El gobierno del presidente Rodrigo Chaves quiso someter a las universidades a un recorte de ₡129 mil millones en el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), recurriendo a su estilo confrontativo, y a su usual estrategia de llevar la disputa a su terreno favorito, el de la opinión pública. Sin embargo, perdió su primer pulso con la calle, ante una concurrida marcha que lo obligó a replegarse.
Se trata de mucho más que una anécdota. El Gobierno había apostado por este recorte de manera formal y frontal, como ratificó la cadena de televisión del 15 de agosto. Empero, los ecos de la marcha todavía resonaban en las vías de Zapote, cuando se anunció que el Gobierno renunciaba al recorte.
Para efectos del discurso, el Gobierno de Chaves trató de llevar este tema a sus molinos de confrontación: era una cruzada más contra privilegios de profesores, por la transparencia, por trasladar los recursos de la educación superior a la enseñanza primaria y secundaria… todo se diluyó, sin mayor justificación. Y del otro lado, no solo las universidades, sino la protesta social se reagrupa, y no solo muestra señales de vida tras la pospandemia, sino que evidencia que puede volver a las trincheras. De la calle y de la opinión pública.
El historiador Iván Molina consideró que la marcha de este 16 de agosto podría representar un reinicio de la movilización social, luego de un período complicado, matizado por la pandemia del coronavirus y reformas legales que la debilitaron.
“El presidente Chaves se ha caracterizado por buscar conflictos y no consensos, por sacar ganancia del conflicto, pero podríamos estar ante un cambio. Es la primera vez, en el marco de este gobierno, que enfrenta un pulso en la calle, y viendo las imágenes de la marcha, podemos estar ante un movimiento grande”, dijo.
Aunque Molina ve que la dinámica del pulso por el financiamiento de la educación superior arrancó como una guerra del presidente contra las universidades, opina que podría evolucionar hacia un movimiento social, al que se sumen otros sectores. “Podría resultarle muy caro al presidente”, consideró.
También el historiador Vladimir de la Cruz consideró que hubo un error de cálculo en Zapote. “Me parece que el presidente Chaves cometió un error garrafal al enfrentarse con las universidades, que tienen buena imagen pública y una elevada fuerza moral. Además, recurrió a argumentos demagógicos y anticonstitucionales, trató de enfrentar a los sectores educativos, como si no fuera obligación dar el 8% del presupuesto a la educación”, manifestó.
Para De la Cruz, el balance es negativo para el Gobierno, que, además de perder credibilidad, podría ver el surgimiento de una marea social: “Creo que esta marcha es ejemplarizante, va a ser motivante para protestas futuras, y propiciar que sean más grandes, en tanto se gestione la participación de otros sectores”.
Flancos expuestos
Sobre la mesa también deben ponerse situaciones como la cohesión del Gobierno y su discurso. Debe recordarse que la administración de Rodrigo Chaves no tiene el respaldo de un partido con trayectoria y dirigencia histórica (El Partido Progreso Social Democrático se constituyó en el 2018). El soporte de Chaves es, en primera instancia, el apoyo popular, pero en las urnas solo logró un 9,9% del padrón en la primera ronda. En la segunda ronda, logró captar un 29% de ese padrón, suficiente para obtener la Presidencia, pero evidencia de que más de un 70% de los votantes no le dio su aval.
Chaves ha logrado maniobrar en estos primeros meses con su estrategia de confrontador, pero no está logrando resultados concretos en campos claves, como reducir el costo de la vida. Por ello, el escenario del discurso se mantiene como vital para su maniobrabilidad.
Empero, en ese escenario podría presentarse también algunas fisuras. De la Cruz señala que en este tema del FEES se ha presentado una diferencia con otros casos. “El presidente no ha apoyado públicamente a la ministra de Educación Ana Katharina Müller, como sí lo ha hecho con otros colaboradores. Es como si estuviera midiendo fuerzas, sin comprometerse con ella”, mencionó.
Es evidente que después de la elevada apuesta por el recorte, la ministra de Educación quedó expuesta: no solo se minó su credibilidad ante la opinión pública, sino ante su sector. En ese sentido, De la Cruz recordó que en el pasado se han presentado situaciones donde la movilización social ha propiciado la caída de un ministro, como Thelmo Vargas en la administración de Calderón Fournier (ver recuadro).
Molina por su parte destacó que el presidente Chaves podría tener una salida para la actual situación, con la remisión del tema a la Asamblea Legislativa. “Si los diputados apoyan las propuestas de las universidades, los acusa a ambos de mantener privilegios; pero si los legisladores se acercan a las posiciones del Gobierno, puede alegar que tenían razón”, dijo.
Empero, no lograría evitar el efecto en el discurso: el gobierno de Chaves, justo en la frontera de sus 100 primeros días, fue por lana con las universidades y no logró nada. En su lugar, obtuvo una movilización social que no se veía en Costa Rica desde hace años. Y como recuerda Molina: “con los movimientos sociales, solo sabemos cómo empiezan. Después, puede resultar muy caro para el Gobierno…”.
Auge y caída de la protesta social
Las manifestaciones populares pusieron contra la pared a varios gobiernos en la historia reciente de Costa Rica, pero en años recientes se fueron debilitando. La reciente marcha por la defensa del presupuesto de las universidades públicas podría representar una recuperación de ese factor de presión.
Durante el gobierno de Rafael Ángel Calderón (1990-1994), las protestas contra los recortes presupuestarios, encabezadas por las universidades públicas, agitaron los primeros meses y provocaron la salida del ministro de Hacienda Thelmo Vargas.
Las protestas también marcaron a José María Figueres (1994-1998) por las reformas al sistema de pensiones del magisterio nacional y reclamos contra alzas de impuestos.
Sin embargo, el clímax se alcanzó con el combo ICE, con Miguel Ángel Rodríguez: la reforma legal en la Asamblea Legislativa generó desde el 20 de marzo del 2020 más de 250 protestas en las calles. Sindicatos, universidades y un sector de la Iglesia se sumaron a las protestas, que obligaron al gobierno a abrir un diálogo.
Posteriormente, con Óscar Arias (2006-2010) también se presentaron protestas por el Tratado de Libre Comercio (TLC), que fueron zanjadas con el referendo del 2007.
Pero fue durante la gestión de Carlos Alvarado (2018-2020) que se presentaron fuertes cambios: primero, una huelga de 93 días no logró evitar que se concretara una reforma fiscal. Luego, la llegada de la pandemia del coronavirus a fines del 2019 se convirtió en un factor desmovilizador y, desde el 2020, avanzaron reformas como la Ley para sobre las huelgas, calificada por los grupos sindicales como “antihuelgas” y la Ley Marco de Empleo Público.
Esta marcha por el presupuesto universitario fue el primer desafío de la gestión de Rodrigo Chaves en la materia. Sus ecos apenas empiezan a retumbar.
