Las solicitudes de 56 grandes empresarios del país y académicos influyentes como ruta para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia por el COVID-19 están directamente relacionadas con las propuestas que el Poder Ejecutivo ya ha realizado en la misma línea.
Los firmantes hicieron un “vehemente llamado a las señoras y señores diputados de todas las fracciones políticas, por una parte, y al Poder Ejecutivo, por otra, para que aprueben a la mayor brevedad posible” cinco puntos, cuatro de los cuales se han presentado desde Casa Presidencial y uno que está en discusión en el plenario legislativo.
Presupuesto extraordinario
Como primer punto de la carta, los empresarios pidieron la aprobación del presupuesto extraordinario presentado por el Gobierno.
“Es claro que este recorte no es todo lo que se requiere, y que habrá que hacer esfuerzos adicionales muy pronto, pero es un paso importante en la dirección correcta. Es imperativo aprobar los recursos necesarios para el financiamiento del programa Proteger y la sostenibilidad de la CCSS”, dice la comunicación.
El 13 de julio, el Ministerio de Hacienda dio a conocer un tercer proyecto de presupuesto extraordinario, donde se contempla un recorte a partidas por ¢327.974 millones.
La solicitud empresarial respalda plenamente la iniciativa de Casa Presidencial y pide a los diputadas y diputados que aprueben cuanto antes la solicitud del Ejecutivo.
En un segundo punto, el empresariado sostiene que es imperativo aprobar el proyecto de reducción temporal de la jornada laboral, en un 15%, para los funcionarios del sector público con salarios de más de ₵1,5 millones. Esta también es una de las medidas estrella que defiende el Poder Ejecutivo.
Junto con el presupuesto extraordinario, Hacienda colocó para su trámite dicho recorte, lo que, según un comunicado de prensa enviado a los medios, impactaría a 35.000 funcionarios. Este recorte se aplicaría por doce meses a partir de la entrada en vigencia de la ley.
Ley de empleo público
Una tercera propuesta del empresariado es que se apruebe el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, el cual consideran es “una herramienta para dar coherencia a las relaciones laborales en el sector público, atacar las inequidades que el esquema fragmentado actual genera y, al mismo tiempo, crear los incentivos correctos para atraer el talento necesario para el buen funcionamiento de las instituciones públicas”.
Nuevamente, esta ley que apoyan los firmantes nació desde el Poder Ejecutivo. El 18 de mayo de este año, la ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), Pilar Garrido, presentó a la Asamblea Legislativa la propuesta de texto sustitutivo para la Ley de Empleo Público.
Según Garrido, con las modificaciones se ahorraría un 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB), mediante un único régimen de empleo público conformado por ocho familias de puestos: profesionales y no profesionales, ciencias de la salud, policías, educadores, universidades, judiciales, servicio exterior y de confianza. Este aplicaría únicamente para nuevas contrataciones.
La idea de los empresarios al apoyar estas propuestas para el sector público es que parte de las causas que han llevado a la actual crisis que enfrenta el país, además del COVID-19, están relacionadas a “un aumento desmedido de las remuneraciones en el sector público producto, principalmente, de la acción de grupos de interés que desde el interior de las instituciones pugnan por la apropiación indebida de rentas y de los escasos recursos que deberían estar destinados a cumplir con los mandatos institucionales”.
Consideran que la única forma de salir de las dificultades económicas es mediante un “espacio fiscal que solo se podrá alcanzar con importantes reformas al sector público y al empleo público”.
Aprobar préstamos internacionales
La tercera solución que el grupo de empresarios ofrece al país es la aprobación de un crédito externo, dentro del Programa de Facilidad Rápida, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $504 millones.
Este proyecto surgió desde Casa Presidencial, cuando el 7 de julio, el Consejo Económico envió una carta a la Comisión de Asuntos Hacendarios solicitando la aprobación de dicho préstamo, ya que “no solo contribuye al financiamiento responsable del Gobierno este año, sino también porque representa un voto de confianza del FMI en el marco de políticas macroeconómicas y financieras del país”, según aseguró Mideplan.
