La propuesta del candidato a la Presidencia por Progreso Social Democrático (PSD), Rodrigo Chaves, de eliminar las tarifas reguladas de servicios profesionales podría afectar la calidad de los servicios, promover un ejercicio irresponsable de la profesión y empobrecer a los profesionales, según declaraciones dadas a UNIVERSIDAD por distintos Colegios Profesionales.
En la página 23 de su plan de gobierno, el candidato propone la “disminución de costos en los servicios profesionales con tarifas reguladas (asesoría jurídica, servicios médicos, por ejemplo)”. Según el texto, “la prohibición de la libre fijación de precios solo tiene como finalidad favorecer intereses particulares y no los intereses de los consumidores”.
“Terrible; lo que pretende hacer es empobrecer a otro sector de la sociedad, disminuirle los costos de los servicios profesionales a un sector de la sociedad que lo que ha hecho es durante años es prepararse académicamente para poder brindar un servicio”, señaló al respecto Arnoldo Segura, asesor legal del Colegio de Abogados.
El plan del PSD señala que “urge una normativa para la regulación de los servicios profesionales que, entre otras cosas, se centre en la protección de los pequeños consumidores y elimine las restricciones a la competencia entre miembros de una misma profesión”.
Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Mauricio Guardia, manifestó a este semanario que más bien la fijación de tarifas mínimas “es necesaria para evitar la competencia desleal entre los profesionales, evitando también afectar la calidad del servicio que ellos brindan al paciente”.
“Eliminar tarifas reguladas afecta a todos los médicos autorizados en el ejercicio de la medicina y a todos los usuarios de la medicina privada en Costa Rica, por cuanto incide en la calidad del servicio médico que se presta dado que precisamente esa tarifa garantiza que el medico pueda contar no solo con los insumos que requiere para un ejercicio de calidad, sino también con los conocimientos actualizados para bridar las mejore soluciones a los problemas de salud de los pacientes”, explicó Guardia.
“Hacemos propios los criterios de la Coprocom, luego del criterio de la Sala Constitucional (N° 4637-99) y de otras resoluciones (N° 6233-99, 7657-99), en el sentido de que consideramos esencial la eliminación de la fijación de tarifas mínimas obligatorias por parte de los colegios profesionales. Apoyamos la propuesta de establecer una ley que permita erradicar esta práctica de manera que pondere los intereses de todos los agremiados, no sólo de unos pocos, y los de los consumidores”, señala también la propuesta de Chaves.
Precisamente en la resolución 4637-99, la Sala Constitucional manifiesta que, tratándose de la actividad de los profesionales no es posible “equiparla a una simple mercadería o servicio comercial, con violación no sólo de los preceptos constitucionales relativos al trabajo humano, sino también de elementales parámetros de dignidad y decoro”.
Segura indicó que la Sala misma ha manifestado que los baremos profesionales tienen un fin práctico, para que no haya competencia desleal entre los propios profesionales y para que esa competencia desleal no pueda afectar a los consumidores. También, aseguró que otro fin es que el resultado de la eliminación de esos baremos no desemboque en “la creación por kilos de universidades de garaje”, que otorgan títulos a profesionales que posteriormente por su falta de conocimiento se dediquen a cobrar precios muy bajos para poder tener clientela: “Cualquier profesional que se precie de su trabajo no lo vende por precios insignificantes”.
El presidente del Colegio de Médicos indicó que no es conveniente eliminar las tarifas mínimas profesionales, en vista de que estas generan la certeza de una competencia sana lo que a su vez beneficia a la población:
“Un cobro por debajo de los honorarios más allá de lo razonable por los servicios prestados puede generar una competencia desleal para con los otros agremiados, ruinosa para sí mismo, y puede ocasionar un detrimento en la calidad del servicio dado a los particulares; un cobro en exceso puede provocar un abuso sobre los usuarios del servicio y un enriquecimiento ilícito por parte del profesional. Por consiguiente, este punto es susceptible de ser objeto de regulación por parte de los Colegios Profesionales en la búsqueda por resguardar el prestigio, integridad y tradición social de sus profesiones, así como en la protección de los usuarios de los servicios profesionales”, manifestó el médico.
