Las personas beneficiarias de la pensión mínima de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuyo monto es de ¢131.000, se encuentran en primera línea de sectores a los que la actual estrechez fiscal del Gobierno les pasará factura.
La Junta Directiva de la Caja no se ha pronunciado sobre la revalorización de las pensiones en curso de pago, correspondiente al primer semestre del año. Hay una gran preocupación porque la situación fiscal ha frenado el ritmo de ingresos del aporte estatal, lo que no permite aprobar nuevas pensiones ni aumentar el monto actual, reveló el directivo Mario Devandas, representante del sector sindical.
Existe un acuerdo de que la pensión mínima del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que administra la CCSS se vaya ajustando al monto de la base mínima contributiva (¢257.920).
La base mínima contributiva es el nivel mínimo sobre el cual un asegurado debe contribuir con los seguros.
Ya tocaba aumentar la pensión mínima para acercarla a la base mínima, pero la administración actuarial de la Caja planteó que al ritmo que está llegando el aporte estatal va a ser necesario dejarla en el nivel actual, cerca de 50%.
Devandas dijo que se opuso rotundamente a tomar esa decisión, porque una pensión de ¢131.000 ya “es una tristeza”, y Costa Rica más bien debería ir hacia una renta mínima para todas las personas, como existe en otros países.
Es un tema muy difícil y la Caja no debe asumir sola la responsabilidad de esa decisión, porque a los ojos de la gente aparecería como la culpable del congelamiento de las pensiones, consideró el directivo.
Debe darse una discusión pública, en la que participen las autoridades del Gobierno y ojalá los diputados, donde quede claro que si la pensión no se aumenta es porque no le pagan a la Caja, expuso Devandas, quien añadió que las decisión en la Directiva fue promover esa discusión.
Hasta 2016 a los jubilados que cotizaron poco para tener una pensión mínima la diferencia se les financiaba con el aporte obrero patronal al IVM y las ganancias de la reserva de ese fondo perteneciente a los trabajadores, cercano a los ¢2 billones (millones de millones).
Sin embargo, el costo se volvía insostenible por el acelerado incremento del número de esos jubilados.
En cinco años, del 2010 al 2015, el costo del subsidio se incrementó en un 43%, al pasar de 64.780 a 80.500 beneficiados (15.720 más), según datos de la Gerencia de Pensiones de la Caja.
Paralelamente el IVM tuvo un incremento de erogaciones por pensiones adelantadas, debido a una omisión cometida en el 2007 en un cambio del reglamento que eliminó requisitos y abrió “un portillo” para que más personas pidieran la pensión adelantada.
Inicialmente estaba prohibida la pensión adelantada para personas cuyas cotizaciones no les alcanzaran para obtener la pensión mínima. En el 2013 al percatarse del error, las autoridades de la Caja restablecieron la prohibición para evitar que las personas con baja cotización se acogieran a la pensión adelantada para obtener la pensión mínima.
Posteriormente se aprobó un cambio de reglas para el retiro anticipado con el propósito de evitar que miles de asegurados (un promedio de 2.800 al año) optaran por la pensión anticipada, lo que presionaba extraordinariamente las finanzas del IVM.
Para llenar el hueco en las finanzas del régimen, la evaluación actuarial de la Caja del año 2015 recomendó aumentar la contribución estatal. En el 2016 la Directiva de la CCSS subió de 0,58% a 1,24% de los salarios (0,66% de incremento) como medida de corto plazo, mientras se discutía una reforma más integral para salvar la solvencia del régimen.
Posteriormente, el año pasado se aprobó la recomendación de aumentar en 1% la cuota obrera al IVM (pasó de 2,84% 3,84% del salario), a pesar de protestas sindicales contra la medida. El incremento se dio en dos tractos de 0,5% en junio del 2017 y enero del 2018. Significa que por cada ¢100.000 de salario la persona pagará ¢1.000 adicionales al IVM.
Con dichos aumentos, la Caja proyectaba obtener unos ¢793.000 millones de ingresos adicionales en cinco años, lo que daría respiro mientras se aprueba una reforma integral del sistema de pensiones, como han propuesto diversos estudios actuariales.
