La Procuraduría General de la República (PGR) recomendó a los diputados de la Asamblea Legislativa valorar “posibles vicios de constitucionalidad” en el proyecto de ley para el aprovechamiento sostenible de camarón, que busca reactivar la pesca de arrastre en Costa Rica.
La entidad respondió a través del oficio OJ-123-2019, firmado por la procuradora Elizabeth León, en respuesta a una consulta que realizó el diputado Mario Castillo, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
En sus observaciones, la PGR recordó que la constitucionalidad del proyecto depende de que existan estudios o informes técnicos que le den sustento, de modo que no exista regresión en materia ambiental.
Al respecto, señalaron que si bien no pueden evaluar los estudios realizados por el Instituto Costarricense de Pesca (Incopesca) en los últimos años, sí podían realizar algunas valoraciones, como el hecho de que estos “dejaron de lado otras variables ambientales” que han sido pedidas por la Sala en el voto 10540-2013.
Entre ellas, recordaron que los magistrados han hablado de términos como la repercusiones en aves, en la superficie marina, en los microorganismos marinos y en los procesos de descomposición, aparte de la captura incidental de otros animales.
“De ahí que, con base en los principios antes expuestos y en las disposiciones de la Sala Constitucional citadas, el proyecto de ley propuesto podría contener vicios de constitucionalidad, en el tanto, restablece la pesca de arrastre sin contar con un estudio técnico que haya evaluado, en su totalidad, el impacto ambiental que produce esa actividad”, indicó la Procuraduría.
La PGR señaló que el mismo Incopesca ha comunicado que sus estudios continuarán por los próximos dos años para cumplir con los fallos judiciales, hecho que interpretó como una prueba de que los estudios parecen insuficientes.
El abogado del Estado indicó que, aun si los estudios fuesen catalogados como suficientes, el proyecto de ley propuesto no hace distinciones sobre los tipos de camarón y las zonas de captura, a pesar de que las indagaciones se han hecho únicamente en el Océano Pacífico y para las especies Pinky y Fidel.
Además, se permitiría la pesca con redes de suripera, las cuales, dicen, tampoco fueron estudiadas por Incopesca.
La pesca de arrastre quedó inactiva en el país desde agosto del año 2013, cuando la Sala Constitucional acogió una acción interpuesta por grupos ambientalistas en contra de esta técnica pesquera.
En aquel momento, la Sala contempló que la técnica ponía en peligro los ecosistemas marinos, así como la reproducción de las especies de camarones.
Por ese motivo, ordenó que no se otorgasen nuevos permisos, ni se renovaran licencias, al menos hasta que se desarrollaran estudios serios que justificaran una “reapertura” de la actividad económica y la utilización de mecanismos menos invasivos en el ambiente.
Desde entonces, se desarrollaron estudios en la Administración Solís y en el actual Gobierno: los primeros rechazados por la Sala por no cumplir aspectos básicos y los segundos de forma parcial (en zonas específicas y con dos tipos de camarón).
Con estos estudios se ha intentado atender, aunque sea parcialmente, el desempleo en el Pacífico Central, donde la prohibición de la actividad camaronera ha dejado a cientos de pescadores en ascuas.
No obstante, los estudios hasta ahora han fracaso al igual que los proyectos que han impulsado, como ocurrió con el último intento en el año 2018. En aquel entonces, los diputados del cuatrienio anterior también impulsaron y hasta aprobaron un texto, a pesar de que todo apuntaba a su futuro fracaso.
La opinión jurídica de la Procuraduría, como asesor legal del Estado, no es de acatamiento obligatorio. Sin embargo, estos documentos se describen como un insumo de seguridad legal para los diputados, de cara a las decisiones que deban tomar sobre los proyectos consultados.
Disputa legal por esteros
Por último, la PGR también señaló la posibilidad de disputas legales por la pesca de arrastre en esteros. Según la entidad, el proyecto plantea prohibir esa prohibición, lo que implicaría la posibilidad de conflictos legales con normativas nacionales e internacionales, como la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional.
“Debe advertirse que se pretende reformar el artículo 46 de la Ley de Pesca y Acuicultura, eliminando la prohibición de pescar camarón en los esteros del país”,
“Al existir normativa relacionada con la protección de los esteros y los ecosistemas de humedales (…) en el que solo es posible autorizarlas actividades dispuestas en el artículo 18 de la Ley Forestal, ello implicaría el surgimiento de un conflicto normativo, en el tanto se estaría dejando abierta la posibilidad de que las licencias de pesca de arrastre que se pretenden regular puedan ser utilizadas en esas zonas”, subrayó la entidad.
Asimismo, indicó que este tema tampoco fue incluido en los estudios realizados, por lo que no tendría un sustento legal de cara a los altos jueces de la Sala Constitucional.
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