La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pide que se revelen los esquemas de planificación tributaria de aquellas empresas que pueden pagar a bufetes y contadores por su conformación legal. El objetivo de esta acción sugerida por las medidas BEPS es fortalecer la recaudación tributaria, misma que sirve para financiar al aparato público y los servicios de la ciudadanía.
El expediente “cochinilla”, e investigaciones de UNIVERSIDAD del caso de Panama Papers, muestran que Meco sostiene una constelación de empresas subsidiarias para su beneficio. La Fiscalía acusa una presunta “evasión fiscal”, diagnosticada a partir de llamadas telefónicas que hablan del tema y también de los movimientos financieros de los que hablaron los empresarios de Meco por vía telefónica, que conectan a varias empresas del país, entre constructoras, supervisoras, laboratorios, entre otras.
En entrevista, Fernando Rodríguez, exviceministro de Hacienda e investigador del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (OES-UNA), señaló que estos problemas fiscales se solucionan “arreglando la legislación”.
“Las empresas pueden crear esquemas sofisticados de planificación tributaria, tratando de reducir mediante mecanismos legales el pago de impuestos hasta donde sea posible”, dice Rodríguez sobre la “elusión tributaria”.
“La elusión es un fenómeno muy regresivo. No solamente evita que gente con muchos recursos pague impuestos, sino que solo tienen acceso quienes pueden montar estos esquemas de planificación tributaria. Hay que tener un grupo de abogados y gente experta en materia contable que te pueda hacer ese trabajo”, explicó el economista.
Los esquemas de sociedades limitan la fiscalización tributaria del Ministerio de Hacienda, la supervisión de los bancos sobre las transacciones y también las atribuciones legales de familiares sobre el patrimonio de un empresario (el expediente penal señala que se creó una sociedad de Meco en España para “evitar la ‘mierda’ del divorcio entre Magda y Carlos Cerdas”).
Entre otras opciones, Rodríguez señala la “renta mundial” como una vía para “evitar” los entretejidos de sociedades.
“No tendría sentido hacer pasar ganancias en Costa Rica como si se hicieran en otro país porque igual tendrían que declararse aquí. Ahí se cierra la necesidad de tener estos esquemas tan sofisticados para dejar de pagar impuestos”, afirmó.
A la fecha, la Asamblea Legislativa estudia una alternativa de “renta global” que no permitiría unificar en la Ley del impuesto sobre la renta las ganancias que se obtienen del exterior (22.383).
Un expediente aún pendiente de trámite es del diputado José María Villalta para el “Levantamiento del velo de la personalidad jurídica” (22.239). Permitiría que en caso de “fraude de ley, como un recurso para violar la ley o el orden público o para frustrar derechos de terceros”, se prescinda de la personería jurídica para imputar sus delitos directamente a los socios de la empresa quienes “serán solidariamente responsables (de los delitos) en proporción a su participación en el capital social”.
Pese a que la investigación de Panama Papers sugirió acciones para delimitar la creación de estas telarañas empresariales que apalancan legalmente la elusión y se prestan para evadir impuestos, el interés del congreso ha sido limitado en estos temas.
¿Qué dice la OCDE sobre las estructuras de sociedades?
La Acción número 12 de las BEPS pide “Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva”, pero cada país miembro de la OCDE debe guiar su normativa hacia este objetivo.
La OCDE asegura que la planificación fiscal internacional “suelen concebirse específicamente, en mayor medida, para un contribuyente u operación particulares, pudiendo intervenir múltiples partes y generar numerosas ventajas fiscales en distintas jurisdicciones”. Por ejemplo, en el caso de Meco, la empresa tiene contratos en Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Colombia.
“Costa Rica está muy atrás en la implementación de estas medidas, aunque son recomendaciones internacionales, aquí sería un cataclismo político”, afirmó el economista de OES-UNA, Fernando Rodríguez.
En el país, las raíces locales Panama Papers dilucidaron que existen este tipo de estructuras, que también reciben acompañamiento de profesionales en derecho y contabilidad.
“A pesar de que desde algunos sectores y sus voceros se ha afirmado que de la publicación de los llamados Panama Papers no se han desprendido hechos claros que demuestren el uso de estructuras jurídicas offshore con fines evasivos/elusivos, los resultados del análisis del Ministerio de Hacienda dan cuenta de la alta incidencia de conductas de alto riesgo fiscal (alto riesgo de defraudación) en los contribuyentes que han sido identificados como creadores de sociedades offshore”, asegura el informe de la Comisión investigadora del caso del bufete Mossack Fonseca en la Asamblea Legislativa.
Las maniobras “evasivas/elusivas”, acusa el mismo informe, “tienen por efecto la erosión de los derechos sociales, económicos, civiles y políticos de toda la ciudadanía”.
“Y esto debe ser claro: quienes defraudan no solo restan ingresos al Estado, restan al derecho a la educación, al derecho a la salud, a la lucha contra la pobreza, a la reducción de la desigualdad. Restan, erosionan, la posibilidad de mejorar y aumentar la inversión en mejor infraestructura, en mejores servicios públicos de transporte, en mejor educación, en inversión en innovación y tecnología. Cuando dejan de pagar lo justo, no es al Estado a quien dañan, es a la ciudadanía a quién defraudan”, afirma el informe legislativo.
