El presidente de la República, Rodrigo Chaves; el vicepresidente, Stephan Brunner; el canciller, Arnoldo André; así como los diputados oficialistas Waldo Agüero y Luz Mary Alpízar, están entre la lista de 16 señalados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como posibles autores de cuatro delitos electorales.
Así lo indica el informe elaborado por el TSE en relación con el financiamiento de la campaña de Chaves, donde se concluye que “es posible sostener” que existieron dos “estructuras paralelas de financiamiento” en favor del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y su candidato presidencial; y que en una de ellas también se habría beneficiado el entonces candidato a diputado, Waldo Agüero.
El Código Electoral establece que el uso de estructuras paralelas como mecanismo de financiamiento político está terminantemente prohibido.
La primera de esas estructuras irregulares que el órgano electoral apunta que habría existido en “en grado de probabilidad razonable”, supuestamente se gestó a través de un fideicomiso constituido el 25 de febrero de 2021 por el grupo “Costa Rica Próspera” (CRP).
Ese primer esquema, según el TSE, aparentemente benefició al PPSD en el marco de las elecciones nacionales de 2022. El tribunal indicó que el fideicomiso habría sido gestionado por la compañía ATA Trust Company S.A., que se presume hacía los giros de dinero según las órdenes de Chaves y otras personas. En esa compañía, el canciller André figuró como uno de sus representantes legales, en marzo de 2022.
En el citado fideicomiso ingresaron, entre el 25 de febrero y el 8 de octubre de 2021, las sumas de ₡62.010.239,00 y $348.182,50, de los cuales el Tribunal pudo identificar “el sufragio de gastos político-electorales” por ₡47.733.108,60 y $98.741,44.
La segunda estructura paralela señalada por el TSE habría favorecido al PPSD y, en particular, a Chaves y Agüero. En este caso, presuntamente participaron Jack Loeb Casanova y Sofía Agüero (hija del diputado).
“En total, a través de este esquema se gestionaron ₡12.431.317,40 y $208.844,00 en gastos de naturaleza político-electoral dirigida, en específico, a beneficiar las aspiraciones electorales de los señores Chaves Robles y Agüero Sanabria; movimientos que no fueron revelados, ni íntegra ni fehacientemente, por el partido PPSD en sus informes financieros-contables intermedios ni anuales”, dice el informe del tribunal electoral.
¿Por qué se señala a cada uno?
El TSE detalló la lista de posibles responsables por haber cometido diferentes delitos en relación con ambos fideicomisos, de acuerdo con el Código Electoral.
Los delitos citados se establecen en los artículos 273, 274 y 275 de la citada norma, con penas que inician en los dos años de prisión y llegan hasta cuatro o seis años de cárcel, dependiendo del caso.
Al presidente Chaves se le vincula con dos posibles delitos. En primer lugar, el TSE lo señala por supuestamente haber recaudado fondos “sin haber sido autorizado por el tesorero del partido” (Art. 273). Según el texto, el mandatario habría invitado a recibir depósitos en las cuentas de ATA Trust Company S.A, siendo candidato electo del PPSD.
Igualmente, al jefe máximo del Ejecutivo se le apunta en dos ocasiones (una por cada supuesta estructura) por, aparentemente, recibir “contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte valiéndose de una estructura paralela para evadir el control del partido político” (Art. 275, b), aunque, en el caso de la estructura ligada a Agüero, el TSE rescata que sería “solo en la medida en que el señor Chaves Robles hubiere conocido de antemano la existencia de este esquema de financiamiento y, aun así, hubiere aceptado beneficiarse de él”.
En cuanto al vicepresidente Brunner, el TSE lo anota por, presuntamente, “conocer sobre la existencia de activos del PPSD adquiridos por el fideicomiso del grupo CRP y no haberlo denunciado oportunamente a autoridades competentes”, lo cual sería castigado según el inciso a del Artículo 275 del Código Electoral.
Por otro lado, el TSE señala al canciller André por supuestamente haber tenido el rol de “administrador efectivo del fideicomiso del grupo CRP”, lo que sería una violación al Artículo 273, uno de los mismos con que se vincula a Chaves.
Asimismo, al canciller se le atribuye supuestamente haber hecho donaciones a CRP a título personal y en nombre de algunas empresas, por $5.500. Con esto último, André habría infringido lo dispuesto en el artículo 274 de la normativa citada.
En lo que se refiere a la diputada Alpízar, el TSE indica que ella aparentemente recibió, como presidenta del partido, múltiples donaciones en especie, conociendo que no habían sido sufragadas por personas físicas costarricenses y así haciéndolo creer al propio tribunal. Con esto, la legisladora habría violentado el artículo 275 del Código Electoral.
Y en el caso del diputado Agüero, se anota que, en apariencia, también habría infringido el artículo 275, inciso b, del código en cuestión, pero “solo en la medida en que el señor Agüero Sanabria hubiere conocido de antemano la existencia de este esquema de financiamiento y, aun así, hubiere aceptado beneficiarse de él”.
Junto a Chaves, Brunner, André, Alpízar y Agüero, la lista de posibles responsables por haber cometido delitos la completan: Loeb, Agüero (hija), Andrés Vásquez Landergreen, Alonso Vargas Araya, José Francisco Coto Quesada, Luis Diego Soto Clausen, Bernal Jiménez Chavarría, Adrián Torrealba Navas, Damaris Robles Aguilar, Helen Loeb Casanova y José Antonio Yock Fung.
