Movilizaciones contra represas y agroquímicos

Protesta ambientalista buscó informar a la población y presionar a las autoridades

El pasado jueves poco más de una centena de personas -algunas provenientes de Turrialba y Pérez Zeledón coincidieron en manifestaciones en las calles de San José

El pasado jueves poco más de una centena de personas -algunas provenientes de Turrialba y Pérez Zeledón coincidieron en manifestaciones en las calles de San José y frente a la Corte Suprema de Justicia para rechazar la construcción de proyectos hidroeléctricos y sumar sus voces a la oposición al uso de agroquímicos en el país.

La marcha contra proyectos hidroeléctricos en Bonilla de Turrialba y San Pedro de Pérez Zeledón fue convocada por la Federación Conservacionista (Fecon), Ríos Libres Turrialba y el Movimiento Ríos Vivos.

Por otra parte, el Bloque Verde ese mismo día convocó a una actividad de recolección de firmas para apoyar una acción de inconstitucionalidad contra decretos de registro de agroquímicos y un recurso de amparo que pide se deje de usar el ingrediente activo glifosato, muy utilizado en muchos pesticidas y demás.

Las actividades iniciaron con una manifestación que partió del parque de San Pedro de Montes de Oca hacia los tribunales de justicia.

Las poco más de cien personas manifestaron su rechazo a dos proyectos hidroeléctricos en Bonilla de Turrialba (PH Bonilla 510 y PH Bonilla 1320 ) y otro más en Pérez Zeledón, el PH San Rafael, todos gestionados por la poderosa empresa constructora H Solís. Osvaldo Durán, de Fecon, dijo que el país atraviesa “un momento crucial con varios proyectos hidroeléctricos” y que la posibilidad de que el gobierno firme un decreto de conveniencia nacional sobre el PH San Rafael implica que las comunidades aledañas al río del mismo nombre “están amenazadas directamente”.

Activistas lograron recolectar firmas para apoyar una acción de inconstitucionalidad y un recurso de amparo contra los agroquímicos. Uno de los “acuerdos” con el sector ambiental del entonces candidato Carlos Alvarado fue que “fortaleceremos la producción orgánica”. (Foto: Miriet Ábrego).

Añadió que desde que se empezó a discutir el proyecto en el 2013 “demostramos que no es viable social ni ambientalmente”.

Añadió que el Ministro de Ambiente y Energía cuenta con “senda documentación técnica, muy bien fundamentada” que demuestra que el proyecto no es viable ambiental ni socialmente.

Denunció además que “en ningún proyecto que yo recuerde de muchos que he visto en este país, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) se había pegado de manera tan absolutamente clara y directa al dicho de una empresa”.

Según dijo en el caso del PH San Rafael, la empresa H. Solís “hizo una petitoria clara y expresa a Setena, en documentos y también en una reunión de comisión plenaria a la que no pudieron asistir las comunidades, para que no realizara audiencia pública.

Setena aceptó la información que la empresa le dio, no quiso escuchar lo que las comunidades decían y abierta, directa y claramente decidió que no se hiciera esa audiencia pública”. Durán puntualizó que la manifestación “puede tomarse en dos sentidos”.

En primer lugar, apoyar al jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) Carlos Manuel Rodríguez, para que “en un acto de sensatez, cordura y de racionalidad no le dé bajo ninguna circunstancia la conveniencia nacional” al PH San Rafael.

Pero, al mismo tiempo, es “un llamado de atención a él y a todo el Minae para que revisen con cuidado toda la documentación que les hemos presentado durante todos estos largos años, para que reflexionen técnicamente y se den cuenta que un proyecto con esa cantidad de vicios de nulidad no debe aprobarse”.

En la marcha participó el diputado José María Villalta, del Frente Amplio.

El legislador subrayó que por años su partido ha apoyado “a las comunidades de Pérez Zeledón y al movimiento Ríos Vivos en su lucha contra la privatización de los ríos, contra proyectos hidroeléctricos, que además de ser desastres ambientales -porque dañan ríos prístinos, que tienen vinculación con las comunidades y potencial turístico inmenso-, son proyectos leoninos que terminan de desangrar las finanzas públicas, pues obligan al ICE a comprar electricidad en condiciones totalmente desiguales”.

El sitio oficial del PH San Rafael destaca, entre otras cosas, que para minimizar el daño ambiental, proyecta la construcción de una estructura llamada escalera de peces, que permitiría “la migración natural de los peces imitando una porción de río”.

RECHAZO A AGROQUÍMICOS

Tras la llegada de la marcha, frente a la Cortes Suprema de Justicia se instaló el grupo de activistas que buscan sumar coadyuvancias a una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 41481-MAG, de la actual administración, que busca agilizar el registro de agroquímicos.

También se buscó apoyar con firmas un recurso de amparo presentado hace meses por personas de Bagaces contra el uso de glifosato, pues evidencia científica internacional lo vincula a la alta incidencia de enfermedad renal crónica no tradicional, de alta incidencia en la zona.

El activista Jaime García, ante consulta de UNIVERSIDAD, dijo que “pareciera que quieren seguir en esas dirección”, en el sentido de que la administración Alvarado parece dar continuidad al trabajo de la gestión de Luis Guillermo Solís, cuando se firmó un paquete de decretos sobre el tema.

Así, apuntó que la posición del gobierno “no es lo correcto” y que la Sala Constitucional es ahora la que tiene el tema en sus manos, “veremos qué decide, pero los argumentos y la razón parecen estar de nuestro lado”.

Destacó que se trata de “productos tan peligrosos tienen que llevar un control específico y cada país debe llevar esos controles de acuerdo a sus propias condiciones”, ya que son muy diferentes en un medio tropical con alta biodiversidad, que en países desarrollados.

Enfrentado a los argumentos de las cámaras empresariales de la agroindustria agropecuaria y de insumos agropecuarios, en el sentido de que es la agricultura tradicional que recurre a estos productos la que garantiza la comida, García replicó que ello “no tiene ningún sentido.

Obviamente si ellos plantean una situación extrema eso pasaría, porque una gran parte de la agricultura tradicional ya es adicta al uso de estos venenos, que eufemísticamente llaman medicinas.

Pero sí se puede producir sin los agroquímicos, la prueba es que la agricultura orgánica existe”.

García además lamentó que a pesar de que ya existe una ley y un reglamento sobre agricultura orgánica, “ahí está en el papel nada más, porque el Ministerio de Agricultura no se ha interesado en ponerla a actuar, más bien ponen trabas”.


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