Guardia también indicó que las tarifas mínimas son un instrumento de protección para la prestación de servicios a los consumidores y que ya la Sala IV ha indicado que “los servicios profesionales se regulan por razones éticas y sociales del más alto interés público”.
De la misma forma, para el representante del Colegio de Abogados, estas tarifas permiten al Colegio “fiscalizar la actividad de sus profesionales”, de modo que constituyen una herramienta para asegurarle a la sociedad un adecuado ejercicio de la profesión y que no se cometan competencias desleales. Además, agregó que las tarifas no se fijan antojadizamente, sino que se utilizan criterios como el índice de precios al consumidor y se envían al Ejecutivo para su aprobación.
“Precisamente los honorarios mínimos son para que no haya competencia desleal, para que no diga: «¿Cuánto le cobró aquel? ¿Dos mil pesos? Bueno yo le voy a cobrar 500»”, ejemplificó Segura, quien además agregó que esto tiene una utilidad en la fiscalización de impuestos, ya que, si no existieran, un profesional deshonesto podría mentirle a Hacienda, diciendo que cobró por la venta de un servicio menos de lo que realmente ingresó, cuando en la actualidad los baremos mínimos lo obligan a reportar al menos esas cifras establecidas.
“En efecto, no se puede esperar que la sociedad reciba servicios de la índole y de la relevancia de los que prestan los profesionales, si a la vez no se crean las condiciones para que éstos puedan desempeñar su ministerio en circunstancias dignas. Desde esta óptica, la fijación de aranceles guarda paralelo con la de los salarios mínimos, que entre otros propósitos persigue asegurar que el trabajo no se vea degradado a la condición de simple mercancía”, dice también la resolución 4637-99 de Sala IV.
“Eliminar estar tarifas tendría un impacto negativo en la población por el interés público que tienen los servicios profesionales. Debemos tener claro, que ya la Sala ha sido profusa también en señalar que las tarifas mínimas y la prestación de los servicios profesionales, amén de que deben de ser regulados por las corporaciones profesionales, como parte de la potestad de regulación y vigilancia del ejercicio profesional que garantizar su correcta prestación, no se rigen por la ley de la oferta y la demanda como lo pretendía la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom)”, aseveró Guardia.
Segura lamentó que se “ensañen con una parte de la población que en realidad pareciera que no es a la que se le tiene que llegar a atacar de esa manera; la población de profesionales suele ser una población media dentro del escalafón social, que más bien es parte de los que ayudan a mantener la economía de un país”. El abogado agregó la idea de disminuir las tarifas mínimas “no tiene ningún sentido” y que a la postre perjudica al consumidor.
“Abogados somos más de treinta mil; imagínese cinco mil cobrando precios ridículos. Eso sería un golpe para la economía, porque ese montón de personas que comienzan a hacer ese tipo de trabajos con ese tipo de precios, posiblemente su calidad de trabajo va a ser bastante deficitaria y eso va a tener más bien implicaciones en contra de los consumidores que van a tener que buscar a otros profesionales para que les arregle el problema en que posiblemente los puede llegar a meter un profesional en ese tipo de trabajos por ese tipo de precios”, indicó el profesional.
Para Segura, la iniciativa que Chaves presenta en su programa de gobierno lo que promovería sería más bien un ejercicio “absolutamente irresponsable de la profesión”, que finalmente le saldría más caro a los consumidores y al propio Estado.
“Que se comience a hacer como una especie de mercado negro de servicios profesionales, en donde personas que no están preparadas venden sus servicios por precios ridículos y que va a tener eso un impacto tremendo, no solo en la calidad de los servicios sino en la economía del país, porque los honorarios profesionales tienen sus respectivas obligaciones a la hora de obtenerlos, como el pago de tributos al Estado”, puntualizó.
Finalmente, el presidente del Colegio de Médicos coincidió en que “la eliminación de las tarifas profesionales tendría graves implicaciones en la prestación de los servicios profesionales desde el punto de vista de la calidad”.
