El Poder Ejecutivo impulsa un proyecto de ley para permitir la exploración y explotación minera de oro a cielo abierto en todo el distrito de Cutris de San Carlos, que tiene un área de 848 kilómetros cuadrados, es decir, abarca 84.800 hectáreas, por lo que su impacto ambiental sería muchísimo mayor que el proyecto minero original de Crucitas, advirtió la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (Apreflofas).
A manera de ejemplo, el proyecto Crucitas, que buscaba desarrollar la empresa Infinito Gold, incluía un área de aproximadamente 300 hectáreas, refiriéndose al tajo y la laguna de relaves (embalse donde se deposita la roca molida con lodos tóxicos, a la que se le extrae el oro con cianuro). Asimismo, el área de impacto de la minería ilegal en Crucitas en la actualidad es de entre 10 y 15 kilómetros cuadrados (km2).
El país tiene ya casi 15 años de haber prohibido la minería metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional, mediante la Ley 8904 del 1 de diciembre de 2010.
Pero, en noviembre pasado, la administración Chaves Robles presentó el proyecto de ley 24.717, que autoriza y regula la exploración y explotación de la minería metálica a cielo abierto en el distrito de Cutris, del cantón de San Carlos, y propone que la Dirección de Geología y Minas (DGM) asigne concesiones a la persona física o jurídica que ofrezca la mejor propuesta económica mediante una subasta minera (Ver recuadro Número ilimitado de concesiones al mejor postor).
En marzo pasado, Apreflofas remitió a la Asamblea Legislativa un documento de 48 páginas con el criterio sobre el proyecto, en el que resaltó que “la explotación en todo el distrito de Cutris generaría todavía mayores impactos ambientales de los que tuvo el proyecto original de Crucitas y del que han tenido otros proyectos mineros en Costa Rica”.
Se advierten como impactos la contaminación de los ríos y mantos acuíferos del distrito de Cutris, agravándose todavía más la situación actual que afecta a la población local; así como alteraciones en la topografía del terreno y eliminación de la vegetación, que actúa como barrera natural contra la erosión en una zona de alta vulnerabilidad a lluvias intensas y tormentas tropicales, según el documento. También advirtió del principal peligro de la minería de oro a cielo abierto, que lo constituyen las lagunas de relaves.
Desiertos de minerales tóxicos
El abogado Bernal Gamboa, quien participó como litigante en el proceso contencioso que ordenó anular la concesión del proyecto Crucitas, compareció el 9 de junio ante la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela, de la Asamblea Legislativa, junto a Arturo Carballo y Gino Biamonte, de Apreflofas.
“La laguna de relaves es el talón de Aquiles de la minería metálica”, dijo Gamboa, quien expuso cómo en el procesamiento del oro se extrae la piedra del tajo, se pulveriza la piedra, se pasa por tanques llenos de cianuro, donde se separa el oro, y lo que queda se acumula en una especie de embalse lleno de cianuro y metales pesados, incluyendo plomo, cadmio, níquel y arsénico, que es “el peor de todos”. Estos embalses se conocen como lagunas de relaves.
El proyecto de Infinito iba a tener una laguna de relaves de 143 hectáreas, lo cual significa dos veces el tamaño del parque La Sabana, y una profundidad de 18 metros; es decir, un edificio de seis pisos, indicó Gamboa.
El problema de las lagunas de relaves es que quedan ahí por siempre, expuso Gamboa, y generan numerosos problemas ambientales, entre ellos que, en un lugar tan lluvioso como Cutris, el arsénico se filtraría a los mantos acuíferos. Asimismo, en caso de que se reviente el dique o se rompa el embalse, los químicos pueden llegar hasta el río San Juan.
En caso de que impacte un huracán, como lo hizo Otto, de categoría 2, justo en esa zona en el 2016, si ahí hubiera habido una laguna de relaves posiblemente se hubiera roto y todos los lodos tóxicos habrían llegado al río San Juan, manifestó.
Gamboa se refirió al caso de la comunidad de Líbano de Tilarán, donde quedó la laguna de relaves del proyecto minero La Esperanza. “Es de una hectárea, está cruzando el río respecto de la escuela. Esa laguna de relaves quedó abandonada hace 30 años y ahí no crece un árbol, no crece una mata. Eso es veneno puro”, aseveró. Gamboa describió a las lagunas de relaves abandonadas como “un desierto de puros minerales tóxicos”.
El abogado también recordó el caso reciente de Abangares, cuando en julio de 2022 colapsó una laguna de relaves de un proyecto minero en la zona y las aguas con mercurio y cianuro provocaron la muerte de peces y camarones en los ríos Santa Lucía y Abangares, tras lo cual la contaminación desembocó en el golfo de Nicoya.
Asimismo, recordó el caso del derrumbe de las pilas de lixiviación de la mina Bellavista, en Miramar, en 2007, cuyas aguas se filtraron a los mantos acuíferos contaminándolos, señaló Gamboa.
“Así que, definitivamente, minería responsable metálica es prácticamente imposible. En un lugar tan tropical y tan lluvioso como Costa Rica es imposible”, ratificó Gamboa.
Enjambre minero en 84.800 hectáreas
El biólogo Jorge Lobo, quien durante años ha estudiado y advertido del impacto de la minería en la zona, afirmó que se trata de un proyecto de ley “peligroso para la soberanía nacional, el ambiente y la biodiversidad, y puede tener implicaciones nefastas para la región de Cutris y el país”. Lobo dijo que el proyecto llevaría a la formación de un “enjambre minero” en toda la zona, refiriéndose a una gran cantidad de solicitudes de concesiones para minería metálica.
