“Tiene que haber un ordenamiento territorial, claro está”, dice con franqueza el joven Bentlin Villalobos, activista del colectivo Cahuita Unida. Al mismo tiempo, denuncia que “no se está tomando en cuenta lo que ya hay y se viene con un plan que es precisamente para fortalecer el turismo de alto nivel; entonces, esto no está hecho para la población, está hecho para inversores y se va a perder totalmente la esencia de lo que es el Caribe”, asegura.
Con esa claridad expresó su preocupación ante la propuesta de Plan Regulador Costero (PRC) que la Municipalidad de Talamanca propone para el distrito de Cahuita, en el Caribe Sur.
Su familia posee un emprendimiento de tres cabinas en la zona marítimo terrestre (ZMT), precisamente en el poblado de Cahuita, en un terreno que han ocupado por más de cien años, aseguró, y le preocupa que, con la eventual implementación del PRC, se vean desplazados.
Villalobos puntualizó que el hecho de que se haya ocupado el terreno no da ninguna garantía de que, eventualmente, la Municipalidad les otorgue una concesión, pues podrían entrar a competir con inversionistas poderosos.
Pero, aún si logran la concesión, para dedicarse al turismo se debe cumplir con requisitos establecidos por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y que, en el caso de este tipo de negocios, impone un mínimo de siete cabinas.
Ahora, el terreno de su familia se ubica en una zona que quedaría tipificada como “mixta”, según la propuesta de PRC, que también permite viviendas. Pero, en ese caso, “solo se puede una concesión por núcleo familiar, para vivienda solo se permite por casa 200 metros cuadrados y una casa unifamiliar”.
“Vamos a ver, esto no es algo hecho a la medida, para nada. Esto viene copiado de lo que se ha visto en Guanacaste, por ejemplo, y vienen grandes inversores y demás y la población se va cada vez apartando un poquito de la costa. Obviamente, sí genera empleo y demás, pero qué clase de empleos, estamos hablando de misceláneos con con niveles de salarios bajos, casi que explotados”, observó.
“Seguridad jurídica a la inversión”
En efecto, una profunda alteración del territorio y, con ello, de la cultura local, parece ser una consecuencia irremediable de la implementación del PRC que impulsa la Municipalidad con el apoyo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
La división propuesta del territorio en zonas turísticas o mixtas y demás, que vendrían a imponerse en sitios donde ya habitan personas que tendrían que acomodarse a los nuevos requisitos para solicitar concesiones, en algunos casos económicamente prohibitivos, ha generado una honda preocupación en las comunidades de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo.
Se trata de una zona de una belleza natural titánica, que también ha destacado históricamente tanto por la seducción de esa cultura local afrocaribeña sui géneris, como por problemas crónicos de falta de acceso al agua o deficiencias en infraestructura pública, a los que, en el caso de Puerto Viejo, se suma un más que evidente proceso de gentrificación que desplaza a la población afrodescendiente.
En ese contexto es que la Municipalidad de Talamanca, en busca de cumplir con la Ley de Zona Marítimo Terrestre, avanza su propuesta de PRC.
El pasado 19 de julio, durante una sesión del Concejo Municipal en que se conoció el avance de la propuesta, el alcalde, Rugeli Morales, dijo que la Municipalidad se abocó al PRC porque “siento que es uno de los puntos más estratégicos, económicos de este cantón de Talamanca, por la condición territorial que tiene nuestro cantón”.
“La Municipalidad enfocó claramente, que ese es un área fundamental que había que regular para dar seguridad jurídica a la inversión, a la proyección económica de este cantón y eso lo hemos defendido mucho a través de varias reuniones”, dijo.
Añadió que la propuesta de PRC “me parece que ha sido elaborada y proyectada a las condiciones de este cantón. No es un plan regulador antojadizo que se saca de la manga, que ha recogido la expresión durante todo este tiempo de que sea un botón a la camisa para finalizar con este tema tan importante. Yo creo que la gente quiere seguridad, que la gente definirá bien su zonificación y este plan se ha proyectado en este punto”.
