Dos reformas estructurales, una fiscal y otra al reglamento legislativo, marcaron el primer año legislativo de una nómina entusiasta y joven, aunque dividida.
Si la evaluación de cualquier Asamblea Legislativa encuentra siempre su mejor indicador en los proyectos que aprueba, el primer año de este cuatrienio (2018-2022) quedará marcado por lo consecución de dos iniciativas que parecían impostergables.
Si bien los congresistas aprobaron 116 proyectos, sería imposible enmarcar esta legislatura que recién concluye sin poner sobre la mesa las aprobaciones de la reforma fiscal y de la reforma al reglamento legislativo.
Ambas iniciativas fueron apremiantes, la primera como respuesta a una asfixiante situación fiscal y la segunda como un intento de agilizar las dinámicas, complejas y burocráticas producto de una entrabada y obsoleta dinámica legislativa.
Esos dos proyectos fueron la punta de lanza en el Legislativo durante diez de los doce meses del año que recién concluye: el primero desde mayo hasta diciembre de 2018, y el segundo de diciembre hasta inicios de marzo pasado. Ambos proyectos dominaron el debate público y acapararon la atención de los congresistas, pese a que —en el intermedio— lograron convertirse en la nómina legislativa más productiva desde que se tiene registro contable.
No obstante, las reformas estructurales, la tributaria y la reglamentaria, se llevaron casi todos los aplausos. Ningún otro proyecto tuvo la misma incidencia que estas dos iniciativas.
Las reformas se habían aplazado por años —o décadas, para ser exactos— pero en esta legislatura por fin desataron sus trabas, con la llegada de una nueva selección de congresistas, la mayor parte de ellos nuevos en ese ruedo, atípica por sus altos niveles de juventud y por una intensa división de posturas políticas e ideologías.
Algunos dicen que el cambio que permitió las ansiadas aprobaciones se produjo por la madurez política de las agrupaciones y otros apuntan al hartazgo que tenían los partidos políticos de las condiciones actuales; también existen quienes dicen que el cambio se debió a la llegada de un Congreso por demás laborioso o con mayores expectativas ciudadanas, así como los que apuntan a un ambiente lleno de deseos de gobierno y, por ende, de transformaciones fiscales y legislativas para el futuro más próximo.
Cualquiera que haya sido la explicación, lo cierto es que se generó un inmenso consenso sobre dos proyectos especiales. Además, se aprobaron otras 116 iniciativas, motivo que ha sido suficiente para hablar de una legislatura especialmente especialmente fructífera.
Al respecto, la oficialista Carolina Hidalgo, quien comandó la Presidencia legislativa este año y ahora pasará a sentarse junto con sus compañeros del Partido Acción Ciudadana (PAC), como una diputada más de su fracción, señaló que la clave estuvo en el trabajo conjunto, una idea que se tuvo que colocar con especial atención después de unas elecciones que dividieron la incidencia entre muchas fuerzas políticas, que polarizaron a la población y que dejaron golpeados —por distintos motivos— a la mayorías de las propuestas políticas.
“Fue fundamental trabajar en lo que nos unía. Entrar en la agenda partidaria muchas veces significaba profundizar esas diferencias y era claro que el PAC tiene una agenda sumamente distinta que la que tenía todo el bloque de Restauración o la de otros partidos, al menos en un inicio, y entonces no veíamos para qué darle prioridad a la agenda que nos diferenciaba cuando podíamos darle prioridad a la agenda que nos unía”, analizó.
En ese sentido, explicó que su presidencia no buscó figurar sino “repartir” los liderazgos, de modo que se empujara “una agenda mucho más nacional que partidaria”.
Algo similar mencionó el que fue jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) de la recién concluida legislatura y antes había sido diputado entre 2002 y 2006, y ministro de la Presidencia entre 2011 y 2014.
“Yo este año lo valoro muy positivamente, francamente creo que se han alcanzado acuerdos súper importantes y uno podría puntualizar algunos, pero realmente fueron varios, aunque obviamente trasciende muchísimo el tema de plan fiscal, con una reforma incluida en empleo público. Es decir, se lograron ahí dos avances muy importantes para el saneamiento de las finanzas públicas y llegar a un acuerdo de ese calado cuesta mucho, nos tomamos años”.
“Y no fue solo eso, los proyectos que se convirtieron en ley como el reglamento legislativo podría llegar a ser un hito, y es que desde el año 2002 intentamos hacer una reforma al reglamento y fue imposible”, subrayó el legislador, quien comparó la espera por aprobar estas legislaciones con “varios años de arar en el desierto”.
