El procurador general de la República, Julio Jurado, afirmó hoy que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas debería considerarse como una normativa “prevalente” sobre las leyes y los regímenes salariales especiales anteriores.
En otras palabras, señaló que cualquier incentivo (o ley de incentivos) que existiese antes de la aprobación de la reforma, debería “adecuarse” a los nuevos parámetros establecidos por ella.
Jurado realizó sus declaraciones ante los diputados de la Comisión para el Control de Ingreso Gasto Público de la Asamblea Legislativa, foro en el que estudia la validez de varios acuerdos que tomaron la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y los sindicatos del sector salud firmaron en febrero pasado, en materia de incentivos salariales.
“La regla de la cual partimos es que esta ley (el plan fiscal) no necesariamente tiene que ceder ante los regímenes especiales, sino que más bien sería prevalente en su aplicación a los regímenes especiales (…) la intención del legislador fue clara en unificar las normas en una sola”, detalló ante la consulta de la diputada liberacionista Yorleny León.
Según indicó el procurador general, la reforma realizó especificaciones muy concretas en materia de incentivos salariales, las cuales no deben ignorarse a partir de su entrada en vigencia.
Jurado no se refirió directamente sobre las actuaciones de la CCSS, de los sindicatos, ni del Gobierno; sin embargo, sí habló sobre el conflicto que originó esos acuerdos: el pago de las anualidades en el sector público.
Según indicó el procurador, el conflicto de fondo era si podían modificarse o no las fórmulas de pago, algo que la Procuraduría General de la República (PGR) respalda hacer.
Esto implicaría que las anualidades tendrían que calcularse de forma nominal, sin importar si el funcionario es viejo o nuevo en las instituciones.
Eso sí, Jurado dijo que esa forma de cálculo no podría aplicarse para rebajar las anualidades ya ganadas por los trabajadores, pues los montos ya cobrados y acumulados por los funcionarios más antiguos son derechos adquiridos.
Jurado reconoció que esta interpretación es compleja y que el tema puede ser asimilado de forma distinta por otras entidades; sin embargo, detalló que cuando el tema se judicialice la representación legal del Estado tendría “una posición fundamentada” para justificarse.
Según la PGR, los montos ya ganados no pueden disminuirse, pero los montos que aún no se calculan son expectativas de derecho y sus fórmulas de cálculo pueden cambiarse.
Jurado respondió así a las preocupaciones del diputado José María Villalta, del Frente Amplio (FA); quien señaló que podrían estarse afectando los derechos adquiridos de los trabajadores si cambia la fórmula de cálculo de las anualidades futuras.
En esa línea, Villalta señaló que la posición de la Procuraduría podría decantar en “perjuicios financieros” para el Estado, en caso de que funcionarios demanden por una interpretación distinta, caso en el que la PGR debería argumentar su postura en los tribunales.
El procurador prefirió no referirse sobre casos concretos, en vista de que la PGR “no es un órgano de control de la actuación de la Administración Pública”. En términos generales, simplemente reiteró que los regímenes actuales deberían “adecuarse” a la reforma fiscal, aunque tomando en cuenta sus distintas “particularidades”.