En el acta de esa sesión, consta la presencia de Enrique Pucci y Fernando Arias, empresarios integrantes de la Comisión Técnica del plan regulador.
Riqueza natural y cultural
Selva Baker, del Colectivo Comunitario de índole Socioambiental Talamanca Siempre Verde, llamó la atención a que en la llamada zona de uso mixto se establece un 70% de cobertura de construcción y el 30% restante de cobertura vegetal, pero la propuesta de PRC “no dice nada respecto a si tiene que conservar la cobertura boscosa original, en teoría puede llegar a volarse todo”.
En el caso de zona turística, se permiten lotes más grandes de hasta seis hectáreas, con 50 habitaciones por hectárea, es decir 300 habitaciones y “podría tener un campo de golf, podría tener lo que sea al estilo realmente Guanacaste. Es que esto ni en Guanacaste era correcto y aquí menos”.
La vecina de Punta Uva ofreció declaraciones en esa playa y destacó que “es cierto que somos un destino turístico muy popular reconocido mundialmente, o sea, tenemos el sitio Ramsar que, de hecho, aquí estamos dentro del refugio Gandoca Manzanillo, empieza en el río Cocles”.
Recordó que, hace años, mediante una ley “que buscaba proteger a los habitantes de la costa” se cercenaron 188 hectáreas del refugio, “terminó en una jugada muy maquiavélica de reducir los límites”, pero, en 2019, la Sala Constitucional determinó que esa medida fue inconstitucional. Sin embargo, las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) nunca tomaron medidas para establecer con claridad dónde se ubican los límites de ese refugio.
En consecuencia, “a los turistas y a todo el mundo les hace creer que, efectivamente, el refugio empieza Manzanillo” y, en lo que atañe a la propuesta de PRC, “hay toda una franja de más de 200 metros y toda esta zona de Cocles para abajo, que entonces eso ni siquiera debería estar (en el PRC), o sea, que hayan construido un plan zonificando en partes protegidas para permitir desarrollo turístico masivo”.
La activista reconoció que “necesitamos urgentemente un ordenamiento territorial y que no solamente busque poner orden, sino que las autoridades correspondientes de verdad cumplan su trabajo”. Un trabajo que, en el caso de esta propuesta, debía comenzar con la participación ciudadana.
“Hay que tomarse el tiempo para convocar por cada barrio, casi por cada calle. Hacer todos los talleres y áreas de grupos de trabajo, grupos focales, todo lo que sea necesario para que la mayor cantidad posible de personas puedan entender qué se está proponiendo”, apuntó.
Precisamente, una de las quejas que marcan todo el proceso es la falta de participación ciudadana. Muchas personas reclaman que el documento es difícil de entender, pues está plagado de tecnicismos, y uno de los aspectos medulares es lo complicado del cálculo del canon que se tendría que pagar por la concesiones.
La propia Baker calcula, no con pocas dudas, que por las tierras de su familia en ZMT tendría que pagar un aumento de un 418% respecto a lo que ha pagado a la Municipalidad hasta ahora por concepto de impuestos.
“La gente viene aquí para no ir a Guanacaste, a los clubes de cinco estrellas y los campos de golf. Vienen a este ambiente más rústico y eso es a lo que tenemos que seguir apostando, tanto como distrito como cantón y ojalá como país también, porque lo que es al estilo Cancún, ya Cancún mismo ha demostrado que eso no no es sostenible”, apuntó.
Criterios similares expresó María Suárez, del Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar. Esa organización ha trabajado con personas jóvenes de la zona, sobre todo de Cahuita, para realizar investigaciones arqueológicas submarinas.