Algo más
Las reformas estructurales, a pesar de ser las iniciativas más atractivas que se tramitaron, no fueron el único trabajo de los diputados.
Además de la reforma fiscal y de la reforma al reglamento legislativo, los diputados aprobaron proyectos para la fusión del Banco Crédito Agrícola (Bancrédito) con el Banco de Costa Rica (BCR), el tratado de libre comercio con Corea del Sur e institucionalizaron el Sistema de Banca para el Desarrollo.
Asimismo, aprobaron proyectos en temas sociales, así como aquella primera gran constitucional que permitirá destituir a los diputados que falten al deber de probidad.
Este trabajo fue especialmente reconocido por el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiano (PUSC), Erwen Masís, quien aseguró que el trabajo respondió a las voluntades de “una nueva generación de diputados menos amañados, no tan políticos tradicionales y con mucho liderazgo”.
En esa línea, destacó además el proyecto para abastecer de agua a Guanacaste inundando parte de la reserva Lomas de Barbudal, parte de “un gran esfuerzo por parte de todos los diputados y de los jefes de fracción para poner a la Asamblea a caminar” a través de “muchas cosas importantes, que fueron desde las más grandes hasta las más pequeñas”.
Eso también lo dijo el independiente Jonathan Prendas, vocero del bloque independiente Nueva República, quien señaló que esta Asamblea se quedó corta, pero también buscó “atender las problemáticas más cercanas de los costarricenses”.
Prendas, al igual que sus compañeros independientes, no apoyó ni votó favorablemente la reforma al reglamento legislativo ni la reforma fiscal; sin embargo, no cargó de lleno contra el trabajo de sus compañeros. Por el contrario, habló de proyectos importantes, aunque todavía queda camino por llegar a la “economía de a pie” y “los problemas más cercanos de los costarricenses”.
Según el legislador, el primer tramo de la legislatura sirvió para el acomodo de los nuevos diputados y luego vino un impasse en el que dominó la agenda macroeconómica del Ejecutivo, pero ahora corresponderá el turno a los diputados de impulsar su trabajo.
“Existió una perspectiva dentro de toda la macroeconomía que se dio, con el plan fiscal, con los eurobonos y con toda la discusión en la estratósfera. Ahora queda darle una mayor solidez a la política social porque faltó mucho en reactivación económica y generación de empleo”, subrayó.
Para el liberacionista Benavides, la fórmula fue el deseo de construir. “Realmente todos los diputados, los 57, nos apuntamos para construir y generar los espacios, para alcanzar acuerdos y para aprobarlos y convertirlos en ley. Lo hicimos a pesar de nuestras diferencias, que las tenemos y realmente son muchas”, analizó.
La vida después de lo impostergable
Pese a haber aprobado más de una centena de iniciativas entre mayo de 2018 y abril de 2019, el Congreso —hambriento de nuevos proyectos— ha quedado a la espera de nuevos retos que acometer. Algunas de las posibles respuestas se quedaron en la corriente legislativa a medio trámite, mientras que las otras deberán ser presentadas por los congresistas.
En la primera de las líneas, los diputados dejaron en medio trámite el impulso de proyectos de corte económico como la solicitud para acceder a eurobonos (deuda externa) hecho por el Gobierno, así como una serie de iniciativas que se presentaron para temas de reactivación económica, como el control de las tasas de usura o los cobros por intermediación que cobran los bancos por el uso de tarjetas de crédito y débito.
Además, quedaron por trabajarse iniciativas ambientales como la posible declaratoria del país como un espacio libre de exploración de petróleo; así como algunas reformas en materia de empleo público, de control de los movimientos huelguísticos y de restricción a los procesos sindicales.
Otros proyectos quedaron listos para votarse, pero sin acuerdo legislativo, como la posibilidad de establecer un impuesto a los excedentes de la cooperativas; todo parte de una gama de iniciativas que seguramente darán de qué hablar en la nueva legislatura.
Algunos de esos proyectos los mencionaron, entre otras voces, la presidenta legislativa Carolina Hidalgo. Ella señaló varios proyectos que habría querido concretar bajo su gestión, entre las que también mencionó el segundo y último debate de la reforma a la Ley de Armas y Explosivos, una ley para regular el cabildeo en el Congreso y el acceso a la información, el proyecto de extinción de dominio y toda una “amplia lista” de proyectos que ahora quedarán para que el resto del periodo cuatrienal.
Además de todo eso, el independiente Jonathan Prendas agregó proyectos relacionados con la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un trabajo que se impulsa desde una comisión que él mismo dirige.
