La legislación costarricense prohíbe la participación de personas extranjeras y la incorporación de sus recursos en la política nacional y los procesos electorales, pero ha sido una disposición sacudida por constantes escándalos a lo largo de sus tres décadas de existencia, que vuelve a la palestra con la investigación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre el financiamiento de la campaña presidencial de Rodrigo Chaves.
Según la investigación del TSE, Jack Loeb, banquero y financista de la campaña de Chaves, habría transferido recursos a una estructura paralela, tras recibir ingresos provenientes de Panamá. La información fue remitida al Ministerio Público para su siguiente trámite.
Esto revive el tema de la posible introducción de recursos del exterior para participar en las campañas electorales del país, un tema relacionado con la prohibición de la Constitución Política para que las personas extranjeras participen en los asuntos políticos del país, fijada en el artículo 19.
Sin embargo, es en el Código Electoral donde se definieron las restricciones. En el artículo 128 se limita el financiamiento de los partidos políticos a personas físicas del país, excluyendo a personas jurídicas y a extranjeros, a los que también se les veda realizar préstamos. Y el artículo 129 prohíbe las contribuciones realizadas desde el exterior, independientemente de la nacionalidad del donante.
A punta de escándalos
El Informe Estado de la Nación realizó un seguimiento sobre el tema de las debilidades en el financiamiento de partidos políticos en varios de sus reportes, en los que destacó que, a pesar de que Costa Rica fue de los primeros países en adoptar un financiamiento público para partidos en 1954, se requirieron más de 40 años para impulsar la primera regulación sobre las contribuciones privadas a los partidos políticos, específicamente, hasta 1996 (ver recuadro: “La ruta…”).
Sin embargo, ello fue posible solo luego de que tres escándalos por el financiamiento irregular y provenientes de personas o empresas extranjeras con vínculos con el narcotráfico estremeciera la campaña de 1986 (ver recuadro: “Dinero foráneo se coló en urnas”).
Empero, la regulación no resultó eficiente. Luis Antonio Sobrado, expresidente del TSE, indicó en un artículo para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el 2011, que ese Código Electoral contenía una pobre regulación punitiva para las sanciones, lo que sumado a la deficiente tipificación penal, propiciaba un clima de impunidad que desacreditaba este marco legal.
Esto propició nuevos y más profundos incidentes, que culminaron con los escándalos de estructuras paralelas de financiamiento del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en el 2002. En el Informe del Estado de la Nación del 2004, se resaltó que las graves deficiencias de la ley quedaron evidenciadas en esa campaña, en la que sus disposiciones fueron “ampliamente violadas”.
En un contexto de creciente descontento del electorado con la política, se requirió un proceso de diez años para que, en el 2009, se concretara una nueva reforma al Código Electoral, a partir de una propuesta del TSE desde el 2001.
Con la nueva regulación se contuvo, al menos formalmente, los incidentes con los recursos del exterior. Hasta que, en la pasada campaña, la normativa contra estas donaciones volvió a ser puesta a prueba para determinar su funcionamiento, tras casi 30 años de vigencia.
La ruta de la legislación
La legislación para controlar el financiamiento de los procesos políticos en Costa Rica tiene un desempeño agitado, en el que los escándalos han sido parte de su evolución.
1954: Costa Rica establece sistema de subsidios directos a partidos políticos para elecciones, se trata del segundo más antiguo del mundo, según reportó el Informe X del Estado de la Nación.
1986: Durante la campaña electoral, se presentan los escándalos de financiamiento de Ocean Hunter, Lionel Casey y Tajudeen, que fueron investigados por la Comisión Legislativa de Narcotráfico.
1996: Luego de más de 40 años de creado el financiamiento público a los partidos políticos, se incluye la primera regulación al financiamiento privado, en reforma a Ley Orgánica del TSE y al Código Electoral.
1998: Campaña electoral sacudida por viaje de la cúpula del PUSC a casa del político mexicano Carlos Hank González. Se investiga por la Comisión Legislativa de Narcotráfico.
2002: Escándalos de estructuras paralelas de campaña en PLN y en PUSC, con casos de Waked y el financiamiento taiwanés vuelve a originar investigación de diputados, en una comisión que indagó el financiamiento electoral.
2009: Nueva reforma al Código Electoral procuró resolver problemas por vacíos en legislación relacionada con el financiamiento de partidos políticos, en cuanto a estructuras paralelas y recepción de donaciones privadas ilegítimas.
Dinero foráneo se coló en urnas
A pesar de las prohibiciones específicas a la recepción de contribuciones para los partidos políticos desde el exterior, Costa Rica ha estado sacudida por diversos escándalos en esta materia:
Caso Casey: Para la campaña de 1986, el traficante norteamericano Lionel Casey entregó un ₡1 millón al expresidente Daniel Oduber, para la campaña del PLN en Guanacaste, que no fue canalizado por la tesorería del partido, según informe de la Comisión Legislativa de Narcotráfico.
Caso Tajudeen: También para la campaña de 1986, la Comisión Legislativa de Narcotráfico investigó recursos para bonos del PUSC por ₡1 millón, que concretó Néstor Baltodano, pero aparentemente con recursos de Sheil Kadeer Tajudeen, nacido en la India.
Ocean Hunter: Otro caso de 1986. La Compañía Ocean Hunter, vinculada con actividades de narcotráfico, contribuyó con la campaña presidencial de Oscar Arias Sánchez con $20 mil, producto de varias donaciones realizadas en Miami que el entonces precandidato del PLN depositó en su cuenta personal. Ante la comisión, Arias admitió que no hicieron investigaciones previas sobre el origen de los fondos, que depositó en su cuenta “por razones de seguridad” y que se utilizaron para gastos de la campaña.
Caso Hank: En enero de 1997 la cúpula del PUSC, incluido el expresidente Rafael Ángel Calderón y el candidato presidencial Miguel Ángel Rodríguez, viajaron al rancho del político mexicano Carlos Hank González. La visita en plena campaña trascendió al regreso de los dirigentes, y se tuvo que nombrar una nueva comisión legislativa para investigar el incidente, que incluyó la versión de que el mexicano contribuyó con $1 millón a la campaña del PUSC.
Caso Waked: En el 2001, el Grupo Wisa, firma panameña propiedad de Abdul y Nidal Waked, (este último detenido en Colombia por lavado de dinero para el narcotráfico), realizó donaciones para las campañas del PUSC y el PLN, canalizadas a través de los candidatos: Abel Pacheco (aportes de $30 y $25 mil) y Rolando Araya ($25 mil), respectivamente.
Financiamiento taiwanés: Donaciones provenientes de Taiwán para el proceso de 2002 fueron indagadas en comisión legislativa. Desde un banco de Taiwán, se remitieron $300 mil de la empresa Sunshine y $200 mil de la empresa Pacific para la campaña de Abel Pacheco, del PUSC, canalizados a través de empresa Bayamo, de Panamá, en cuenta de BICSA en ese país, mientras campaña de Rolando Araya recibió dos depósitos por alrededor de $400 mil.
TSE: Jack Loeb transfirió $209 mil a “estructura paralela” para campaña de Chaves, tras recibir $525 mil desde Panamá
Según la investigación del TSE, existió más de una decena de ingresos desde Panamá a la cuenta de Loeb, la misma de la que se habrían transferido cientos de miles de dólares a la asistente de Chaves durante la campaña política.
Informe del TSE: Estos son los 16 nombres señalados como posibles responsables de cuatro delitos electorales
Según la investigación del TSE, en apariencia, existieron dos “estructuras paralelas de financiamiento” durante la campaña de Rodrigo Chaves.
