Sergio Rojas fue asesinado de 15 balazos el pasado 18 de marzo

Presión internacional se cierne sobre Costa Rica por crimen de líder indígena

Personalidades reconocidas del activismo internacional reclaman “ausencia del Estado” como causa del asesinato del indígena.

Dos meses han pasado desde que el 18 de marzo fue asesinado Sergio Rojas, indígena bribri cofundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) y figura visible del movimiento por la recuperación de tierras.

En ese contexto, el pasado 13 de mayo una delegación de indígenas acompañados por docentes y estudiantes de la UCR entregaron en Casa Presidencial un documento firmado por 40 activistas internacionales que han sido galardonados con el premio de la Fundación Right Livekihood, conocido como el Premio Nobel Alternativo.

Ese documento, entregado finalmente a los tres poderes de la República, hace en primer lugar una relación de hechos recientes que consolidaron el despojo de las tierras indígenas, en particular en el territorio de Salitre, donde Rojas vivió y fue asesinado.

Por ejemplo, señala que ese territorio comprende 11.700 hectáreas, “pero como el gobierno venía incumpliendo la Ley Indígena 6172, las comunidades indígenas, especialmente maltratadas a partir del año 2010, decidieron recuperar por mano propia los territorios que legalmente les pertenecían”.

Sin embargo, “los invasores no indígenas (“finqueros”, ganaderos, otros), envalentonados por la ausencia del Estado Nacional, malos jueces que emiten malos fallos judiciales y complicidad de autoridades locales, siguen resistiendo la aplicación de la Ley Indígena 6172. Con total impunidad sus bandas de empleados armados y sicarios han estado amenazando a los recuperadores, quemando sus viviendas y expulsándolos a machetazos y disparos de armas de fuego”.

Sentencia que el gobierno “tan reconocido internacionalmente por proteger la naturaleza y los parques nacionales, dejó sin suficiente protección a los pueblos originarios”.

La fundación Right Livelihood fue creada en 1980 con el fin de reconocer y dar apoyo a “personas y organizaciones valientes que ofrecen soluciones visionarias y ejemplares a las causas fundamentales de los problemas globales”, a partir de una visión “de un mundo justo, pacífico y sostenible para todos”.

La fundación tiene estatus especial consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.

Por otra parte, al cierre de edición una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el país para reunirse tanto con el gobierno de Carlos Alvarado como con las personas en Salitre y Térraba que habían recibido medidas cautelares por parte del organismo.

“¿Para quién gobierna el Estado?”

El documento además se dirige directamente al presidente Alvarado pero también a todos los poderes de la República, al señalar que “deben reconocer que la deliberada ausencia del Estado Nacional en Salitre, y el incumplimiento de la medida cautelar dispuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, permitieron, a través de la inacción, que un asesinato anunciado, el de Sergio Rojas, finalmente ocurriera”.

Lleva la firma de 40 personas que ganaron el llamado Premio Nobel Alternativo, como el estadounidense Paul Walker -quien ha librado una lucha importante contra el uso de armas químicas-, la médica y educadora afgana Sima Samar, o el nigeriano Nimmo Bassey, quien luchó en favor del medio ambiente y los derechos humanos en su país ante el poder de las multinacionales petroleras.

También figuran la nicaragüense activista de derechos humanos Bianca Jagger, y el científico canadiense David Suzuki. El argentino Raúl Montenegro -quien recibió el galardón en 2004 gracias a su trabajo en favor de las poblaciones indígenas y en contra de una central de energía nuclear-, llamó la atención a que Costa Rica “tiene muy buena imagen internacional en cuanto a la protección de los ambientes naturales”, pero que la protección de las comunidades indígenas “no estaba al mismo nivel”.

Montenegro desde hace dos años ha entrado en contacto con las comunidades indígenas Bröran y Boruca, gracias a la mediación de docentes de la Escuela de Estudios Generales (EEG) de la UCR.

Observó que el país cuenta con “normativa robusta, importante” sobre la población indígena, pero que “no hay al mismo tiempo un esfuerzo grande del gobierno para llevar adelante esa legislación que incluso es mucho más avanzada que otros países latinoamericanos; entonces cuando uno habla de ausencia del Estado, es porque el Estado no puso todas las herramientas para hacer cumplir las normas”.

