El balde de agua fría que les echó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) al denegarles la autorización para celebrar un referendo convocando a una Asamblea Constituyente no desanimó al grupo ciudadano que está promoviendo una nueva Constitución Política en Costa Rica.
“Somos respetuosos de lo que dice el TSE, vamos a corregir los errores que nos indica y a pedir que reconsideren (la decisión) a partir de las correcciones que le haremos al proyecto que ya se planteó”, dijo Alex Solís Fallas.
El exdiputado, excontralor general y abogado constitucionalista, integra el movimiento Nueva Constitución CR, que el pasado 5 de setiembre presentó al TSE un proyecto de ley de 21 artículos, con la solicitud de autorizar la recolección de firmas para someter a decisión popular la convocatoria de una Asamblea Constituyente en el 2019.
La petición fue respaldada con cientos de firmas, incluidos académicos, diputados y políticos de diversos partidos y miembros de sectores económicos y sociales, en una lista que encabezó el expresidente de la República Luis Alberto Monge, único sobreviviente de los constituyentes que redactaron la Constitución de 1949 actualmente vigente.
Sin embargo, el 13 de setiembre los magistrados rechazaron la solicitud, tras señalar tres vicios de inconstitucionalidad en el articulado del proyecto presentado (resolución 6187-E9-2016).
El documento proponía que no solo los partidos políticos pudieran presentar candidatos a la Constituyente, sino también colectivos legalmente organizados de sindicalistas, solidaristas, cooperativistas, ecologistas, empresarios y colegios profesionales, así como particulares que a título personal se postularan con el respaldo de 20.000 firmas.
Pero el TSE objetó que esta cláusula contraviene el monopolio de postulación de candidaturas que constitucionalmente se reconoce a las agrupaciones políticas.
Los magistrados también objetaron la propuesta de que los constituyentes se comprometieran a no eliminar ni disminuir los derechos y garantías fundamentales contenidos en la Constitución vigente, de manera especial los de contenido social o los asociados con la propiedad privada.
El TSE encontró ahí una inconstitucionalidad, al señalar que no es posible imponerle restricciones a una Asamblea Constituyente, ya que ella representa el máximo poder soberano en una democracia.
El tercer defecto encontrado por el Tribunal tiene que ver con el hecho de que el proyecto no contemplara la celebración de un referendo posterior, a fin de someter a aprobación de la ciudadanía la nueva constitución que presentara la Asamblea Constituyente que se elija, para verificar si recoge las aspiraciones, ideales y valores del colectivo nacional.
Tras conocer la negativa del TSE, Solís declaró que querían profundizar el sistema democrático permitiéndoles a otros grupos diferentes a los partidos políticos poder participar en el proceso de integración de la Constituyente, y que cualquier costarricense pudiera hacerlo a título personal con el respaldo de 20.000 firmas.
“El TSE tiene una visión más reducida de lo que es la democracia participativa y no nos queda más remedio que adaptarnos a lo que dice el Tribunal, dijo Solís, según el cual esta misma semana estarán presentado las correcciones al documento y solicitando la reconsideración del Tribunal, para seguir adelante con el proceso de consulta popular.
“Nada nos va a detener porque el pueblo costarricense quiere construir una nueva Costa Rica por medio de la convocatoria de una Asamblea Constituyente y la promulgación de una nueva Constitución”, afirmó.
El grupo cuenta con una página en Facebook llamada “Nueva Constitución CR”, y lo que pretenden es que el TSE les autorice la recolección de firmas para pedir un referendo con el propósito de que el pueblo diga si quiere o no la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Si el Tribunal diera el visto bueno, se procedería a la recolección de firmas, que deben ser el 5% del padrón nacional, lo que equivale a unas 167.000 firmas.
Si el referendo se realiza y gana la opción del Sí, el 1 de julio del 2019 se elegiría la Asamblea Nacional Constituyente, que constaría de 61 representantes, 35 elegidos mediante listas nacionales y 26 mediante listas provinciales, con paridad de género (50% mujeres y 50% hombres).
El TSE integraría una comisión donde participan ciudadanos representantes de los poderes públicos y de los partidos políticos para que redacten el proyecto de constitución sobre el cual trabajaría la Asamblea Constituyente, que se instalaría el 7 de noviembre de 2019, en el “Día de la Democracia”.
Los constituyentes tendrían un máximo de 20 meses para trabajar en la producción de una nueva constitución, con la idea de que esta se ponga en vigencia el 15 de setiembre del 2021, cuando el país celebre sus 200 años de vida independiente.
