Este martes, la Comisión de Ingreso y Gasto recibió al coordinador de la Unidad Ejecutora del fideicomiso por $167.5 millones que pactó el Ministerio de Educación Pública (MEP) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El ingeniero Marco Antonio González explicó que los costos que se especificaron en la ley 9.124 para cada uno de los 103 proyectos de infraestructura “no se sabe de dónde salieron”. La afirmación provocó asombro en los legisladores que investigan por qué solamente se entregaron solamente 41 obras completas.
“Esto se sabe y fue comunicado hace tiempo. Los presupuestos de la Ley no están bien. Se aprobó aquí una ley con un presupuesto con el que no se podía construir”, aseguró González.
Según González, dos meses después de asumir su cargo comenzó a revisar los montos.
“El Banco Nacional contrató a un ‘presupuestista’ para hacer una proyección inicial y se supo que no alcanzaba la plata”, detalló el ingeniero, quien es presidente de la firma FSA Ingeniería y Arquitectura.
Según trascendió en la Comisión, FSA fue la empresa que donó los planos de la Escuela Finca La Caja y, posteriormente, recibió la coordinación de la Unidad Ejecutora del fideicomiso.
En la audiencia también estuvo presente un miembro del Comité de Vigilancia (Carlos Alberto Rodríguez) que aseguró que “en ningún momento se irrespetó la ley”.
Cálculos sin especificaciones
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Yorleni León preguntó sobre el aumento en los presupuestos asignados para cada proyecto.
González detalló que, antes de licitar las construcciones, el MEP entregó a la Unidad Ejecutora unos planos prototipo de las instalaciones que buscaban, los cuales comparó con el diseño de un “Lego” por ser muy básicos. El MEP enumeró “especificaciones técnicas, listas de necesidades y de equipamiento”, coordinadas con de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE).
A partir de esos insumos, otras empresas participaron en “el diseño y producción”. Por la complejidad, la ejecución del fideicomiso sufrió atrasos.
Cuando el fideicomiso empezó a correr, el MEP “no tenían ni los lotes asignados”, dijo Rodríguez.
“La administración de Leonardo Garnier (exministro de Educación en dos periodos entre el 2006 y el 2014), con muy buena fe, pensó que podíamos construir 103 proyectos. Ellos no se imaginaron que hubo una serie de cambios operativos que nos llevaron a incrementar la construcción”, explicó Rodríguez.
El coordinador de la Unidad Ejecutora detalló algunos de esos atrasos, entre ellos “códigos y reglamentos”. Sin embargo, mencionó como los graves los trámites con los traspasos de terrenos a nombre del fideicomiso y los permisos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena); el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) y trabas con municipalidades.