Sin embargo, los recursos no han llegado como se planeó, Hacienda ha venido pagando el monto correspondiente a la cuota anterior del 0,58%, pero no ha abonado el aumento, al cual se opuso aduciendo imposibilidad de pagar debido al déficit fiscal que enfrenta el Gobierno.
CUENTAS POR COBRAR
La deuda acumulada la Caja la tiene en “cuentas por cobrar”. Semanas atrás la nueva ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, se reunió con las autoridades de la institución y se acordó que la deuda se pagará en abonos.
En su momento, el anterior titular de Hacienda, Helio Fallas, criticó a la Caja por aprobar el aumento sin tomar en cuenta la situación fiscal, y criticó que lo que se propuso como un subsidio terminó siendo un aporte que se le impuso al Estado.
Cabe mencionar que por ley el aumento de la cuota estatal para el IVM implica un incremento automático en la misma proporción de la contribución del Estado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema).
El aumento en la cuota estatal es solo parte de las medidas de corto plazo que ha establecido la Junta Directiva de la Caja en espera de una nueva reforma integral al régimen de IVM.
Un estudio actuarial de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica indicó en diciembre del 2016 que, si no se tomaban medidas correctivas, en el 2024 el IVM comenzaría a usar las reservas del fondo para pagar las pensiones, y en el 2030 las reservas se agotarían.
Entre otras posibilidades el informe propuso considerar un aumento en la edad de retiro (actualmente en 65 años), un aumento en las cuotas o la disminución del beneficio de las pensiones.
El mes pasado la Junta Directiva aprobó un conjunto de reformas que propuso una mesa de diálogo integrada por sectores sociales y representantes del Estado. Estas incluyen un incremento de 0,5% de la contribución tripartida (obrero – patronal – estatal) al IVM, cada seis meses a partir del 2019, para lo cual la Directiva debe aprobar primero una reforma al reglamento del IVM.
Pensiones en números
Cuatro de cada diez personas pensionadas causantes por Invalidez, Vejez y Muerte (es decir personas que aportaron al IVM) se encuentran en la condición de pensión mínima (¢131.000).
En efecto, dentro del total de 229.199 pensionados causantes, 96.491 (42%) reciben pensión mínima.
En el rango de pensión máxima hay 1.746 personas (0,76%), y entre los topes máximo y mínimo está el mayor grupo: 130.962 (57%).
La pensión promedio de los que se ubican entre los topes mínimo y máximo es ¢361.996. Los hombres reciben en promedio ¢373.070 colones y las mujeres ¢345.696.
En el rango de pensiones máximas, el promedio es de ¢1.829.169 (¢1.817.016 los hombres y ¢1.863.771 las mujeres).
Las personas jubiladas por vejez son el mayor grupo: 117.650 personas, las cuales a su vez se distribuyen en 40.216 en la pensión mínima, 75.828 entre topes y 1.606 en el rango de pensión máxima.
De las 60.062 que tienen el beneficio por riesgo de muerte, 26.427 reciben la pensión mínima, 33.515 se ubican entre topes y 120 están en el rango máximo.
De las 51.487 pensionadas por invalidez, 29.848 reciben la pensión mínima, 21.619 obtienen pensiones entre topes y 20 tienen pensión en el rango máximo.
Fuente: Datos de Dirección Actuarial y Económica de la CCSS a diciembre 2016.
Base de la pensión
La CCSS establece una base mínima de contribución obligatoria a las personas afiliadas al seguro, la cual se revisa periódicamente para ir acercándola al salario mínimo (actualmente ¢300.255 para trabajador no calificado).
Desde enero pasado la base mínima para la cuota obrera y patronal a la CCSS es ¢257.920.
Hay una decisión de la Junta Directiva de que la base mínima de cotización sea revisada periódicamente para irla acercando al salario mínimo.
A su vez, la Caja tiene establecida una pensión mínima, que se calcula como un porcentaje de la base mínima contributiva. En la actualidad esa pensión es de ¢131.000, y el acuerdo original es que se vaya ajustando al monto de la base.
Cuando a la persona con edad de pensionarse le corresponde un monto menor a la pensión mínima, de acuerdo con la cotización que hizo, la Caja paga esa cantidad y el Estado subsidia la diferencia para completar la pensión mínima.
El aumento de la base mínima contributiva lo que se busca es que haya una relación de equilibrio entre el aporte y el beneficio que se recibe.