Sobre la ampliación del territorio a explotar —848 km2— , Lobo destacó que la explotación ilegal por coligalleros ha impactado aproximadamente entre 10 y 15 km2 en Crucitas. “Este punto me recuerda los mapas de la Infinito Gold, donde se anunciaban otras áreas potenciales para desarrollo minero en Cutris, posteriores al proyecto Crucitas. Es un peligro que, como bien se expuso en el debate en la época (recordando las argumentaciones de Javier Baltonado), llevaría a la formación de un ‘enjambre minero’ como parece que está por ocurrir en Abangares en este momento”, comentó Lobo.
Para Apreflofas, el proyecto representa un elevado riesgo para la conservación ambiental, especialmente en lo que respecta a la lapa verde, especie críticamente amenazada, que habita la zona de Crucitas y los árboles de almendro amarillo, dado que las lapas anidan en estos árboles y se alimentan de ellos.
El abogado presidente de Apreflofas, Arturo Carballo, recordó que, en el caso del proyecto minero Crucitas, un área mucho menor al proyecto que se propone ahora, se iban a talar 12.300 árboles, según la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de 2010, que anuló por unanimidad la concesión. “Entonces pensemos ahora en un proyecto todavía más grande, la cantidad de árboles de la que estamos hablando, sin mencionar los ecosistemas relacionados, aves y belleza escénica”, dijo Carballo.
En la Zona Norte de Costa Rica se han identificado alrededor de 150 especies de árboles que han sido explotadas para madera, de las cuales alrededor del 60% presentan poblaciones con algún grado de amenaza y 12 están calificadas como especies en peligro de extinción, según información de Apreflofas.
Lobo también denunció que en el proceso de subasta que propone el proyecto, la decisión final sobre la concesión será tomada por el Consejo de Gobierno, un ente totalmente político. “¿Qué pasó con los procedimientos de la Dirección de Geología y Minas y la regulación ambiental de la Setena (Secretaría Técnica Nacional Ambiental)? Una vez que una propuesta ha ganado una preselección y una subasta pública, ¿tendrán la DGM y la Setena capacidad política para rechazarlo?”, cuestionó.
Zonas se traslapan con reservas indígenas o áreas protegidas
Un último punto que alerta a los ambientalistas es que en la exposición de motivos del proyecto se incluye un mapa de la DGM de zonas con potencial minero, áreas protegidas y territorios indígenas del país; pero no se incluye ninguna referencia a por qué está ahí ese mapa ni se menciona en el texto.
“El mapa muestra muy bien cómo las zonas de potencial aurífero de Costa Rica se traslapan con reservas indígenas o áreas protegidas, incluyendo el cinturón fronterizo norte en Crucitas. ¡Excelente argumento para prohibir la minería a cielo abierto!”, comentó Lobo, quien llamó la atención sobre el motivo por el cual se incluyó este mapa en el texto.
Vale mencionar que el proyecto de ley autoriza al Estado a explorar cualquier área del territorio nacional, en cualquier momento y para la búsqueda de cualquier sustancia, independientemente de si existen permisionarios particulares o no.
El biólogo de Apreflofas Gino Biamonte, uno de los principales rostros de la lucha contra la minería a cielo abierto en el país, refirió que al hacer un estudio sobre la minería en los años 90, vivió en Las Juntas de Abangares 15 días para conocer, de primera mano, lo que dejó la mina Tres Hermanos operada por la empresa Valiente Ascari.
“Lo único que quedó fue destrucción. ¿A qué estamos apostando? ¿Quién se está llevando la riqueza? ¿A dónde está quedando la enfermedad y la contaminación? Todos los países que tienen minería metálica a cielo abierto están en las mismas condiciones”, alertó Biamonte.
Número ilimitado de concesiones al mejor postor
-Reforma el Código de Minería para que en su artículo 8 bis diga que no se otorgarán permisos ni concesiones para actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en el territorio nacional, a excepción de permisos de exploración y explotación en el distrito de Cutris.
-La Dirección de Geología y Minas (DGM) autorizará los permisos y concesiones a personas físicas y jurídicas mediante una subasta pública minera.
-La superficie que se podrá otorgar por cada concesión puede ser de entre 1 km2 y 10 km2 .
-Las concesiones podrán ampliarse hasta un 50% del área original autorizada.
-Un solo concesionario podrá tener un número ilimitado de concesiones.
-El concesionario deberá tener documento de propiedad, contrato de alquiler, de préstamo gratuito (comodato) o de uso contra pago o ganancia específica de la finca que planea explotar.
-El concesionario deberá hacer un pago anual (“royalty”) al Estado de un 5% de las ventas brutas que obtendrá en la concesión. Un 20% de lo recaudado se destinará a obras de infraestructura en San Carlos y a la recuperación ambiental. Cada año se trasladará a la Municipalidad de San Carlos el 5% de lo recaudado para que realice obras locales.
Fuente: Proyecto de Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el Distrito de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela y reforma parcial al Código de Minería, Ley No. 6797 del 4 de octubre de 1982” (Expediente 24.717).
Estado percibiría sólo un 5%, unos ₡85 mil millones, del total de ganancia por minería de oro
Se estima que existen más de un millón de onzas de oro en la zona de Cutris de San Carlos, según datos del Minae.