Suárez relató que, por escrito, recordó a las autoridades municipales que la Sala Constitucional había ordenado restablecer los límites originales del refugio Gandoca Mazanillo. Subrayó a la Municipalidad que, sin esa definición, la inclusión de esas 188 hectáreas en la propuesta de Plan Regulador “pone en riesgo la protección del patrimonio público”. Añadió que “es un acto de irresponsabilidad que la Comisión Técnica del Plan, el Coordinador Municipal del Plan y el Concejo Municipal no hayan exigido al Sinac que resolviera este caso como precedente para proponer esa zona en el Plan de Zonificación, lo cual invalida el Plan Regulador”.
Tras apuntar que el arrecife presente en el refugio “sería enterrado por la erosión de su muro natural de contención histórica”, constituido por el área costera de esas 188 hectáreas, Suárez se refirió al patrimonio cultural subacuático presente en la zona.
“Para nadie es un secreto que en esa zona de playa Grande hay vestigios de embarcaciones”, subrayó, y añadió que el Museo Nacional determinó que una de las piezas halladas tiene más de 300 años. “Otras cuatro inmensas piezas arqueológicas de vestigios de embarcaciones están siendo documentadas” por el Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar”, el cual ella ayudó a fundar.
La activista recordó que el patrimonio cultural subacuático es protegido por una Convención de la Unesco, que fue ratificada por Costa Rica desde 2017, y que “ni siquiera aparece reseñado” en la propuesta de plan regulador.
Suárez explicó a UNIVERSIDAD que esas 188 hectáreas constituyen una franja de unos siete kilómetros “entre playa Grande y casi pegando con el pueblo de Manzanillo” y que, justo en esa zona, el trabajo de las personas jóvenes del Centro Comunitario ha identificado restos de uno o varios barcos, tanto de madera en la playa como de metal a mayor profundidad.
Al retomar el tema del PRC, expresó que “como yo lo veo es una estrategia para poder impulsar el modelo de turismo y empresarial que ellos quieren. Entonces, el concepto de eso es hacer un plan y después someterlo a la gente”.
Descontento
Como parte del proceso de aprobación del PRC, la Municipalidad de Talamanca organizó una audiencia pública para informar sobre el proyecto y recibir preguntas o sugerencias para dar forma a la iniciativa.
Se realizó el 4 de agosto en la cancha de la comunidad de Hone Creek y en ella quedó plasmado que la oposición al PRC, si bien no es unánime, es mayoritaria en la zona.
En ese encuentro, el arquitecto Daniel Brenes, encargado de la Unidad de criterios técnicos y operativos de rendimiento territorial del INVU, que elabora el plan regulador, explicó que lo que se tiene es un “borrador” del PRC, algunas nociones básicas de la Ley de ZMT e informó que, tras esa audiencia, se da un periodo de 15 días para que la gente haga observaciones.
Luego una comisión tripartita formada por el INVU, ICT y la Municipalidad se reúne para revisar cada observación recibida, se hacen los ajustes de zonificación y se le pasa al Concejo Municipal para que acuerde darle visto bueno a esas modificaciones. Ese acuerdo es revisado por INVU e ICT y, finalmente, el Concejo Municipal debe tomar otro acuerdo para publicarlo en La Gaceta.
Reynaldo Mathews, vicepresidente de Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo, pudo intervenir para plantear que se hagan cambios, como los parámetros del área mínima y máxima del tamaño de los lotes, que “sea de 1000 metros mínimo y 10.000 metros máximo”.
Aseveró que “después de mucha suerte y sacrificio, la gran amenaza en nuestras comunidades se resolvió con la ley del 9223 reconocimiento de los derechos de los habitantes del caribe. El Plan Regulador costero viene a complementar esta ley y, finalmente, dar la seguridad jurídica que merece nuestro pueblo. Damos la bienvenida al plan regulador”
El exdiputado, Edwin Paterson, estaba en lista para intervenir, pero cedió su tiempo a Edwin Cyrus, de la Asociación Tribal de Afrocostarricenses del Caribe Sur. Dijo que “hemos visto en el Plan Regulador un instrumento para poder hacer cumplir una serie de condiciones que la población afro no ha tenido durante décadas, lo cual es la seguridad jurídica en los pueblos costeros”.