El crédito que los firmantes urgen aprobar representaría, además, unos $2.250 millones en tres años, de acuerdo con Casa Presidencial.
Reforma al INA
Como quinto punto, los empresarios pidieron la aprobación de la reforma al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), que se tramita bajo el expediente 21.738.
El proyecto busca que el INA tenga una respuesta “eficaz y oportuna a los retos y oportunidades que plantea la Cuarta Revolución Industrial” y sugiere una reforma al régimen de empleo, que se encuentre fuera de Servicio Civil.
Además, las modificaciones abarcan el otorgamiento de becas a personas en condiciones de vulnerabilidad y la oportunidad de recibir servicios de capacitación y formación en otras instituciones avaladas por el INA.
Los mecanismos de contratación administrativa, la creación de fideicomisos para construcción y la inclusión de empleabilidad y desarrollo empresarial, uniendo al INA con los objetivos del programa de Banca para el Desarrollo, se encuentran también entre las modificaciones presentadas por el proyecto.
“Solo permitiendo dicha transformación seremos capaces de brindar el conocimiento y capacitación a los trabajadores para su reinserción en el mercado laboral”, afirmaron en la carta.
Este proyecto, presentado por diputados de diversas fracciones, fue dictaminado afirmativamente el 25 de junio y espera su discusión en el plenario.
Mejora en trámites
El documento del empresariado pide al Poder Ejecutivo, entre otras ideas, que se aceleren los esfuerzos “iniciados por el Gobierno y el sector privado en temas de mejora regulatoria y racionalización de trámites, así como en la estrategia de transformación digital”.
Esta ruta ya fue iniciada por el Ejecutivo, en alianza con el grupo empresarial Horizonte Positivo (muchos de los firmantes pertenecen a dicha organización) el pasado 27 de mayo, a través de un convenio denominado “Costa Rica Fluye”, con el que se busca “plantear una solución integral para quitar o reducir excesiva tramitología vigente en 25 instituciones, que ha entrabado por décadas la economía nacional”, según Casa Presidencial.
Estas son las propuestas de empresarios y trabajo en marcha de Casa Presidencial
| Firmantes | Poder Ejecutivo |
| Aprobar presupuesto extraordinario y recorte al gasto. | El 13 de julio Hacienda presentó un tercer proyecto de presupuesto extraordinario, con recorte a partidas por ¢327.974 millones. |
| El proyecto de reducción temporal de la jornada laboral en un 15% para los funcionarios del sector público. | El 13 de julio Hacienda presentó dicha propuesta para los trabajadores cuyo salario mensual bruto fuera superior al ₵1.5 millones.
La propuesta impactaría a 35.000 funcionarios durante doce meses a partir de la entrada en vigencia de la ley.
En total, el beneficio de este recorte sería ¢129.700 millones, que irá a caja única y a manos de Hacienda. |
| El proyecto de contratación de un crédito externo dentro del Programa de Facilidad Rápida con el FMI por $504 millones, expediente 22.018. | El Consejo Económico envió el lunes 7 de julio una carta a la Comisión de Asuntos Hacendarios, a los jefes de fracción y a los diputados independientes de la Asamblea Legislativa, para solicitar la aprobación del crédito. |
| El proyecto de Ley Marco de Empleo Público. | La ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), Pilar Garrido presentó el 18 de mayo a la Asamblea Legislativa la propuesta de texto sustitutivo para la Ley de Empleo Público. |
| La aprobación de la reforma al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), expediente 21.738 | El proyecto tuvo un dictamen afirmativo en junio de este año y está en plenario a espera de su discusión. |
| Mejora regulatoria y racionalización de trámites, así como la estrategia de transformación digital | El 27 de mayo, el Poder Ejecutivo y el grupo de empresarios Horizonte Positivo firmaron el acuerdo “Costa Rica fluye” para incidir en los puntos que señalan los firmantes. |
