En la primera convocatoria del Poder Ejecutivo para la agenda legislativa de sesiones extraordinarias predomina el rescate de reformas que ya habían tropezado, como las jornadas laborales de doce horas y los expedientes que quedan del proyecto estrella de la administración, la ley jaguar que se estrelló ante la Sala Constitucional.
Además, el Poder Ejecutivo quiere recuperar el paso en dos áreas donde no logró avanzar como esperaba, entre ellos la ley de armonización del sector eléctrico, así como reformas en materia de seguridad.
No obstante, el arranque no fue una señal positiva para Zapote: apenas con una hora y media de sesión, la falta de quórum obligó a levantar la sesión, luego de que el presidente legislativo Rodrigo Arias informara que solo había 36 diputados en el recinto parlamentario. Estaban ausentes 7 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), 5 del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), 4 del Progreso Social Democrático (PSD), 3 de Nueva República (NR) y 1 de Frente Amplio (FA) y del Partido Liberal Progresista (PLP), respectivamente.
Esto truncó el trámite de la sesión, en la que se discutía el presupuesto para el 2025. No es buen augurio para el antepenúltimo período en que el Gobierno tiene el control de la agenda para tratar de impulsar los proyectos de su interés.
En todo caso, la convocatoria firmada por la ministra de la Presidencia Laura Fernández el pasado 31 de octubre incluyó 223 proyectos de ley para este sexto período en el que el Poder Ejecutivo controla la agenda legislativa.
UNIVERSIDAD hizo una consulta al Ministerio de la Presidencia sobre las prioridades del Poder Ejecutivo para estos tres meses, pero la respuesta fue genérica: todos.
Igualmente genérica fue una declaración de la ministra en redes sociales, en la que indicó que querían enfocar a la Asamblea en expedientes que produzcan beneficios al país, en “temas pendientes”.
Empero, en la lista destacan los proyectos 24.290, establecimiento de las jornadas excepcionales, conocido como jornadas de doce horas, o jornadas de 4 x 3, que tropezó en noviembre del año pasado en la Sala Constitucional, luego de ser la prioridad el año pasado, en el tercer período de sesiones extraordinarias.
Asimismo, también se procura resucitar el proyecto 24.467, bautizado por el presidente Rodrigo Chaves como ley Jaguar, que fue la prioridad en este año, y que también naufragó por problemas de constitucionalidad en sus dos primeras versiones. Pero también fueron convocados dos “jaguarcitos”, dos proyectos que incluyen en forma separada dos reformas que tuvieron problemas de constitucionalidad en la versión original: el proyecto 24.359 reforma a la ley orgánica de Japdeva, y el proyecto 24.099, reforma a los artículos 67 y 77 de la ley de contratación pública (el tema de los arriendos).
También aparecen reformas al sector eléctrico que, en palabras de Fernández, “se han empantanado”, como el 23.414, la ley general de armonización del sector eléctrico, así como el 22.561, autorización a los generadores para vender excedentes en el mercado eléctrico.
En la convocatoria se incluyeron siete proyectos relacionados con la temática de seguridad, como el 24.047 (ley contra el sicariato), el 24.019 (ley de ejecución de la pena), entre otros, y cinco proyectos de la reforma de Estado en la dirección de la recuperación de los ministros (proyecto 23.105), y expedientes para realizar reformas en el Ministerio de Ambiente, en el de Ganadería y el de Vivienda.
Se trata de una agenda que puede cambiar rápidamente (Ejecutivo puede convocar o desconvocar proyectos por decreto, para procurar avances), pero que apenas se empieza a sopesar en las fracciones.
Así lo indicó Luis Diego Vargas, el jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), quien indicó que han tenido conversaciones con Fernández, y que ello permitió la convocatoria de cuatro propuestas del PLP, pero advirtió que su bancada todavía se encuentre revisando el listado. Empero, advirtió que en algunas comisiones se debería esperar una negociación del Ejecutivo, para evitar que se atoren ante proyectos polémicos, cargados de mociones.
En contraste, desde la fracción del Frente Amplio (FA) indicaron que no se presentó ningún contacto desde el Ministerio de la Presidencia, más allá de remitir la lista de proyectos convocados. Empero, la diputada Sofía Guillén, desde el espacio de control político, cuestionó la convocatoria de los proyectos de reforma al sector energético, alegando que se trataba de propuestas para favorecer a las élites empresariales.
Las otras bancadas de oposición no respondieron a la consulta de si se había presentado una negociación para procurar el avance de la agenda.