Sheila Meza, vecina del barrio Plaza Víquez en playa Grande, mostró su preocupación porque “la fijación del canon me parece que es una una ecuación muy complicada, que podría dar lugar a la expulsión de muchas personas que actualmente están”, dijo, en medio de aplausos.
También se refirió a “zonas de desarrollo únicamente turístico, como lo explicó el representante del INVU, que estén actualmente ocupadas por personas que las habitan y que, en caso de llegar a aplicarse este plan regulador, esas personas tendrían que salir del lugar”, lo cual “podría generar violencia, un conflicto que nadie quiere, todos queremos estar unidos y en paz”.
La ciudadana, además,tocó el tema del acceso al agua. “Están hablando de que sí se puede (llevar a cabo) esos desarrollos turísticos y no sabemos de dónde va a salir el agua, porque todos estamos sin agua, aquí mismo en Hone Creek, a los 100 metros, no tienen agua”.
Tras agradecer a la Municipalidad la organización de la audiencia, reconoció la importancia de contar con un plan regulador, pero reiteró que “me preocupa el tema de la inseguridad jurídica que pueda tener la fijación del canon y si se van a respetar las concesiones que están vigentes y que fueron aprobadas también por la Municipalidad”.
Molestia indígena
La municipalidad ha aducido que no precisa llevar a cabo ningún tipo de consulta en el territorio indígena bribri de Kéköldi, pues no está directamente incluido en el PRC.
Sin embargo, es difícil argumentar que no se verá afectado, pues quedará completamente rodeado por el tipo de construcciones y actividades que se impulsen a partir de la propuesta.
En todo caso, la posición de la municipalidad ha generado un profundo malestar en esa comunidad y en la audiencia celebrada en Hone Creek ello fue evidente.
Entre las personas indígenas que tomaron la palabra figuró India Mayorga, quien expresó “que la Municipalidad de Talamanca diga que nosotros no tenemos voz ni voto en este PRC porque nos excluye, es un claro atropello y violación contra nuestros derechos internacionales, así lo dice Convenio 169” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Se dirigió al alcalde y le increpó que “no puede venir aquí y simplemente ni siquiera demarcar bien la zona, porque ahorita hay un problema social dentro de esta zona, donde va a afectar a muchas personas, donde nosotros indígenas pasamos por muchas cosas para ver cómo resolvemos esto que el Estado nos metió con lo que hizo Figueres en 95-96”.
Cabe recordar que durante la administración Figueres Olsen vía decreto se redujo el área de ese territorio indígena, medida que fue anulada por la Sala I en 2019.
“Vengo como mujer indígena diciendo: nosotros tenemos un derecho internacional. Okay, el derecho dice que se tiene que hacer una consulta previa, libre e informada, usted no viene aquí a dizque presentarnos un plan, que es que ya es un borrador, si usted no ha venido previamente a consultar, hay todo un proceso de consulta, señor alcalde, usted ¿es de nosotros o no es de nosotros?”, cuestionó, pues Morales pertenece a la comunidad bribri.
“Aquí todo va a empezar a cambiar, ¿sabe por qué? Porque nos estamos levantando los pueblos indígenas, aquí estamos creciendo y educándonos para jugar con un sistema que nos puso en esto desde el 77, separándonos a nosotros mismos. Ya no más. Ahora nos tenemos que unir con todos los tribales, los afro, los costarricenses desde San José”, proclamó.
La activista insistió en que “pedimos participación comunitaria, toda mi familia es de Hone Creek, pero también de adentro de la montaña, porque cuando ustedes hacen lo que están haciendo allá, comiéndose esos manglares, destruyendo donde no hay agua y no hay vida, eso va a afectar allá arriba en Talamanca, si nos quitan la costa, nos quitan la montaña”.
