Una mayoría de legisladores aprobó en primer debate el presupuesto público para el año 2020, el cual aún está siendo analizado por la Sala IV ante una consulta de constitucionalidad planteada por diputados de seis fracciones, por los recortes que hace a programas de salud, educación y bienestar social.
Este lunes 18 de noviembre el Plenario aprobó en primer debate el “Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2020” (expediente 21.568). El Gobierno presentó el plan de gastos a la corriente legislativa el 30 de agosto y fue remitido a la Comisión de Hacendarios, donde fue dictaminado el pasado 16 de octubre.
El presupuesto fue aprobado con 32 votos a favor, 12 en contra y 13 ausentes. Los diputados que lo votaron a favor pronostican que se votará en segundo debate este jueves 21 de noviembre. Si bien el presupuesto se encuentra en consulta ante la Sala IV, este trámite no suspende el proceso legislativo. Sin embargo, la Sala IV podría emitir una resolución que obligue al Poder Ejecutivo a presentar modificaciones.
Sala IV acogió la consulta de inconstitucionalidad
El Gobierno envió un presupuesto por ¢10.509.606,8 millones (¢10,5 billones) para el próximo año, cifra que es un 4,3% menor que el de este año (¢10.976.349,7 millones). Con esta reducción se está cumpliendo con la meta de poner tope al crecimiento del gasto corriente en el Gobierno y en instituciones públicas. Además de que en el 2020 se aplicará, por primera vez, la regla fiscal aprobada como parte de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La regla fiscal dice que el crecimiento del gasto corriente no puede ser mayor al 75% del crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) durante el periodo 2015-2018, que fue de 4,67%. Y el crecimiento del gasto corriente para el presupuesto 2020 es de 3,9%, por lo que se está cumpliendo con el límite establecido por la regla fiscal para 2020, señala el texto del dictamen de mayoría.
No obstante, 13 diputados y diputadas de seis partidos presentaron el 1 de noviembre una consulta de constitucionalidad, señalando que el presupuesto 2020 incluye distintas violaciones a la Constitución Política y la Sala IV acogió la consulta para su análisis. Entre otras cosas denunciaron los recortes a programas sociales, el incumplimiento en materia de inversión en educación en todos los niveles y limitaciones al presupuesto del Poder Judicial.
Los legisladores argumentaron que en el presupuesto hay un desequilibrio en la atención al déficit pues el Gobierno está recortando, perjudicando los servicios públicos y el bienestar social; pero no se está avanzando en recaudación y combate al fraude fiscal.
En el presupuesto 2020 se reduce la transferencia de recursos al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en 23,46%, lo cual representa una disminución de 18 mil millones de colones de 2019 a 2020.
En la consulta presentada ante la Sala IV por los 13 diputados se señala que por esta razón este presupuesto viola la Constitución Política, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Derechos del Niño y que deja desprotegidos financieramente servicios esenciales para personas de escasos recursos.
Otros programas también serían afectados si se aprueba este presupuesto porque disminuyen las transferencias del Gobierno Central sin que se compensen los presupuestos por la inflación. La inflación interanual a agosto era de un 2,86%. Estos son los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-Cinai) y el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF).