Los problemas de acceso al agua, producto de la contaminación residual con agroquímicos usados en las piñeras, se mantienen tras años de haber sido detectados y hasta prohibido su uso, en las comunidades de Santa Rita, Pital, Río Cuarto y otras comunidades sancarleñas.
Así lo denunciaron representantes de seis Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ASADAS) de la zona, que comparecieron este martes ante la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa, que como parte del expediente 21.295 realiza una investigación sobre las responsabilidades políticas derivadas del secretismo de los resultados de la investigación denominada: “Caracterización de las prácticas de uso y manejo de agroquímicos en la piña para la implementación de buenas prácticas agrícolas”, dada a conocer en el 2018.
El mencionado estudio encargado por el Servicio Fitosanitario del Estado, que comenzó en 2015 y estuvo a cargo del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica, se dio a conocer en 2018 según los comparecientes gracias a la intervención del exdiputado José María Villalta, quien interpuso recursos de amparo para obligar su divulgación.
La investigación mencionada reveló que desde el 2015 se encontraron trazas de bromacil y ametrina (ambos usados en el cultivo de la piña) en las fuentes de agua, incluidas nacientes de las que se extraía agua para consumo local.
UCR revela que agua en la zona norte registran contaminación con agroquímicos
Pese a que la investigación inició en 2015, ni la UCR, ni las otras autoridades del Estado han alertado a la población sobre el riesgo.
En la actualidad, indicaron, en las fuentes de agua en que se detectaron los químicos continúan obteniéndose resultados que evidencian su presencia y por eso, no pueden usarse, lo que ha limitado la capacidad de las Asadas para proveer del preciado líquido tanto a las familias como a los pequeños productores de la zona y tampoco se han ofrecido soluciones por parte de las autoridades competentes.
Margarita Alvarado, de la Asada de Veracruz indicó que desde 2016 su organización sospechaba del problema, por lo que empezó a realizar estudios por aparte en un laboratorio privado debidamente acreditado, pero que “sospechosamente” salían negativos hasta que se dieron a conocer los resultados del SFE y en una prueba conjunta, sí salieron positivos. “Hay mucha mucha incertidumbre de lo que pasa con los resultados, con los analisis, nos dijeron que confiaramos en el SFE, pero ¿cómo?”, dijo.
Alvarado agregó que a partir de la detección de la contaminación, la relación con la empresa dueña de la finca donde están las fuentes de agua (Agrícola Industrial La Lydia, una piñera) cambió y que ahora tienen problemas hasta para ingresar a hacer muestreos o clorar el agua de los tanques.”Hemos gastado 600 millones en sanear un problema causado por una piñera, la problemática sigue y se siguen contaminando el agua”, indicó.
La representante comentó a las y los diputados que existe un sistema de filtrado que maneja una cooperativa y que podría ser una opción para sanear las aguas contaminadas y que no se pierdan. Eso sí, dijo, requerirían el apoyo que hasta ahora no han tenido. Además, pidió que se tomen “decisiones urgentes” para que los agroquímicos que han afectado a las comunidades pierdan su registro sanitario, para evitar otro “envenenamiento masivo”.
Benjamin Rodríguez, presidente de la Asada de Santa Isabel de Río Cuarto intervino primeramente para manifestar el “dolor profundo” de su comunidad pues “una institucion tan noble como la universidad y una institución del estado nos hicieron tomar por tres años agua con bromacil por el secretismo que tuvieron” y pidió apoyo para implementar soluciones definitivas.
Luis Cruz, administrador de ese acueducto dijo que cuando se detectó la contaminación él esperó que llegara “hasta el OIJ” y que se recibiera apoyo extraordinario por parte de las autoridades para garantizar el líquido vital a las miles de personas que atiende su Asada, pero que eso no sucedió. “Nos dijeron que teníamos que cerrar esa naciente y ya”.
Cruz denunció que la Comisión Interinstitucional por la Contaminación de Sustancias Químicas Agrícolas ha marginado a las comunidades y que sólo han sido convocadas en tres ocasiones, además de que no se han brindado respuestas ni se han sentado responsabilidades. “Alguien contaminó nuestras nacientes y ¿dónde está?, ¿van a hacer daño y ya?”, preguntó, reclamando justicia.
Por su parte, Armando Montero de ASA-CINCO dijo que las comunidades que ellos atienden tienen problemas desde 2013 cuando la fuente principal se contaminó con arsénico y hubo que cerrarla construir pozos pero luego esos se contaminaron con bromacil y por eso, han tenido que pedirle a otros acueductos atender parte de su población. “Debemos buscar alternativas a largo plazo, claro que habrá que buscar responsables pero lo que queremos son soluciones”, dijo.
Entre otras opciones, el funcionario pidió aque se reglamente correctamente la ley 10.210 que permite extraer agua de áreas protegidas pero que no se ha normado apropiadamente, por lo que no se puede implementar.
En un segundo bloque de comparecencias Edwin Chaves de la Asada de La Tabla de Río Cuarto relató como en 2018 cuando se notificó la contaminación les cerraron la posibilidad de usar la naciente más productiva que tenían (sólo usaban dos) y lamentó que de seguro, al menos desde cinco años antes la población estaba tomando agua con químicos. “Ha sido un calvario, no tenían plan para esa emergencia y el pueblo se nos vino encima por el agua”.
Chaves aseguró que fue gracias al José María Villalta que el asunto salió a la luz pública, “porque el SFE y el CICA lo tenían claramente marcado como confidencial”.
Doris Rojas, de la Asada de Santa Rita indicó que en su comunidad la naciente ha sido incluso invadida por siembra de piña pero que días antes de la inspección “que se anuncia con bombos y platillos, quitaron la piña y sembraron palmeritas, para decir que estaban reforestando”.
“Tomamos agua contaminada por años, por una simple negligencia y por el secretismo”, dijo.
Nerwin Nájera, administrador del acueducto de Pital también dijo que desde el 2015 las autoridades sabían de la contaminación y no sólo no han informado apropiadamente sino que no han dado soluciones, al tiempo que invitó a los legisladores a llamar a cuentas a los jerarcas.
El frenteamplista Ariel Robles intervino para decir que esta situación “pasa a la vista y paciencia de todo el mundo, y no debería pasar desapercibida” y agregó que es necesario aclarar que la contaminación viene de piñeras pero que no se han sentado responsabilidades. “La institucionaldiad debe atender esto pero también sentar responsabilidades, es un delito gravísimo atentar contra la salud pública de las personas”, dijo.
El diputado pidió a la comisión “pararse fuertes” aunque los presionara el sector piñero porque “no puede ser que las piñeras sean una república independiente” donde no se aplica la ley, se violan derechos laborales y ambientales y no sucede absolutamente nada
La liberal Kattia Cambronero, por su parte, culpó no a los productores que generan la contaminación si no a la “incapacidad institucional” del problema y se quejó de que “paguemos por instituciones que no sirven para nada”.
El liberacionista Oscar Izquierdo dijo que lo más preocupante de todo es el tiempo que ha transcurrido sin soluciones y consultó sobre la relación con el Ministerio de Salud, pues en una comparecencia previa la jerarca Joselyn Chacón aseguró que tenían una relación cercana con las comunidades, lo que fue desmentido por sus representantes.
