El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla pidió a la Inspección Judicial que investigue si la Fiscalía General “pudo haber inducido a error” a la Sala de Casación Penal o Sala Tercera tras desestimarse la investigación sobre la relación de los diputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales, con el empresario del cemento Juan Carlos Bolaños.
Tal y como lo dio a conocer UNIVERSIDAD este miércoles (Ver Fiscalía ocultó pruebas que implicaban a diputados en ‘cementazo’) la a Fiscalía ocultó las pruebas enviadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que demostraban una relación entre los diputados Otto Guevera Guth, Víctor Morales Zapata y el empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños; además del asesor legislativo y exdiputado, Walter Céspedes.
El presidente de la Corte, realizó la solicitud de investigación el pasado 2 de octubre, luego de recibir el informe del Director del OIJ mediante el oficio número 876-OPO/UAC/ART-2015.
Debido a esto, el Poder Judicial dio a conocer durante la mañana, la decisión de Chinchilla donde solicitaba la separación del Fiscal General Fiscal General, Jorge Chavarría y la Fiscala Subrogante Berenice Smith. La cual se interpretó como una “separación del cargo”. Sin embargo, recientemente se ha divulgado una declaración en la que se aclara que la separación de ambos fiscal y fiscala, es una separación del conocimiento de los casos propios que tiene que ver con el cemento chino y no una separación del cargo.
“La medida se da para evitar algún tipo de malinterpretación y que podría verse como una obstrucción. No queremos que sea de esa forma”, aclaró Chinchilla.
La desestimación fue firmada el 30 de enero de este año por Smith, quien suplía al Fiscal Chavarría durante tres días, mientras este se encontraba en República Dominicana. La solicitud se presentó en la Sala Tercera el 14 de febrero de este año, cuando ya Chavarría estaba de regreso en Costa Rica.
Smith pidió la desestimación a pesar de que la Fiscalía contaba con un informe elaborado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 14 de setiembre del 2015, a solicitud del fiscal general, en el que se documentaban cientos de contactos telefónicos entre los legisladores denunciados y el empresario Juan Carlos Bolaños.
