El objetivo de las autoridades de correr con una reestructuración del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) terminaron con una propuesta descarrilada ante el organismo rector, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El ente rector de AyA no le dio luz verde a la propuesta de reestructuración para la organización del instituto, presentada en mayo, apenas poco más de un mes de los acontecimientos que habrían motivado su presentación, el comunicado del Ministerio de Planificación sobre una posible estructura paralela en la entidad y tan solo una semana luego de que el presidente ejecutivo, Alejandro Guillén, y la ministra de Planificación, Laura Fernández, denunciaran ante la Fiscalía un posible delito continuado por una serie de unidades que funcionaban sin haber sido aprobadas en la reorganización del 2008.
Curiosamente, mientras alegaban que alrededor de 80 unidades funcionaban sin los estudios técnicos y requisitos de ley, precisamente la falta de justificaciones técnicas y estudios habría sido un factor para evitar el avance de la propuesta de reforma actual.
Así se sugería en un memorando del 22 de mayo, remitido por personal de la Dirección Jurídica, en el que, ante la eventual remoción de 4 de las 8 direcciones de esta materia por la reestructuración, solicitaba la recomendación técnica de la Dirección de Planificación Estratégica y los estudios técnicos que sustentaban la propuesta.
AyA se estanca mientras Gobierno tropieza en intentos de redirigir entidad
Cambios en puestos, intentos de reestructuración y polémicas internas complican el desempeño, sin tener alguna evidencia de avances en el funcionamiento de la institución.
Una petición parecida realizó Mario Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (SITRAA) el 31 de mayo, en el que solicitó a la gerencia una copia de los estudios técnicos que sirvieron como base para plantear la reestructuración y del estudio financiero para determinar posibles despidos. “No había estudios, por eso el ente rector (MOPT) lo rechazó”, dijo Rodríguez, quien también cuestionó la transparencia en este tema (nota aparte).
El sindicalista aseguró que el objetivo de la reforma apunta a concentrar el poder en las autoridades políticas, en detrimento de autoridades técnicas y del propio AyA, y asegura que eso se propicia desde la misma propuesta. “Nosotros solicitamos una comisión para proponer la reorganización, pero nos respondieron que sería la gerencia general la responsable”, expresó.
UNIVERSIDAD procuró la opinión de Gabriela Vallejos, la gerente general de AyA, pero en su oficina indicaron que, por su agenda, solo podría atender una entrevista la próxima semana.
Propuesta de AyA es modelo verticalista
La propuesta para una nueva estructura del AyA que refrendó la actual Junta Directiva, el pasado 3 de mayo, recomienda pasar de la estructura que combina el nivel de dirección político con las direcciones y unidades operativas a un esquema en el que cuatro instancias políticas tienen un claro control de la toma de decisiones.
La propuesta es un documento de 121 páginas, en la que se detalla un punto de partida: se considera que una de las dificultades de AyA para concretar sus inversiones está en la dispersión de los procesos en su estructura organizacional y la escasa gobernanza. Esto hace que se requiera de “una coordinación compleja”.
La propuesta para enfrentar esta situación —que se concentra en las inversiones— es cambiar la estructura de AyA, para brindar a la administración superior mayor control de las inversiones, centralizando todos estos procesos en una sola instancia, lo que elimina la necesidad de coordinar con áreas que tienen prioridades distintas. Se plantea que el control de estas inversiones permitirá una mejora en los servicios públicos.
Así que se formula pasar de una organización con 4 direcciones políticas, 10 direcciones asesoras, 21 direcciones de nivel directivo y 14 de unidades operativas, a un esquema en el que la Presidencia ejecutiva agrupa todas las unidades asesoras, mientras dos unidades políticas (Dirección Técnica y Administración Financiera) tiene bajo su autoridad cinco departamentos.
La huella de la polémica
La actual estructura organizacional del Instituto de Acueductos y Alcantarillados evidencia lo pausado que son estos procesos. La Junta Directiva presentó la propuesta en el 2007 al Ministerio de Planificación, que se registró el 13 de marzo del 2008, mediante el oficio DM-125-08.
Sin embargo, todavía se requerían ajustes. La Junta Directiva de AyA, en su sesión del 27 de abril del 2010, aprobó un Manual de Organización, y en el acta 029 2010, el presidente legislativo, Ricardo Sancho, enfatizó que no se realizaban cambios a la estructura organizativa, sino ajustes que la Contraloría General de la República solicitó para los niveles más bajos de la organización.
Precisamente en el informe DFOE-ED-7-2009, la Contraloría ordenó a la Junta Directiva del AyA una revisión del Manual de Organización de esa institución, para que contemplara todas las unidades del instituto, sus funciones y responsabilidades.
En ese sentido el director de Planificación, James Philips, declaró que lo que se hacía a la estructura era clarificar algunos procesos funcionales, pero que partían del mismo organigrama. “Nos circunscribimos a los procesos derivados de la estructura vigente”, dijo en esa sesión.
Sin embargo, tanto la ministra de Planificación, Laura Fernández, como el presidente ejecutivo de AyA, Alejandro Guillén, discrepan de esta visión y sostienen que el acuerdo en el que se aprobó el Manual de la Estructura Organizativa “muestra una estructura organizacional distinta a la presentada en el 2008 y que no cumple con la normativa aplicable en ese momento para modificar la estructura organizacional, es decir, no se presentó un estudio técnico, aval del ministro rector, pronunciamiento de la Unidad de Planificación Institucional y acuerdo de la Junta Directiva del AyA respecto al estudio técnico”.
Alegaron que, pese a las expresiones de Sancho, se incorporó una serie de unidades organizacionales que operaban de hecho, pero no a derecho, estableciendo una serie de puestos y cargos que, a la fecha, aún se mantienen. Al respecto, Fernández especificó que “hay alrededor de 78 unidades organizacionales funcionando, con sus jefes y todo, sin que sea lo oficialmente aprobado”.
