Utilizar hasta un 20% de las reservas en dólares del país que se encuentran en el Banco Central de Costa Rica (BCCR), para atender la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia de Covid-19, se encuentra entre las medidas dadas a conocer hoy por la Universidad Nacional (UNA), como parte de su “Propuesta al Estado para la generación de ingresos en el marco de la coyuntura sanitaria COVID-19”, que entregó a Casa Presidencial el 20 de agosto pasado.
Roxana Morales y Olman Segura, economistas de esa universidad pública afirmaron, sin embargo, que “la mejor fuente de financiamiento para el Estado es una buena reactivación económica, que sea realizada con equidad”.
La propuesta es fruto del trabajo de una comisión nombrada por la rectoría de esa institución, a petición del Consejo Universitario y abarca medidas para incrementar los ingresos públicos, disminuir el gasto y reactivar la economía.
Roxana Morales, actual vicerrectora de Administración, dijo que, en cuanto a nuevas fuentes de ingresos, buscaron medidas “desde una visión progresiva”.
“Es necesario que el país piense primero en una propuesta de reactivación, avanzar a renta global, que se aplique un solo impuesto independientemente de que la fuente de los ingresos sea por salarios, rentas o inversiones”, dijo.
Además, la UNA propone modificar los tramos del Impuesto sobre la Renta de modo que los salarios superiores a ¢2.163 millones paguen el 25% y a partir de ¢4.325 millones paguen el 30%, en ambos casos como una afectación extraordinaria únicamente por 12 meses.
También apoyan el “Impuesto Tobin”, de 0,3% a las transacciones financieras, pero para que sea aplicado solo a las superiores a ¢1 millón de colones (en este caso, ¢3.000 por transacción), con excepción de las realizadas para pagar planillas y por cajeros automáticos. La vigencia también sería únicamente por 12 meses.
Además, proponen impuestos del 15% al 18% a las rentas y ganancias de capital; del 8% al 10% a los rendimientos por títulos valores en moneda nacional, a los títulos emitidos por las cooperativas de ahorro y crédito, así como a los excedentes o utilidades pagadas por las asociaciones solidaristas, durante 12 meses.
Las rentas por concepto de alquileres se mantendrían pagando el 15% y los rendimientos de los ahorros en asociaciones solidaristas y cooperativas de ahorro y crédito se mantendrían en el 8%.
En cuanto al impuesto a las rentas y ganancias de capital, la UNA propone un impuesto de 10% a las sucesiones o herencias mayores a los ¢100 millones y un impuesto extraordinario de ¢0.25 por mililitro de cerveza y de ¢0.30 por mililitro al resto de licores, durante 12 meses.
También proponen solicitar una contribución solidaria voluntaria de las empresas de Zonas Francas, de 1% sobre la renta bruta que sea mayor o igual a los $500 millones anuales, por 12 meses, es decir por una única vez.
En lo que respecta a otras fuentes de financiamiento, Olman Segura, ex rector de esa universidad, dijo que era necesario usar parte de las reservas en dólares del país -hasta un máximo del 20%-para inyectar liquidez al mercado local, lo cual aportaría $1.600 millones “para enfrentar la crisis sanitaria”.
Agregó que también podía recurrirse a la emisión de bonos de emergencia por el Ministerio de Hacienda, por la misma suma de $1.600 millones, a 3 años plazo, los cuales fuesen adquiridos por el BCCR.
Además, llamó a utilizar “recursos acumulados que se encuentran sin aplicación”, como entre el
30% al 40% de los recursos acumulados por el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), lo cual representaría un monto de entre ¢61.200 millones y ¢81.600 millones.
La propuesta incluye eliminar las exoneraciones de impuestos -que alcanzan hasta un 5% del Producto Interno Bruto-, y equivalen a ¢2 billones anuales. Recalcó que al menos deberían reducirse a la mitad.
En cuanto a la gestión de la deuda pública, la UNA propone solicitar una moratoria total o parcial de la deuda por 36 meses ante los organismos multinacionales.
También plantea reestructurar la deuda pública en cuanto a su conformación, aumentar los plazos y reducir las tasas de interés.
Además, sugiere que la reducción de la evasión y la elusión fiscal no solo se realice mejorando las capacidades tecnológicas del Ministerio de Hacienda sino haciendo un seguimiento más estricto y un monitoreo más permanente para evitar la elusión y la evasión fiscal.
Por último, la UNA llamó a hacer una gestión y un uso transparente de los nuevos ingresos por impuestos, mediante reportes especiales del uso de esos recursos por parte del Gobierno.
Como conclusión, Segura afirmó que “resulta urgente la reestructuración del Estado, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sin él. Es necesario buscar un sistema fiscal progresivo que afecte menos a los segmentos de ingresos más bajos, buscando solidaridad, equidad y justicia social. Es urgente la necesidad de llamar a un diálogo de todos los actores económicos y la búsqueda de soluciones alternativas, pues deben aplicarse medidas en todas estas áreas y aplicar medidas de reactivación”.
“No hay mejor fuente de ingresos que una buena reactivación”, concluyó.
Roxana Morales, por su parte, dijo que “la negociación de un crédito con el FMI es positiva, porque dará recursos frescos, pero no es suficiente este crédito para hacer frente a las necesidades del país. Hay que tener credibilidad para requerir más recursos del mercado internacional porque el problema no se resolverá únicamente con ese crédito”.
“Es necesario establecer una hoja de ruta para la reactivación, pues, no se puede volver a la normalidad pre-pandemia, hay en el país una alta concentración del ingreso, un desarrollo regional desigual y es necesario atender a las poblaciones vulnerables y más afectadas por la crisis, como las mujeres”, enfatizó.
