La Procuraduría de la Ética Pública descartó prolongar el plazo para la apelación del informe que desestimó cualquier violación al deber de probidad del expresidente Luis Guillermo Solís, una acusación que había hecho la anterior nómina legislativa tras la investigación sobre el caso del “cemento chino”.
Así lo informó la tarde de este lunes la presidenta legislativa Carolina Hidalgo, quien achacó la situación —como lo ha venido haciendo en los últimos días— a descuidos del directorio legislativo anterior (compuesto por los exdiputados Gonzalo Ramírez, Carmen Quesada y Michael Arce) y a que no fue notificada a tiempo sobre la existencia del informe, cuyo plazo de vencimiento ya había empezado a descontarse desde el inicio de sus gestiones.
Específicamente, la Procuraduría recordó a través del oficio AEP-601-2018 que “el plazo establecido para interponer los recursos ordinarios administrativos en contra de las resoluciones de la PEP que acuerden el rechazo, archivo o desestimación de una denuncia, es de tres días hábiles. contabilizados a partir de la realización de la comunicación respectiva”.
Al respecto, Hidalgo acusó que “el plazo empezó a correr desde el día 27 de abril (cuando aún no asumía funciones), tomándose como días hábiles el día 1, 2 y 3 de mayo”.
“Como ustedes saben, el directorio que presido sesionó hasta el día 2 de mayo y no se le informó sobre ese documento ni su contenido… mucho menos del plazo perentorio. Por lo tanto, con esta información podríamos decir que la Procuraduría plantea la responsabilidad administrativa que tenía el directorio anterior sobre el trámite del documento y su plazo perentorio, tanto para las nuevas autoridades como para los diputados entrantes”, agregó.
Además, el ente procurador agregó que el informe fue entregado completo, algo que deja sin resolver la incógnita sobre la presunta falta de dos páginas denunciada por la presidenta Hidalgo, quien asegura haber encontrado los folios sin dos páginas el 17 de mayo, cuando dijo haber sido enterada del mismo.
“Varias semanas después, la Dirección Ejecutiva plantea que tenía un documento para repartir entre los nuevos diputados, peor que tenía un faltante de dos hojas que se solicitaron a la Procuraduría. Con esta aclaración se deja entrever que el señalamiento de la Dirección Ejecutiva sobre el faltante de las hojas se da una vez que el plazo ya se había terminado, como lo indica la Procuraduría”, comentó Hidalgo.
Sobre el traslape del documento en el cambio de legislatura, el anterior presidente legislativo, Gonzalo Ramírez de Renovación Costarricense, había externado que los sobres llegaron el jueves 26 y que el lunes 30 conocieron el documento, fecha en la que sesionó de forma extraordinaria su directorio y se pidió sacar copia a los papeles recibidos.
“Si le faltaban o no le faltaban hojas, no tengo la menor idea. Estoy seguro de que se le sacó copia completa, después se comunicó conmigo la Dirección Ejecutivo indicándome que le faltaban hojas, pero yo ya había salido con cajas de mi oficina y tenía todo listo. Lo correspondiente era que ellos le pidieran una copia completa a la Procuraduría si es que hacía falta alguna hoja en el documento”, detalló.
Todas estas condiciones provocaron que el informe no pudiera ser apelado en la legislatura actual ni la pasada, hecho que ha generado malestar en los congresistas a pesar de que —como señala la nueva presidenta Hidalgo— “estos informes no han sido apelados” históricamente.
Quieren investigar
A lo interno de la Asamblea Legislativa, las voces diputadiles han manifestado su deseo de investigar los trámites que concluyeron en la imposibilidad de discutir y apelar la resolución de la Procuraduría.
En esa línea, el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides, indicó apenas anunciado el pronunciamiento de la Procuraduría que ve “muy confusas todas las explicaciones que hemos escuchado hasta ahora”, en vista de que “no hay claridad de por qué se notifica un viernes, cuando ya los diputados estaban desalojando oficinas”.
También cuestionó “la falta de dos páginas” en el informe y que no se le hubiera dado “la oportunidad” a los diputados que realizaron la investigación de realizar sus observaciones sobre el texto recibido, algo que habría sido posible con una notificación más temprana. Todos estos hechos —en conjunto— los mencionó como motivos para realizar una indagatoria en alguna comitiva.
Así lo había manifestado ya el jueves anterior durante la sesión del Plenario Legislativo, donde los diputados aprobaron realizar un debate reglado de poco más de una hora para expresar sus preocupaciones por este tema.
Allí también solicitaron levantar una investigación el resto de las fracciones, aunque los oficialistas de Acción Ciudadana (PAC) cuestionaron que se buscara ensuciar la imagen de su partido cuando el anterior directorio “no era afín” y los resultados de la investigación más bien “les habría gustado” por la absolutoria, en palabras de la legisladora Laura Guido.
Ese día también se excusaron el primer secretario del nuevo directorio, Luis Fernando Chacón de Liberación Nacional (PLN), y la segunda secretaria, Ivonne Acuña de Restauración Nacional (PRN); quien incluso que “enunca vieron ese informe” y que el mismo “no venía en el orden del día”.