EL GRAN TEMA
Este sería el undécimo intento que se hace para convocar a Asamblea Constituyente, según comentó Solís, estudioso de la reforma constitucional desde hace 40 años, cuando en 1981 dedicó al tema su tesis para graduarse de abogado en la Universidad de Costa Rica (UCR).
Afirma que la diferencia de la actual propuesta con las anteriores es que siempre fue una figura de renombre nacional la que planteó la convocatoria a una constituyente, es decir, que era un proceso de “arriba hacia abajo” y ahora es de “abajo hacia arriba.”
De las anteriores propuestas de constituyente la que más lejos llegó fue la presentada por el expresidente Daniel Oduber (1974–78), la cual pasó primer debate pero luego quedó archivada en la Asamblea Legislativa, donde la convocatoria a una constituyente requiere de dos tercios de los votos y no ha habido voluntad política de los partidos políticos para aprobarla.
Más bien se ha optado por reformas parciales a la Constitución vigente desde 1949, que nació de una Asamblea Constituyente convocada por la Junta Fundadora de la Segunda República, el gobierno de facto presidido por José Figueres Ferrer tras ganar la guerra civil de 1948.
A esta Carta Fundamental, que se elaboró con base en la Constitución de 1871, se le han hecho más de 60 reformas parciales desde entonces, y actualmente 57 proyectos de reformas a artículos se encuentran presentados en la Asamblea Legislativa.
Quienes impulsan una reforma integral de la Constitución pretenden hacer más funcional y eficiente el sistema político y de gobierno y modernizar el Estado para que responda a las necesidades del país en el siglo XXI.
Junto a las peticiones de Asamblea Constituyente se han planteado diversas propuestas de reforma del Estado, entre ellas la que presentó una Comisión de Notables nombrada en la anterior administración de la presidenta Laura Chinchilla.
Más recientemente Ottón Solís, diputado del gobernante Partido Acción Ciudadana, propuso integrar un gobierno de “unidad nacional” con los diferentes partidos políticos para impulsar una agenda de proyectos, idea que también han planteado otros en el pasado, pero no ha encontrado eco en el mundo político nacional.
Por ejemplo, Fernando Zamora, abogado constitucionalista y a la vez secretario general del Partido Liberación Nacional (mayor de oposición), consideró inadecuada la iniciativa de Ottón Solís, pues considera que lo que se requiere es un acuerdo inmediato de las fuerzas políticas en torno a una agenda nacional para aprobar proyectos concretos.
Otra debilidad que encuentra a esa propuesta es que prescinde del gobierno de la República, siendo el Ejecutivo el poder diseñado por el sistema jurídico para un cometido de tal naturaleza, como lo es dirigir un acuerdo nacional.
Mientras tanto, el abogado Jaime Ordóñez, coordinador de la cátedra de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la UCR, sugirió que para sacar al país de la parálisis institucional en que se encuentra la salida más viable sería buscar un acuerdo de fuerzas políticas y sociales para hacer cambios en algunos temas claves.
Serían “reformas que generan reformas”, y eso implicaría, por ejemplo, reformar algunas leyes que permitirán destrabar los esfuerzos para lograr cambios importantes en gobernanza y temas sociales y económicos, consideró Ordóñez, quien lidera la “Agenda Nacional”, una iniciativa de profesionales en diversos campos que han venido elaborando propuestas de cambio “para la Costa Rica del siglo XXI”.
En un artículo publicado la semana pasada, el economista Saúl Weisleder se hace eco de la propuesta de Ordóñez, y considera que los esfuerzos deben empezar por reformar algunos artículos del entrabado reglamento de la Asamblea Legislativa, una medida tantas veces propuesta y que no ha encontrado voluntad política para concretarse.
Esa sería una de las reformas que permitiría otras reformas, y es importante porque no se limita a un área o sector para resolver un problema, sino que llevaría a activar un mecanismo democrático, inherente al sistema político, que abre las compuertas para buscar consensos suficientes en todos los campos y con diversos enfoques, considera Weisleder.
Argumenta que empezar por una reforma tan específica y de ese calado, no solo tiene la ventaja de ser algo claro, concreto, sobre materia fundamental, sino que daría una clara idea de si existe “ambiente” y voluntad real para una Constituyente o un “gobierno de unidad nacional”, ideas cuya aceptación no es difícil, pero que son más complejas o difíciles de concretar y ejecutar “a la hora de la hora”.
