la pandemia y las restricciones que impiden a la gente salir. “Todo es adverso”, acotó.
Guido añadió que albergó la esperanza de que “desde la UCR los intelectuales aporten algo, pero solo aportan cuando les tocan los intereses mezquinos de la cúpula”.
Así, el dirigente insistió en que “es difícil, para tirarnos a la calle no hay un cinco, los sindicatos no aportan cuando queremos movilizarnos, los oficiales de tránsito bajan placas, es muy duro pero nos estamos organizando en el Caribe, Guanacaste, en todo lado, la pelea no termina simplemente porque aprueban un crédito más”, dijo en referencia a la reciente aprobación del préstamo con el FMI en la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, insistió en que pesa “definitivamente la represión policial” y dijo que se trata de “gente graduada en carabineros chilenos y con un ministro mañoso que ha sido capaz de infiltrarnos gente en diferentes zonas del país”.
Sin embargo, con evidente optimismo, Guido afirmó que “la gente está en la pelea, hay movimiento en el Sur, en el Norte y en el Caribe, esta pelea va para largo, no para por la aprobación del crédito”.
Encrucijada sindical
A título personal, Ariane Grau, quien coordina la escuela sindical de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), llamó la atención respecto del informe al hecho de que, a pesar de la pandemia y de las restricciones que han impedido por ejemplo que las personas se puedan reunir, las protestas sencillamente no han parado, pero “sí se han visto atravesadas por las nuevas condiciones”.
Esas nuevas condiciones tiene que ver con que “excepto ese pico de actividad en octubre de 2020, las protestas han estado a la baja”, pero sobre todo observó el llamado repertorio o formas de protestar, pues “la gran mayoría son declaraciones públicas, protesta expresada en un documento”, mientras que “las acciones de calle, como marchas o bloqueos, han estado muy debilitadas”.
Sin embargo, Grau subrayó un elemento más de análisis: el hecho de que el proceso de pandemia inició en Costa Rica pocas semanas después de que se aprobara la Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, más conocida como ley antihuelgas, ya que “limita y prohíbe en varios sectores la realización de huelgas”.
La activista destacó al respecto que desde entonces “no hemos tenido ninguna huelga grande” lo cual en su criterio se debe, además de la aprobación de la mencionada ley antihuelgas, al desgaste y desmoralización que significó para el sector sindical la derrota en 2018 del movimiento contra la reforma fiscal.
Destacó que “aún en esas condiciones, en el informe es el sector que más protestas organiza”, lo cual también se debe a que “las condiciones laborales son el aspecto por el que más se protesta, pero el método de protestar cambió”.
Al mismo tiempo, observó que las acciones se siguen concentrando en el sector público, concretamente en educación y salud, pues “tienen alto grado de organización sindical pero también han estado al frente de atención de pandemia en diferentes niveles”.
Sin embargo, Grau enfatizó que el sector público tiene capacidad de respuesta por estar organizado, lo cual no es el caso en el sector privado, “que ha enfrentado el desempleo”.
Recordó que “desde que empezó pandemia, el gobierno ha tomado medidas antilaborales —como la reducción de jornadas y salarios— y han tenido cero respuesta de la clase trabajadora del sector privado, lo cual tiene que ver con la falta de organización sindical”.
Sectores desprotegidos
El estudio definió cuatro grandes sectores que han sido protagonistas de las protestas: el sector laboral, que aglutina a sindicatos; el empresarial; el estudiantil, que incluye a grupos de padres y madres, y el llamado sector ciudadano donde se clasifica a iniciativas como el MRN.
La investigadora Cortés llamó la atención al aspecto que consideró más preocupante y es precisamente “la falta de respuesta organizada de forma contundente de los sectores más afectados por todas las consecuencias económicas de la pandemia”; principalmente, según señaló, el gran sector del empleo informal o subempleo, personas jóvenes, mujeres en su mayoría.
Insistió en que se trata de las personas más afectadas pero que “no se ven representadas en las organizaciones existentes, en los actores que aparecen de forma más recurrente”. Añadió que esa realidad no es “tendencia de ahora sino de varios años, tal vez este sector encuentra dificultades para organizarse y encauzar sus demandas y presionar”.
Tanto Cortés como Sáenz observaron una coincidencia de sectores normalmente opuestos, como sindicatos y grupos empresariales, al ocuparse casi al mismo tiempo de temas como el proyecto de empleo público o el préstamo del FMI, con la importante diferencia, además de que empujan para lados opuestos, de que las organizaciones laborales recurren más acciones de protesta de calle, mientras que a los empresarios les basta con recurrir a pronunciamientos públicos para ejercer presión sobre las autoridades públicas.
La pandemia como Caballo de Troya
Entre las conclusiones ofrecidas por el Informe, se puede destacar el hecho de que en Costa Rica la pandemia pilló al país en “un contexto idóneo para profundizar la tendencia que ha marcado desde un inicio la gestión Alvarado Quesada”.
Esa tendencia es definida como “un entorno político cerrado en el que la élite empresarial ha poseído un acceso privilegiado en la influencia para el manejo de la política económica nacional, relegando al resto de sectores económicos y sociales de la discusión en torno a la capacidad de respuesta estatal”.
Por ello se asevera queo “bajo el argumento de la crisis económica profundizada por la pandemia, se ha caminado en acelerar la tramitación y aprobación de proyectos de ley destinados a profundizar la reforma estructural en el país”.
