La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) rechazó categóricamente que hubiese incurrido en una violación al debido proceso y al derecho de defensa de los investigados ante la denuncia DEP-179-2023 presentada contra la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel, y otros miembros de la junta directiva.
Armando López, director de la (PEP), señaló que la denuncia no se investigó, sino que se rechazó investigar porque la Fiscalía les informó que, por hechos similares, tiene abierta una causa penal, en la cual se encuentra apersonado el procurador de la ética pública y se consideró innecesario realizar una investigación preliminar, ya que los hechos iniciales estaban en conocimiento de dicho ente.
“La Procuraduría de la Ética Pública procedió, entonces, con el envío de la información para que se valorara dentro del expediente penal en trámite. Además, al deberse a una posible falta administrativa de control interno por incumplimiento de requisitos legales en nombramientos se procedió a trasladarse a la Auditoría Interna de la Caja”, señaló López.
Ante estos supuestos, añadió el director del PEP, rechazan de forma contundente cualquier manifestación que sugiera violación alguna al debido proceso y al derecho de defensa, ni mucho menos admitir tratos discriminatorios o favorecimientos en la tramitación de las denuncias.
Este comunicado llega luego de que la presidenta ejecutiva de la Caja aseveró que siente una «discriminación» hacia su persona, pues ha planteado denuncias ante la Procuraduría de Ética, las cuales no se han movido con tanta celeridad, como la interpuesta en su contra.
«En cambio, llega un sindicato de la CCSS a presentar una denuncia con una exfuncionaria de la Procuraduría y ahí sí se mueven”, agregó Marta Esquivel en una información publicada previamente en este Semanario.
Sin embargo, el director de la PEP indicó que la rapidez en la atención de las denuncias interpuestas depende del marco jurídico que se aplica, según sus particularidades y complejidad de cada una.
“En el caso de la denuncia DEP-179-2023, su trámite fue consecuente con la valoración jurídica que se hizo en la etapa de admisibilidad, procediendo con el rechazo de la solicitud de investigación y el consecuente traslado de la misma a la Fiscalía, para efectos penales, y a la Auditoría Interna de la Caja Costarricense del Seguro Social, para efectos administrativos”, concluyó López.
