El presupuesto adicional para Seguridad anunciado por el ministro Jorge Torres para contratar nuevos policías, por ₡6 mil millones, remitido a la Asamblea Legislativa el pasado 28 de abril, se financiará con el traslado de fondos del Ministerio de Educación (₡3.200 millones) y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (₡2.800 millones).
Este presupuesto extraordinario fue anunciado en el lanzamiento de la Operación Costa Rica Segura, el pasado 19 de abril. En el anuncio, se indicó que 9.500 policías saldrían a las calles en los siguientes seis meses, para tratar de frenar la ola de homicidios en el país, que alcanza niveles inéditos en la historia del país: alcanzó una tasa de homicidios de 12,6 el año pasado, con 656, pero lleva un ritmo de alcanzar los 900 en este año.
Empero, el plan para colocar más policías en la calle naufragó tan solo en dos días, luego de protestas de policías por el cambio de horario que se requeriría para el plan. Ante ello, el presidente Rodrigo Chaves anunció el 21 de abril que no había entendido bien la propuesta, y que de todas maneras no se había implementado la medida principal del plan (jornadas policiales 6×4), que quedó en suspenso.
Por ello tomó más relevancia el anuncio de contratar 700 policías más, 400 en junio y 300 más a finales del 2023. Como parte de esta contratación, se envió a la Asamblea Legislativa el presupuesto extraordinario por ₡6 mil millones, que serviría para financiar 200 nuevas plazas de agentes en el Ministerio de Seguridad y 100 plazas en el programa de servicios de investigación contra el narcotráfico.
El principal financiamiento propuesto por el Ejecutivo proviene de trasladar fondos del Ministerio de Educación (MEP), por ₡3.200 millones. De estos, la principal rebaja se presentaría en la partida de traslados dentro del país (₡1.900 millones), con el argumento de que de todas maneras, aún no se habían realizado contrataciones en el SICOP, por lo que no sería posible utilizar todos los recursos de este rubro.
Otra de las partidas que se deberán reducir tienen que ver con contrataciones para tecnología: se rebajarían ₡284 millones de dotaciones para centros educativos para el proceso de digitalización, ₡93 millones de un contrato para antivirus corporativo y ₡22 millones para compra de insumos para aplicar tecnología a la educación.
Pero también hay una rebaja de ₡700 millones al presupuesto del SINAES, y la eliminación de partidas de ₡77 millones a la Asociación Centro Cultural y Educativo Costarricense Chino, y de ₡67 millones a la Fundación de Cultura y Estudios Brasileños. En el primer caso, la Contraloría improbó el presupuesto; en el segundo, se alegó que el convenio estaba vencido.
En cuanto a los traslados de fondos del MOPT, el principal rebajo se presentó en el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) con ₡1.500 millones. Esto se complementa con una reducción de los recursos para el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) por ₡650 millones, otro traslado de ₡450 millones del Consejo Técnico de Aviación Civil y ₡200 millones de la partida de edificaciones nacionales.
Adicionalmente, el presupuesto extraordinario propone rebajar ₡2.221 millones del servicio de deuda pública y aumentar ese mismo monto en otra subpartida del servicio de la deuda, con el fin de variar la clasificación de la fuente.