Asimismo, planteó la necesidad de corregir el rumbo en proyectos como los que buscan regular las plataformas de transporte alternativo y las nuevas modalidades de trabajo como el teletrabajo, la educación dual y las jornadas reducidas; proyectos que intentan “darle solución a lo que la gente necesita”.
Para Prendas, es necesario trabajar en los proyectos de alta intensidad macroeconómica como la aprobación de eurobonos; sin embargo, considera importante incidir en los temas “más específicos”.
Esto también lo apuntó el socialcristiano Erwen Masís, quien señaló que más allá del cambio de legislatura, lo importante es “establecer con claridad la agenda para construir a partir de ahí”, de modo que la Asamblea pueda actuar en una línea definida, más allá de responder a las eventualidades.
Para el liberacionista Benavides, lo más importante, eso sí, será que el año sea “un año en el que se permita construir” en conjunto, pues más allá de los intereses partidarios existe una agenda común que debe prevalecer y es muy amplia.
Entre ellos, habló de aumentar las fuentes de empleo, de regular el empleo público, regular mejor la contratación administrativa y la concesión de obra pública, y demás asuntos en materia de salud, ambiente, educación y otros temas sociales, los cuales deberán trabajarse “a partir de la suma de voluntades”.
Además, cabe destacar que siguen nombramientos pendientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, especialmente en tres plazas de la Sala Tercera que juzga a los propios representantes de los altos poderes de la República (incluidos los mismos diputados).
Algunos momentos claves para los diputados
- mayo de 2018. Los diputados se estrenaron aprobado definitivamente la reforma constitucional que buscaba permitir la destitución de diputados por faltar al deber de probidad.
- junio de 2018. Los diputados reactivaron las discusiones del plan fiscal, aprobando una reforma a la vía rápida que ya se había acordado en la legislatura anterior para continuar con ese proceso.
- julio de 2018. Los diputados reciben para el trámite el primer presupuesto extraordinario del Ejecutivo, una abultada corrección de ¢600.045 millones para amortización de deuda a corto plazo.
- septiembre de 2018. Los diputados aprobaron la fusión del extinto Bancrédito con el Banco de Costa Rica (BCR), con ese procedimiento terminaron el proceso de cierre y absorción de la entidad bancaria.
- de octubre de 2018. Los diputados aprobaron en primer debate el proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (plan fiscal). A partir de ahí, el texto pasó al análisis de la Sala Constitucional, donde antes se habían caído dos propuestas de corte tributario.
- noviembre de 2018. Los congresistas iniciaron con el nombramiento de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente llenaron las vacantes en la mayoría de las salas de justicia, con excepción de cuatro espacios propietarios.
- diciembre de 2018. Pasado el filtro de la Sala Constitucional, los congresistas dieron su “ok” definitivo a la reforma fiscal, la primera de su alcance en los últimos 23 años.
- diciembre de 2018. Justo después de las tensiones relacionadas con la reforma fiscal, el jefe del PLN, Carlos Ricardo Benavides, presentó un proyecto de ley para reformar el marco legal de las huelgas y de las organizaciones sindicales en el país.
- enero de 2019. Los diputados iniciaron el año con la propuesta de estudiar el financiamiento de las universidades públicas. Para ello, los diputados crearon una comisión que analizara y brindara recomendaciones sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
- enero de 2019. También iniciando el año, los legisladores aprobaron la Ley de Movilidad Ciclística, con la que se intentarán mejorar las condiciones de infraestructura y seguridad para desarrollar este tipo de movilidad en el país.
- marzo de 2019. Los diputados aprobaron su reforma al reglamento legislativo a inicios de marzo pasado. Con ese proyecto, redujeron y agilizaron los trámites legislativos para la aprobación de leyes y para el control político.
- marzo de 2019. También en marzo, los diputados ratificaron el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, el único acuerdo de este tipo firmado por la administración anterior.
- marzo de 2019. Más tarde, los congresistas aprobaron en primer debate la segunda de dos reformas que impulsaron en materia de armas, con las que buscaron mejorar los controles en la posesión y la tenencia de estos dispositivos. Estas discusiones estuvieron marcadas por un debate entre posturas que buscaban reducir y que buscaban mantener la cantidad máxima de estos dispositivos permitidos por persona.
- abril de 2018. Hacia el cierre de la legislatura, los diputados recibieron del ejecutivo una nueva propuesta de reforma al empleo público, una iniciativa que seguramente marcará su nuevo periodo.
