Procuraduría se une a denuncias sobre acceso a datos ‘confidenciales’ en Casa Presidencial

La Fiscalía tramita dos denuncias por la creación de una unidad de datos en Presidencia. Gobierno sostiene que no se trataba de vigilancia a ciudadanos, sino solo de análisis de datos para decidir en temas de interés público.

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) se unió en calidad de «víctima» a las denuncias que tramita la Fiscalía General de la República sobre la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), creada para asesorar al presidente de la República en la toma de decisiones de políticas públicas.

Dicha oficina se creó mediante un decreto de vigencia fugaz que fue publicado el lunes y el viernes se dejó sin efecto, debido a las fuertes críticas que recibió por permitir a Casa Presidencial el acceso a datos confidenciales. El Gobierno reconoció que los tres asesores que conformaron la unidad estaban realizando algunas tareas de análisis de datos desde hace un año, aunque sostuvo que no se trataba de espionaje ni vigilancia a la ciudadanía.

La tarde de este lunes, la PEP comunicó que «en representación de los intereses del Estado costarricense» se apersonó al proceso penal en el cual la Fiscalía tramita dos denuncias  relacionadas con la UPAD.

Aunque la Procuraduría de la Ética indicó que son procesos «contra ignorado», la abogada Gloria Navas, quien es una de las denunciantes, dio a conocer en sus redes sociales que la denuncia señala al presidente de la República, Carlos Alvarado; al Ministro de la Presidencia, Víctor Morales; al ministro, a.í. de Mideplan, Daniel Soto y a los asesores que conformaban la unidad.

En otra de las denuncias se mencionan los posibles delitos de prevaricato y violación de datos personales según dio a conocer Diario Extra.

La Fiscalía debe analizar las denuncias para determinar si existen indicios de delitos.

Según la PEP, las denuncias se relacionan con  «el aparente acceso a datos o información sensibles y/o confidenciales de los ciudadanos».

«El apersonamiento en condición de víctima le permite a la PEP participar en la investigación penal aportando pruebas y ejerciendo las acciones civiles que correspondan para reclamar los daños y perjuicios que se estimen pertinentes en caso de que se configure un delito contra los deberes de la función pública», detalló esa entidad.

El caso de la UPAD también es investigado por la Defensoría de los Habitantes.

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