Subrayó que esa ausencia del Estado actuó como un contexto “muy apto” para que frente a las “lícitas y legales” recuperaciones de tierras, “aumentara la violencia hasta llegar al asesinato casi anunciado de Sergio después de una serie de avisos que no fueron suficientemente tenidos en cuenta por el gobierno”.

Acotó que esa ausencia del gobierno es el principal problema no solamente para que se cumpla la legislación, sino para proteger a las personas que viven en tierras recuperadas y a quienes buscan recuperarlas aún en un marco pleno de legalidad, “se trata de recuperaciones legales previstas en la legislación”.

“El problema es el siguiente -sentenció-: ¿para quién gobiernan los estados? Si gobiernan para los sectores como mayor poder y no para los sectores más vulnerables, obviamente estamos en problemas”.

“Seguiremos en la lucha”

Maritza Marín, profesora de la EEG y quien formó parte del grupo de personas que gestionaron con Montenegro la elaboración, firma y posteriormente de que el documento llegara a los tres poderes, observó que la misiva plantea no solo la ausencia del Estado en el territorio de Salitre, sino las relaciones “entre finqueros y personalidades con mucho poder económico y hasta político”.

“La misma gente de las comunidades ha denunciado los vínculos, la policía a veces solo es observadora de las acciones violentas que se dan en el territorio. Se sabe y no se hace nada, no se toman medidas concretas”, lamentó.

En ello coincidió Pablo Sibar, cofundador junto a Rojas del Frenapi y quien forma parte del grupo de personas Bröran que en el territorio de Térraba recuperaron la localidad de Crun Shurin. El activista, sin embargo, en primer lugar lamentó que al momento de llevar la carta al Ejecutivo no fueron recibidos por el presidente Alvarado, como esperaban, sino que fueron atendidos por el viceministro de Presidencia Juan Alfaro.

Sibar calificó ello como “lamentable” sobre todo a días de que llegara la delegación de la CIDH. “Esto muestra que el gobierno no tiene voluntad de resolver los problemas que nos aquejan y que enfrentamos hace mucho tiempo”, expresó, pero aseguró al mismo tiempo que “seguiremos en la lucha y en este proceso de recuperación de tierras, que no es fácil”.

Además, hizo un llamado a que el gobierno ejerza liderazgo “para que realmente los indígenas gocemos de las tierras que nos pertenecen por ley, pero no lo ha querido hacer en décadas. No solo el de Carlos Alvarado sino todos los gobiernos”.

En ese sentido, dijo no percibir ningún cambio en el actuar de la actual administración, “lo veo exactamente igual que los anteriores gobiernos, no hay voluntad política para resolver el tema indígena”.

Insistió en que la población originaria seguirá “en la lucha, a ver hasta dónde nos dan las fuerzas y los terratenientes, que son los que tienen tomado este proceso”. En ese sentido, habló sobre “jueces cuyos suegros tienen tierras en territorios indígenas”, como fue el caso reciente de un juez de juzgado agrario en la zona Sur, que emitió una orden de desalojo contra la población de Crun Shurin. Mencionó que en igual condición está un suegro del fundador del partido en el gobierno, Ottón Solís. “Esas son las situaciones por las cuales no se quiere resolver el tema de las tierras”.


El caso no avanza

Sergio Rojas fue asesinado de 15 balazos el 18 de marzo en su casa en el territorio indígena bribri de Salitre, cerca de Buenos Aires de Puntarenas.

El activista indígena ya había sido sujeto de agresiones y amenazas, todo lo cual ha sido parte de un clima de violencia en ese territorio que ya lleva varios años y que ha incluido violencia patrimonial en la forma de quema de casas y cultivos.

Al cierre de edición, la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas a través de la oficina de prensa del Ministerio Público informó que “continúa investigando el homicidio” de Rojas. “El caso se encuentra en la etapa de recolección y análisis de prueba, para poder ubicar a quiénes podría figurar como sospechosos de los hechos y proceder con su detención”.

Una vez más, se recordó que por disposición de la fiscal general Emilia Navas, desde el 19 de marzo se conformó un equipo de fiscales especializados en homicidios, asuntos indígenas y de la Fiscalía de Buenos Aires.

“En razón de que el caso se encuentra en una etapa que es privada para personas ajenas al proceso, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, no se podrá dar más información al respecto”, concluyó la respuesta.


 


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